Emigrar y explicarse: pérdida, identidad y justificación moral

Emigrar no consiste solamente en cambiar de país. Quien atraviesa una frontera para comenzar otra vida transporta consigo una biografía, una profesión, afectos, reconocimientos, frustraciones, recuerdos y también una determinada explicación de quién ha sido hasta ese momento. Algunas cosas caben en una maleta; otras tendrán que ser reconstruidas durante años. Por eso la emigración no exige únicamente aprender nuevos códigos sociales, dominar otro idioma o encontrar trabajo. Obliga también a responder, una y otra vez, una pregunta mucho más íntima: ¿por qué estoy aquí y qué significa todo aquello que dejé atrás?

Esta cuestión adquiere especial interés a la luz de Insufficient Rewards: How We Traded Integrity for Comfort and Outsourced Morality to History, publicado en 2026 por Jay Shapiro. Shapiro no es el creador de una nueva teoría psicológica experimental, sino un escritor y documentalista que reelabora problemas clásicos de la psicología moral, particularmente la manera en que los seres humanos justificamos comportamientos que entran en contradicción con la imagen que tenemos de nosotros mismos. Su propuesta parte de una pregunta incómoda: ¿cómo conseguimos seguir considerándonos personas moralmente coherentes cuando nuestras decisiones producen consecuencias que preferiríamos no reconocer?

El fundamento psicológico de esa pregunta se encuentra décadas atrás en Leon Festinger y su teoría de la disonancia cognitiva. En el conocido experimento realizado con James Carlsmith en 1959, algunos participantes recibieron veinte dólares y otros solamente uno por decirle a otra persona que una tarea deliberadamente tediosa había sido interesante. Contra lo que intuitivamente cabría esperar, quienes recibieron solo un dólar terminaron valorando la experiencia de manera más positiva. Los veinte dólares constituían una explicación externa suficiente para haber mentido; un dólar, en cambio, dejaba abierta la incómoda pregunta de por qué se había dicho algo contrario a lo experimentado. Una manera de disminuir esa contradicción era modificar la propia interpretación: quizá la tarea no había sido tan aburrida después de todo.

No significa que vivamos mintiéndonos conscientemente. La cuestión es precisamente más compleja. Necesitamos construir relatos que permitan que nuestras decisiones pasadas, nuestra identidad presente y nuestros valores puedan convivir sin desgarrarnos continuamente. En esa reconstrucción retrospectiva unas veces somos rigurosos con nosotros mismos y otras seleccionamos, exageramos, minimizamos o reinterpretamos elementos hasta conseguir una historia en la que volvemos a sentirnos coherentes.

La emigración constituye un terreno particularmente fértil para este proceso porque siempre contiene alguna forma de pérdida, incluso cuando ha sido deseada, voluntaria y exitosa. Puede perderse la convivencia cotidiana con padres, hermanos o amigos; la familiaridad del barrio; el idioma como espacio de espontaneidad; el reconocimiento profesional; una posición social construida durante décadas. Un ingeniero puede descubrir que su título requiere nuevas acreditaciones; una profesora puede trabajar inicialmente en una actividad ajena a su formación; un artista conocido puede encontrarse en una sociedad donde casi nadie sabe quién es. La literatura sobre migrantes cualificados denomina occupational downgrading a esa pérdida de posición entre el trabajo desarrollado en el país de origen y el que se consigue inicialmente en el país receptor. No es únicamente un problema salarial: puede afectar directamente al sentido de identidad y valor personal y obliga a producir nuevas narrativas con las que interpretar la experiencia.

Pero de aquí no se desprende que todo emigrante frustrado termine resentido, ni siquiera que la frustración sea la razón principal por la que alguien emigra. Este es precisamente uno de los errores que conviene evitar. Las personas emigran porque buscan oportunidades profesionales, porque encuentran pareja en otro país, porque quieren reunirse con sus hijos, porque desean conocer el mundo, porque rechazan determinadas condiciones políticas, porque necesitan mayores ingresos o porque una combinación difícil de separar de razones afectivas, económicas y personales las lleva a hacerlo. También se emigra sin considerar fracasada la vida anterior.

Lo decisivo viene después: cómo se integra la pérdida dentro de la nueva biografía.

Una persona puede asumir que la emigración fue una elección en la que coexistieron ganancias y renuncias. Puede reconocer que existen cosas que mejoraron, otras que empeoraron y otras cuyo resultado todavía desconoce. Esta interpretación exige tolerar la ambivalencia: ninguna decisión humana importante garantiza que todo lo que venga después será superior a todo lo que quedó atrás.

Otra posibilidad consiste en necesitar que la salida quede retrospectivamente demostrada como inevitable. En ese caso, aceptar que algo funcionaba bien en el país abandonado, que existieron alternativas o que determinadas expectativas sobre la nueva vida no se cumplieron puede percibirse, consciente o inconscientemente, como una amenaza a la decisión original. Ya no se discute únicamente sobre un país; se protege la coherencia de una biografía.

En este punto aparece un segundo concepto útil, desarrollado por Albert Bandura: la desconexión moral. Bandura estudió las estrategias cognitivas mediante las cuales una persona puede suspender las sanciones morales que normalmente le impedirían aceptar un daño. Entre ellas están justificar una conducta en nombre de un propósito superior, desplazar o difundir la responsabilidad, minimizar las consecuencias, atribuir la culpa a quien sufre el daño o reconstruir moralmente una acción perjudicial como algo necesario.

Estos mecanismos son universales. No pertenecen a una ideología, una nacionalidad ni una clase social. Precisamente por eso resultan útiles para analizar la experiencia migratoria sin convertir al emigrante en una categoría psicológica homogénea.

Quien sufre una pérdida puede transformarla en empatía: sé cuánto cuesta comenzar de nuevo y, por eso, comprendo mejor a otros que atraviesan lo mismo. Pero también puede elaborar el sufrimiento mediante una búsqueda creciente de culpables: si mi vida no salió como esperaba, alguien debe haberme impedido ocupar el lugar que merecía. El país abandonado puede convertirse entonces en explicación total del pasado; el país de acogida, en explicación total del presente. A veces incluso ambos relatos coexisten.

Aquí interviene también la comunidad. El emigrante pierde parte de las redes que confirmaban cotidianamente su identidad y necesita construir otras. Encontrar personas que han atravesado experiencias semejantes puede constituir una fuente extraordinaria de solidaridad. Pero una comunidad puede organizarse igualmente alrededor de un agravio compartido. Cuando el grupo no solo escucha el sufrimiento sino que ofrece una explicación única de él, identidad y resentimiento pueden comenzar a reforzarse mutuamente. El “a mí también me sucedió” puede transformarse gradualmente en “sabemos quién tiene la culpa de todo lo que nos ocurrió”.

La persona obtiene entonces algo que quizá había perdido: pertenencia, reconocimiento y una explicación coherente de su propia trayectoria. Abandonar posteriormente esa explicación se vuelve más difícil, porque supondría no solo revisar una opinión, sino quizá distanciarse de la comunidad que permitió reconstruir una identidad.

La experiencia cubana ofrece un caso particularmente complejo para estudiar estos procesos. Cuba ha socializado durante décadas a sus ciudadanos en un modelo donde el Estado asume una responsabilidad extraordinariamente amplia respecto de educación, salud, empleo, seguridad social y otras dimensiones de la existencia. La investigación comparativa sobre sociedades comunistas y poscomunistas ha encontrado que una exposición prolongada a estos sistemas deja huellas persistentes en las expectativas acerca de la responsabilidad estatal. Estudios sobre Europa oriental, incluida la experiencia comparada de Alemania oriental y occidental, han observado que quienes vivieron durante más tiempo bajo sistemas socialistas mantuvieron durante años mayores expectativas de intervención y protección pública, aunque estas preferencias evolucionan con el tiempo.

Esto no significa que una sociedad socialista produzca ciudadanos incapaces de asumir responsabilidad personal, como tampoco una sociedad capitalista produce individuos plenamente responsables de todos sus éxitos y fracasos. Ambos modelos pueden generar sus propias simplificaciones. En uno puede sobredimensionarse la responsabilidad de las estructuras; en el otro, la ideología meritocrática puede atribuir al individuo resultados que también dependen de clase social, oportunidades, redes, instituciones y azar.

Pero para un cubano la emigración puede significar un choque especialmente fuerte entre modelos de responsabilidad. Una persona acostumbrada a que profesión, formación y posición laboral mantengan determinada relación institucional puede llegar a una economía donde su título no garantiza reconocimiento, donde debe competir con nuevas reglas y donde una trayectoria prestigiosa en La Habana, Santiago de Cuba o Santa Clara apenas tiene significado para un empleador que desconoce ese pasado.

Un actor reconocido puede convertirse de repente en otro aspirante a un papel. Un deportista puede descubrir que debe reconstruir relaciones y contratos. Un médico o un ingeniero pueden enfrentarse a procesos de homologación. El capital simbólico acumulado durante años no siempre atraviesa las fronteras junto con su propietario.

Pero tampoco podemos deducir de ello que estos profesionales emigraron porque hubieran fracasado en Cuba. Puede ocurrir exactamente lo contrario. Alguien puede haber tenido éxito y marcharse precisamente porque busca ampliar las posibilidades de ese éxito. Un artista puede aspirar a trabajar en mercados audiovisuales mayores; un deportista puede querer acceder a equipos y circuitos de otra dimensión; un científico puede buscar determinadas infraestructuras; otro puede sencillamente haber encontrado el amor fuera de la isla.

En el caso cubano existe además una variable internacional imposible de excluir del análisis: el prolongado régimen estadounidense de sanciones. En 2026 Estados Unidos mantuvo las regulaciones anteriores y añadió un nuevo programa que permite sancionar a determinadas personas y entidades extranjeras por actividades relacionadas con sectores cubanos como energía, finanzas, minería, defensa y seguridad. La propia OFAC advierte explícitamente de riesgos para personas extranjeras e instituciones financieras que realicen ciertas operaciones relacionadas con Cuba.

Las consecuencias de ese entorno no pueden explicarse exclusivamente mediante consignas. Naciones Unidas informó en mayo de 2026 de que importantes líneas marítimas habían suspendido temporalmente servicios hacia Cuba para asegurar el cumplimiento del marco sancionador, mientras el Programa Mundial de Alimentos asistía a unas 900.000 personas. En otro informe del mismo mes, Naciones Unidas relacionaba la profundización de la crisis energética con la nueva orden ejecutiva estadounidense y otras sanciones, señalando afectaciones a servicios de salud, distribución de alimentos, abastecimiento de agua y otras actividades esenciales.

Reconocer estos efectos no obliga a atribuir todos los problemas cubanos al bloqueo ni elimina la responsabilidad de las políticas internas. Tampoco impide examinar críticamente la eficiencia económica, las restricciones institucionales, las decisiones gubernamentales o los problemas de derechos y libertades. Del mismo modo, quienes defienden las sanciones argumentan que estas buscan modificar conductas del Gobierno cubano relacionadas con derechos humanos, seguridad y política exterior; esa es parte de la justificación declarada por Washington para las medidas adoptadas en 2026. La cuestión que interesa aquí es distinta: qué ocurre psicológicamente cuando una persona que afirma preocuparse por los cubanos respalda medidas cuyas consecuencias alcanzan también a la población.

Ahí reaparece Shapiro.

Cuando nuestras decisiones generan efectos difíciles de conciliar con nuestra identidad moral, necesitamos explicarlos. Podemos preguntarnos si la política sigue siendo proporcional, eficaz o justificable, pero también podemos minimizar el daño, desplazar completamente la responsabilidad o convertir el sufrimiento en un sacrificio inevitable para alcanzar un objetivo superior. Son precisamente algunos de los mecanismos que Bandura describía como desconexión moral.

El fenómeno resulta aún más interesante cuando una posición necesita modificar continuamente la razón por la cual nada de lo que ocurra puede alterar la conclusión inicial. Si una economía demasiado estatal constituye el problema, pero una apertura al mercado también se convierte automáticamente en prueba de fracaso porque genera desigualdad; si la falta de reformas demuestra inmovilismo, pero una reforma se interpreta necesariamente como engaño; si cada acontecimiento posible confirma la misma conclusión, entonces ya no estamos únicamente ante una crítica concreta. La posición corre el riesgo de volverse infalsable.

Esto no significa que una misma persona no pueda criticar legítimamente tanto una excesiva centralización como los efectos sociales negativos de determinadas reformas de mercado. Puede hacerlo con argumentos perfectamente coherentes. El problema comienza cuando no existe ningún acontecimiento imaginable capaz de modificar la conclusión. Entonces debemos preguntarnos si estamos analizando la realidad o protegiendo una identidad.

Algo semejante puede ocurrir en la dirección contraria. Quien permaneció durante décadas comprometido con la Revolución puede también experimentar dificultades para reconocer determinados fracasos porque hacerlo amenaza el sentido de sus propios sacrificios. Un militante puede racionalizar errores gubernamentales del mismo modo que un opositor puede racionalizar consecuencias perjudiciales de una política de sanciones. El mecanismo psicológico no pregunta primero qué ideología defendemos; intenta conservar una imagen coherente de nosotros mismos.

Esta simetría es fundamental. De otro modo, utilizaríamos la teoría de la autojustificación únicamente para explicar por qué nuestros adversarios están equivocados, convirtiendo el propio análisis en otro mecanismo de autojustificación.

También resulta necesario distinguir entre el motivo original de una emigración y el relato construido años después sobre aquella decisión. La memoria autobiográfica no es una grabación intacta. Reinterpretamos nuestra historia desde el presente. Quien emigró por amor puede incorporar posteriormente razones profesionales; quien salió buscando oportunidades económicas puede politizar con el tiempo su explicación; quien partió por un conflicto político puede dejar años después de organizar toda su identidad alrededor de él.

Por eso la secuencia interesante no es simplemente “por qué se fue”, sino motivo de salida, experiencia migratoria y reinterpretación posterior.

En ese proceso algunos emigrantes encuentran una manera de reconciliarse con su propia complejidad. Pueden decir que hubo cosas valiosas y cosas dolorosas en el país de origen, que la nueva sociedad les ofreció posibilidades y también dificultades, que algunas decisiones fueron propias y otras estuvieron condicionadas por estructuras que no controlaban. Esta narrativa quizá sea menos espectacular, pero permite recuperar la agencia personal sin negar las circunstancias.

Otros pueden necesitar un relato más absoluto. Si marcharse debe haber sido inevitable, el país abandonado debe ser reconstruido como un lugar donde permanecer era imposible. Si la nueva vida no produjo el resultado esperado, alguien debe explicar ese fracaso. Si determinadas posiciones políticas han sido sostenidas durante años, cualquier información que las contradiga puede sentirse como una amenaza no solo intelectual, sino biográfica.

El paso peligroso aparece cuando el sufrimiento propio empieza a conceder permiso para aceptar el sufrimiento ajeno.

Haber perdido familia, posición, oportunidades o reconocimiento puede despertar solidaridad: precisamente porque conozco el dolor, no quiero infligirlo a otros. Pero también puede convertirse en una justificación inversa: yo sufrí, por tanto otros tendrán que soportar el precio necesario para que aquello que considero culpable desaparezca.

En ese momento la pregunta deja de ser exclusivamente cubana.

Es una pregunta humana.

Todos elaboramos narrativas para poder vivir con nuestras decisiones. El emigrante quizá lo perciba con mayor intensidad porque las fronteras dividen también su propia biografía en un antes y un después. El desafío consiste en conseguir que esa narración explique nuestra vida sin falsificarla; que reconozca condicionamientos sin borrar nuestra responsabilidad y errores propios sin convertirlos en condena permanente.

Tal vez la prueba más sencilla sea preguntarnos qué evidencia podría hacernos modificar una convicción profundamente arraigada. Si podemos responder, nuestra idea todavía mantiene una relación con la realidad. Si ninguna transformación, ningún dato y ninguna experiencia serían capaces de alterar nuestra conclusión, quizás ya no estemos defendiendo solamente una interpretación del mundo.

Quizás estemos defendiendo la historia que necesitamos contarnos para poder seguir viviendo en paz con nosotros mismos.

Y tal vez ahí se encuentre también una de las formas más exigentes de libertad: no solamente poder abandonar un país o permanecer en él, defender un sistema o cuestionarlo, sino ser capaces de mirar nuestra propia biografía sin necesitar que otros carguen eternamente con la culpa de todo aquello que perdimos.

Antes de la urna: el malestar no vive solo en el bolsillo

Este texto dialoga con una reflexión anterior, Ya no necesitan robarte el voto: de las urnas a las conciencias. Allí quedó planteada una pregunta que merece detenerse mucho más: aun aceptando la enorme capacidad contemporánea para influir sobre percepciones y emociones, ¿por qué determinados mensajes encuentran terreno fértil mientras otros fracasan? ¿Por qué el miedo al extranjero, la nostalgia nacionalista, el rechazo a las minorías o la demanda de soluciones autoritarias pueden arraigar incluso en sociedades relativamente prósperas o después de gobiernos que han reducido la pobreza, ampliado derechos y fortalecido instituciones democráticas?

Responder simplemente que todo se debe a la precariedad sería insuficiente. Las condiciones materiales importan, por supuesto. El desempleo, la inseguridad laboral, el encarecimiento de la vivienda, el deterioro de determinados servicios públicos o la desigualdad pueden crear frustración y erosionar la confianza en las instituciones. Sin embargo, de ninguna de esas condiciones se desprende automáticamente que una persona deba convertirse en xenófoba, respaldar una fuerza autoritaria o considerar al inmigrante responsable de sus dificultades. Entre experimentar un problema y decidir políticamente qué significa, quién lo causó y contra quién debemos reaccionar existe un espacio inmenso. Ese espacio es precisamente el territorio de la cultura, la identidad, la memoria, los medios de comunicación y la lucha política.

Esto permite comprender por qué gobiernos que han disminuido la pobreza, ampliado derechos o mejorado instituciones democráticas pueden posteriormente perder elecciones. Si el comportamiento electoral fuera una simple operación contable, bastaría demostrar que determinado gobierno mejoró los indicadores sociales para garantizar su continuidad. Pero las personas no votan únicamente según la evolución de sus ingresos. Votan también desde sus expectativas, sus temores, su identidad, su percepción del futuro y el lugar que creen ocupar dentro de la sociedad.

No solamente importa lo que tenemos, sino el lugar que creemos ocupar

Noam Gidron y Peter Hall propusieron hace algunos años una vía especialmente interesante para superar la tradicional disputa entre explicaciones económicas y culturales del populismo de derecha: estudiar la percepción del estatus social. A partir de datos comparativos de distintas democracias desarrolladas encontraron una relación importante entre la sensación de ocupar posiciones sociales inferiores y el apoyo a partidos populistas de derecha. Su argumento no consiste en negar la economía ni en sustituirla simplemente por la cultura, sino en observar cómo ambas dimensiones pueden combinarse hasta producir la impresión de que una persona o un grupo está perdiendo reconocimiento, prestigio o posición dentro de la sociedad.

Esta distinción resulta fundamental. Una persona puede conservar un salario relativamente estable y, sin embargo, experimentar una sensación de descenso. Puede vivir materialmente mejor que sus padres y sentir al mismo tiempo que posee menos capacidad para decidir hacia dónde va su país. Incluso puede ocurrir que nadie le haya arrebatado derechos y que, pese a ello, perciba que el grupo cultural al cual pertenece ya no ocupa el lugar central que anteriormente consideraba natural.

La politóloga Diana Mutz encontró una dinámica semejante al estudiar los desplazamientos electorales ocurridos en Estados Unidos en 2016. En su investigación, el deterioro económico personal explicaba relativamente poco de los cambios observados, mientras adquirían mayor importancia las percepciones de amenaza al estatus social. Naturalmente, no podemos trasladar mecánicamente conclusiones estadounidenses a Alemania o al resto de Europa, pero el hallazgo ilumina una cuestión más general: el miedo político no surge solamente de lo que hemos perdido, sino también de aquello que tememos dejar de representar.

Aquí aparece una diferencia decisiva entre necesidad y resentimiento. La necesidad puede ser material; el resentimiento requiere además una interpretación. Para que una frustración se transforme en fuerza política necesita un relato que explique quién nos perjudicó, quién se benefició, quién pertenece a nuestro grupo y quién debe cargar con la responsabilidad.

Cuando el progreso también provoca reacción

Existe otra paradoja que debemos considerar. Una sociedad puede hacerse más democrática e inclusiva y, precisamente como consecuencia de esas transformaciones, provocar reacciones entre quienes experimentan el cambio como una pérdida.

Durante las últimas décadas, muchas sociedades occidentales han modificado profundamente sus normas culturales. Las mujeres han conquistado espacios sociales y laborales que durante generaciones estuvieron fundamentalmente reservados a los hombres; homosexuales y otras minorías han obtenido reconocimiento y derechos; las ciudades se han hecho cultural y religiosamente más diversas y determinadas formas familiares o identidades antes marginadas han pasado a formar parte visible de la normalidad social.

Pippa Norris y Ronald Inglehart popularizaron la idea de cultural backlash, o reacción cultural, para describir cómo el avance de valores más pluralistas puede producir una contraofensiva de sectores que perciben que el mundo conocido está desapareciendo. Según su planteamiento, los cambios generacionales y culturales hacia sociedades más abiertas pueden generar resistencia entre quienes se identifican con concepciones tradicionales de autoridad, identidad y comunidad.

La hipótesis resulta sugerente, aunque tampoco debe convertirse en explicación universal. Investigadores como Armin Schäfer han cuestionado algunos de sus fundamentos empíricos, especialmente la idea de que el fenómeno pueda explicarse principalmente mediante una división generacional entre sectores mayores y conservadores frente a generaciones jóvenes y liberales. Estas críticas son importantes porque recuerdan que no debemos sustituir un determinismo económico por otro cultural. Lo que aparece ante nosotros es precisamente una combinación cambiante de condiciones materiales, percepciones de estatus, transformaciones culturales y construcción política.

Sin embargo, permanece una intuición relevante: el progreso de unos puede ser experimentado subjetivamente por otros como pérdida, aunque nadie les haya arrebatado derechos. Cuando una minoría obtiene igualdad jurídica, quien estaba acostumbrado a ocupar una posición culturalmente dominante puede interpretar esa igualdad como desplazamiento. Cuando otras voces comienzan a escucharse en el espacio público, algunos perciben que la propia está siendo silenciada. Cuando la sociedad se vuelve más diversa, quien identificaba espontáneamente nación, cultura y origen puede sentir que el país que conocía comienza a desaparecer.

No necesariamente ha perdido patrimonio. Lo que puede sentir que ha perdido es exclusividad, centralidad o reconocimiento. Y políticamente esa diferencia importa mucho.

El inmigrante como símbolo de algo mucho mayor

Por eso la inmigración adquiere una fuerza política que no puede medirse simplemente contando extranjeros.

El inmigrante puede terminar representando simultáneamente la globalización, el cambio cultural, la pérdida de control de las fronteras, la presencia de otras religiones, la transformación de los barrios, la incertidumbre respecto al futuro o la sensación de que el país se está convirtiendo en algo diferente de aquello que conocíamos. De esa manera deja de ser solamente una persona que llegó desde otro lugar y se transforma en símbolo de una transformación histórica mucho mayor.

Esta dimensión resulta especialmente significativa en Alemania. Investigaciones recientes basadas en datos del German Socio-Economic Panel han encontrado que la preocupación por la inmigración tiene una capacidad explicativa del apoyo a la AfD considerablemente mayor que muchas variables de privación socioeconómica. El dato no demuestra que la inmigración explique por sí sola el fenómeno, y mucho menos que las preocupaciones existentes sean necesariamente objetivas o injustificadas. Obliga, más bien, a plantearnos otra pregunta: ¿cómo se construye esa preocupación y por qué alcanza semejante centralidad?

Porque preocuparse por algo no nos dice todavía de dónde procede esa preocupación. Puede originarse en experiencias directas, pero también en acontecimientos excepcionales convertidos en norma, en la repetición de determinados contenidos, en campañas políticas o en la selección constante de aquello que los medios y las plataformas deciden colocar delante de nuestros ojos.

La percepción también tiene historia. Y alguien participa siempre en su construcción.

La gran batalla no consiste solamente en mentir

Aquí la reflexión vuelve a conectarse directamente con el problema de las redes sociales.

Cuando hablamos de manipulación digital solemos imaginar noticias completamente inventadas, fotografías falsas, vídeos manipulados o ejércitos de bots repitiendo una mentira. Todo eso existe, pero quizá la influencia política más eficaz sea considerablemente más sencilla: conseguir que una sociedad piense permanentemente en determinados problemas mientras otros desaparecen de su horizonte.

Una noticia puede ser completamente verdadera y, sin embargo, formar parte de una construcción engañosa de la realidad si es seleccionada, repetida y amplificada hasta presentarse como expresión de una norma general. Si durante meses recibimos continuamente noticias sobre delitos cometidos por inmigrantes, nuestra percepción de la inseguridad puede transformarse aunque la evolución general de la criminalidad no confirme semejante imagen. No fue necesario falsificar ningún acontecimiento. Bastó decidir qué acontecimientos merecían convertirse en representación permanente de la sociedad.

Al mismo tiempo pueden desaparecer de la conversación pública otras preguntas: quién posee las viviendas cuyo alquiler aumenta, qué ocurre con la distribución de la productividad, cómo se concentran determinadas riquezas, quién se beneficia de algunas privatizaciones o qué capacidad poseen grandes corporaciones para condicionar decisiones de gobiernos formalmente soberanos.

La agenda política nunca es neutral. Conseguir que una sociedad discuta obsesivamente sobre una cuestión significa también conseguir que dedique menos atención a otras.

Antonio Gramsci comprendió hace mucho tiempo que la dominación moderna no podía explicarse únicamente mediante la coerción. También necesitaba hegemonía: conseguir que determinada interpretación del mundo acabara pareciendo natural, evidente y espontánea. Las tecnologías contemporáneas no inventaron ese mecanismo, pero le proporcionaron una velocidad, una capacidad de segmentación y una escala que difícilmente podían imaginarse hace un siglo.

Cuando el adversario se convierte en enemigo

Otro elemento fundamental es la transformación emocional de la política.

En cualquier democracia existen adversarios. Podemos considerar equivocada determinada política migratoria y discutir con quien la defiende; podemos rechazar una reforma económica o cuestionar una posición sobre una guerra sin dejar de reconocer al otro como integrante legítimo de la misma comunidad política.

La polarización afectiva comienza a destruir esa frontera. Ya no se rechazan solamente las ideas del adversario, sino al adversario mismo. El desacuerdo deja de ser una diferencia que debe negociarse y comienza a percibirse como una amenaza existencial.

Las investigaciones comparativas sobre la derecha radical europea muestran precisamente esa capacidad para combinar dos divisiones especialmente poderosas. Existe una división vertical entre “el pueblo” y “las élites”, y otra horizontal entre quienes supuestamente pertenecen verdaderamente a la nación y quienes son considerados externos a ella.

Así puede construirse un relato extremadamente eficaz. Hacia arriba encontramos a los políticos tradicionales, las instituciones supranacionales, determinados medios o intelectuales; hacia fuera aparecen el inmigrante, el refugiado o la minoría presentada como beneficiaria injusta de aquello que el ciudadano siente haber perdido.

Ambas dimensiones pueden condensarse en una idea muy sencilla: las élites te han abandonado para favorecer a otros.

Una explicación semejante posee enorme fuerza emocional porque convierte fenómenos extremadamente complejos en una historia fácilmente comprensible de víctimas, culpables y traición.

Cuando el conflicto de clase cambia de dirección

Desde una perspectiva de clase, este desplazamiento merece particular atención.

El trabajador nacional y el trabajador inmigrante pueden competir realmente en determinados ámbitos laborales; negarlo tampoco ayudaría a comprender el problema. Pero también comparten intereses fundamentales: mejores salarios, alquileres accesibles, seguridad laboral, servicios públicos eficientes y protección frente a formas abusivas de explotación.

La política de la identidad excluyente consigue muchas veces desplazar el conflicto. En lugar de preguntarnos por qué ambos trabajadores reciben salarios insuficientes, comenzamos a discutir cuál de ellos merece más el empleo. En lugar de preguntarnos por qué faltan viviendas, debatimos qué grupo debería tener prioridad para ocupar las pocas disponibles. La escasez deja de ser interrogada en sus causas y comienza a administrarse como una competencia entre quienes la padecen.

El conflicto que podía ser vertical se vuelve horizontal.

Eso no significa que cada dirigente de extrema derecha actúe conscientemente como instrumento de una clase económica determinada. La realidad política es demasiado compleja para semejante simplificación. Significa, más modestamente, que determinadas formas de nacionalismo pueden canalizar hacia conflictos identitarios frustraciones que en otras circunstancias podrían dirigirse hacia las estructuras económicas que producen desigualdad.

Y cuanto más tiempo dedican los sectores populares a enfrentarse entre ellos, menos interrogadas quedan esas estructuras.

¿Por qué puede perder quien gobernó bien?

Esta perspectiva ayuda también a comprender algo que suele desconcertar a las fuerzas progresistas: un gobierno puede reducir la pobreza, ampliar derechos, fortalecer instituciones y posteriormente perder las elecciones.

Las conquistas sociales poseen una paradoja. Cuando tienen éxito, dejan progresivamente de percibirse como conquistas y pasan a formar parte de la normalidad. Lo que una generación recibió como transformación histórica puede constituir para la siguiente el punto de partida desde el cual formula nuevas demandas.

Las expectativas crecen junto con los logros.

Además, mejorar económicamente tampoco fija para siempre una identidad política. Una familia que asciende socialmente puede comenzar a preocuparse por cuestiones diferentes de aquellas que dominaban cuando se encontraba en una situación más precaria. Propiedad, seguridad, impuestos, conservación de lo alcanzado o reconocimiento social pueden adquirir entonces mayor importancia.

Ningún proyecto político puede considerar a quienes alguna vez se beneficiaron de sus políticas como propiedad electoral permanente. La democracia no funciona mediante gratitud hereditaria.

Quien posee un relato puede derrotar a quien solamente posee estadísticas

Existe además una debilidad que las fuerzas progresistas deberían examinar con mucha seriedad: se puede gobernar razonablemente bien y, sin embargo, perder la batalla por explicar qué está ocurriendo.

Los seres humanos no vivimos únicamente de estadísticas. Necesitamos relatos capaces de proporcionarnos pertenencia, memoria, dirección y esperanza. Necesitamos comprender de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde creemos avanzar.

La extrema derecha ha sido particularmente hábil en construir relatos sencillos: hubo un pasado mejor, éramos respetados, nuestro país nos pertenecía, las élites traicionaron aquel orden, otros llegaron y recibieron aquello que nos correspondía, y nosotros devolveremos las cosas a su lugar.

No importa demasiado que aquella edad dorada nunca haya existido exactamente como se recuerda. La nostalgia política no necesita fidelidad histórica; necesita eficacia emocional.

Frente a eso, una fuerza progresista no puede responder solamente mostrando cifras de crecimiento económico o reducción estadística de la pobreza. Si no existe una narración democrática capaz de explicar quiénes somos juntos, por qué una sociedad plural puede seguir siendo comunidad y qué futuro compartido estamos construyendo, alguien llenará ese vacío.

La política también es una disputa por el significado.

Cuando copiar a la extrema derecha termina legitimándola

Existe finalmente otro fenómeno que merece atención. Ante el crecimiento de fuerzas radicales, los partidos tradicionales pueden sentirse tentados a adoptar parte de su lenguaje con la esperanza de recuperar votantes.

El razonamiento parece sencillo: si una parte del electorado está preocupada por la inmigración, endurezcamos nuestro discurso sobre inmigración; si la extrema derecha habla permanentemente de inseguridad, hagamos de la inseguridad también nuestro tema central.

Pero existe un riesgo evidente. Si prácticamente todo el sistema político comienza a aceptar que la inmigración constituye el principal problema de la sociedad, termina legitimando precisamente el marco interpretativo que la extrema derecha consiguió imponer.

Los estudios sobre mainstreaming y normalización de la derecha radical han mostrado la importancia que poseen los partidos tradicionales para decidir qué ideas dejan de considerarse marginales y pasan a formar parte legítima del centro del debate. Una fuerza extremista puede incluso perder determinadas elecciones y, al mismo tiempo, ganar una batalla más profunda si consigue que sus adversarios comiencen a discutir utilizando sus categorías.

Eso también es poder político.

La democracia necesita justicia social, pero necesita algo más

Todo esto obliga a revisar una idea todavía muy extendida dentro del pensamiento progresista: que la extrema derecha desaparecerá cuando desaparezca la precariedad.

La justicia social sigue siendo imprescindible. Una sociedad profundamente desigual, donde millones de personas sienten que trabajan sin avanzar o que sus hijos vivirán peor, será siempre vulnerable a proyectos políticos basados en el resentimiento.

Pero mejorar las condiciones materiales no basta.

Una democracia necesita también pertenencia, confianza en las instituciones y ciudadanos capaces de convivir con el desacuerdo. Necesita una idea de nación suficientemente fuerte para proporcionar identidad y suficientemente abierta para no necesitar enemigos interiores. Necesita espacios donde pueda discutirse la inmigración sin xenofobia, la seguridad sin autoritarismo y la identidad nacional sin supremacismo. Y necesita un proyecto de futuro emocionalmente tan poderoso como las nostalgias ofrecidas por quienes prometen regresar a un pasado idealizado.

Las fuerzas democráticas pueden cometer un grave error cuando responden al crecimiento de la extrema derecha exclusivamente desde una posición de superioridad moral. Decirle a una persona que sus temores son absurdos rara vez elimina esos temores. Llamarla ignorante, retrógrada o fascista puede incluso reforzar su identificación con quienes aseguran que existe una élite política y cultural que la desprecia.

Escuchar una preocupación no significa aceptar la explicación construida alrededor de ella. Precisamente ahí comienza la verdadera confrontación política.

Antes de la urna

Podemos entonces volver al punto de encuentro con aquella reflexión anterior.

No siempre necesitan robarte el voto, pero tampoco puede explicarse cada desplazamiento hacia la extrema derecha diciendo simplemente que las personas viven peor. La operación política es mucho más compleja. Primero debe construirse determinada interpretación del mundo: conseguir que algunas preocupaciones parezcan centrales y otras secundarias, que determinados grupos aparezcan continuamente vinculados al peligro, que ciertas palabras se normalicen, que la frustración encuentre un responsable reconocible y que la nostalgia termine pareciéndose a la memoria.

Después la urna puede permanecer perfectamente limpia.

El ciudadano decidirá por sí mismo, y esa decisión seguirá siendo suya. Respetarla forma parte de la democracia. Pero una sociedad democrática también tiene derecho a preguntarse cómo se construyeron las condiciones culturales, emocionales e informativas dentro de las cuales aquella decisión terminó pareciendo la respuesta más razonable.

Porque la gran disputa política ocurre mucho antes de las elecciones. Ocurre cuando una sociedad decide quién pertenece y quién sobra, qué teme y qué espera, quién merece solidaridad y quién comienza a convertirse en sospechoso. Ocurre cuando una dificultad económica recibe una explicación, cuando una transformación cultural encuentra un culpable y cuando millones de experiencias individuales empiezan a organizarse dentro de un mismo relato.

La precariedad puede proporcionar combustible, pero alguien tiene que señalar dónde encender el fuego.

Y quizás ahí se encuentre uno de los desafíos democráticos fundamentales de nuestro tiempo: comprender que proteger la libertad política no significa únicamente garantizar que nadie nos obligue a votar de determinada manera. Significa también construir una sociedad donde nuestros miedos no puedan transformarse con tanta facilidad en odio, donde nuestras diferencias no necesiten producir enemigos y donde el legítimo deseo de pertenecer no termine convirtiéndose en el poder de decidir quién tiene derecho a quedar fuera.

Ya no necesitan robarte el voto: de las urnas a las conciencias

Hubo un tiempo en que, para torcer la voluntad de un pueblo, había que comprar votos, hacer desaparecer urnas, proscribir candidatos o sacar los tanques a la calle. América Latina conoce demasiado bien esa historia. Gobiernos derribados, elecciones condicionadas, dirigentes perseguidos, parlamentos clausurados y dictaduras presentadas después como remedios necesarios frente al desorden, la amenaza comunista o la supuesta incapacidad de los pueblos para gobernarse a sí mismos.

Aquellos mecanismos no han desaparecido completamente. Los golpes de Estado siguen siendo posibles, el fraude electoral continúa existiendo y la violencia política tampoco pertenece únicamente a los libros de historia. Sin embargo, las sociedades contemporáneas han desarrollado formas mucho más sofisticadas de intervenir en la voluntad popular, con una ventaja considerable respecto a los métodos tradicionales: pueden operar dentro de las propias instituciones democráticas y conservar aparentemente intactos el Parlamento, los partidos, las campañas electorales y, finalmente, la urna. Ya no siempre hace falta robar el voto cuando es posible influir durante meses o años sobre la conciencia de quien terminará depositándolo.

La disputa política se ha desplazado así, en buena medida, desde el control directo de las instituciones hacia la lucha por la percepción de la realidad. Esto no significa que hayan desaparecido los viejos instrumentos. En las últimas décadas se ha hablado cada vez más de lawfare para describir la utilización política de procedimientos judiciales destinados a desgastar, desacreditar o neutralizar adversarios. Conviene, sin embargo, utilizar el término con cuidado. Que un dirigente político sea investigado, procesado o condenado no significa automáticamente que estemos ante una persecución política; una justicia independiente debe poder actuar contra cualquier gobernante. El problema aparece cuando el procedimiento judicial deja de tener como centro la determinación de responsabilidades jurídicas y se convierte deliberadamente en un arma para intervenir en la competencia política.

Pero incluso esa forma de confrontación pertenece todavía al mundo institucional conocido. La gran transformación de nuestro tiempo ocurrió en otro lugar, mucho más próximo e íntimo: en nuestros teléfonos. Las redes sociales han dejado de ser simples medios para intercambiar información y se han convertido en uno de los principales espacios donde millones de personas construyen diariamente su interpretación del mundo. Allí reciben noticias, encuentran explicaciones, identifican culpables, confirman prejuicios y forman una opinión acerca de asuntos que después decidirán electoralmente. Quien consigue intervenir de manera sistemática en ese proceso posee una capacidad política que hace apenas unas décadas habría requerido controlar periódicos, emisoras de radio y canales de televisión.

La propaganda tradicional aspiraba fundamentalmente a convencer. La propaganda digital ha descubierto que muchas veces resulta más efectivo provocar. El miedo, la indignación, el resentimiento, la sensación de abandono o la percepción de que el país está siendo arrebatado por otros pueden ser políticamente más movilizadores que cualquier programa detallado de gobierno. En ese terreno las propias características de las plataformas desempeñan un papel decisivo, porque sus algoritmos no fueron creados primordialmente para determinar qué información es verdadera o qué contenido contribuye a una deliberación racional, sino para mantener nuestra atención. Y pocas cosas retienen tanto la atención como aquello que enfurece, asusta o confirma lo que ya sospechábamos.

Esto no significa que detrás de cada contenido agresivo exista necesariamente una conspiración organizada. La arquitectura económica de las redes puede favorecer por sí misma determinados comportamientos. Un mensaje sereno y lleno de matices suele circular con mayor dificultad que una acusación escandalosa; una explicación compleja compite en desventaja frente a un vídeo de pocos segundos que señala claramente a un culpable. El problema se vuelve todavía mayor cuando actores políticos, económicos o extranjeros aprenden a utilizar conscientemente esas dinámicas y las combinan con cuentas automatizadas, perfiles falsos, campañas coordinadas y sistemas de producción masiva de contenidos.

Una cuenta falsa puede tener escasa importancia, pero miles de cuentas actuando coordinadamente pueden fabricar la apariencia de una opinión social espontánea. Pueden repetir una acusación hasta convertirla en familiar, amplificar determinados acontecimientos mientras otros permanecen invisibles, colocar una expresión entre las tendencias del día o transformar un incidente aislado en la aparente demostración de que todo un país se encuentra al borde del desastre. La manipulación deja entonces de consistir únicamente en hacer creer una falsedad concreta; puede consistir en alterar nuestra percepción acerca de qué preocupa a la mayoría, qué tema debería ocupar el centro del debate y qué opinión parece socialmente dominante.

La inteligencia artificial añade ahora una dimensión nueva al fenómeno. Nunca había sido tan fácil y barato producir textos, fotografías, voces, vídeos y personajes aparentemente reales a escala industrial. Una operación propagandística que antes requería periodistas, diseñadores, estudios de grabación y una considerable infraestructura puede automatizar hoy buena parte de ese trabajo. El resultado es un espacio público donde la cantidad de información disponible crece mientras disminuye paradójicamente nuestra capacidad para determinar quién la produjo, con qué intención y hasta qué punto representa una opinión auténticamente extendida entre ciudadanos reales.

Todo esto adquiere una dimensión especialmente delicada cuando observamos Alemania. En las elecciones federales de febrero de 2025, Alternative für Deutschland alcanzó el 20,8 por ciento de los segundos votos y se convirtió en la segunda fuerza del Bundestag. En septiembre de 2026, su resultado en Sajonia-Anhalt, cercano al 44 por ciento, mostró que en determinadas regiones del país su crecimiento había dejado de ser un fenómeno marginal para convertirse en una transformación profunda del paisaje político alemán.

La historia alemana hace inevitable mirar estos acontecimientos con preocupación, pero también obliga a evitar comparaciones automáticas. No todos los ciudadanos que votan a la AfD son extremistas, del mismo modo que el crecimiento de la derecha radical europea no puede explicarse simplemente suponiendo que millones de personas han sido engañadas por las redes sociales. Existe malestar social real. Hay preocupación por la inmigración y por las dificultades de integración, pérdida de confianza en los partidos tradicionales, inquietud respecto al coste de la vida, temor por el futuro de las pensiones, frustración ante determinadas políticas energéticas y una sensación persistente, especialmente en algunos territorios de la antigua Alemania oriental, de no participar en igualdad de condiciones de los beneficios económicos y políticos de la reunificación.

Despreciar esas preocupaciones o responder a ellas calificando indiscriminadamente a millones de electores como fascistas sería, además de injusto, políticamente contraproducente. Sería ofrecer a la derecha radical uno de sus argumentos más eficaces: la idea de que existe una élite política y cultural que se niega a escuchar los problemas de una parte de la población. La cuestión verdaderamente preocupante no consiste en negar la existencia de esos problemas, sino en observar de qué manera pueden ser canalizados hacia soluciones autoritarias, nacionalistas o excluyentes.

La propaganda no crea necesariamente el malestar; encuentra un malestar existente, lo interpreta y le proporciona un culpable. Una familia que tiene dificultades para pagar la vivienda no necesita que nadie le invente su problema. Un trabajador que percibe que su salario pierde poder adquisitivo tampoco necesita un bot para darse cuenta. Lo decisivo políticamente ocurre cuando alguien consigue explicar esa situación señalando al inmigrante, al refugiado, al musulmán, al desempleado, a Bruselas o a cualquier otro grupo fácilmente identificable como responsable principal de un proceso cuyas causas económicas y sociales son mucho más complejas.

Ahí vuelve a aparecer una vieja cuestión que el lenguaje político contemporáneo suele relegar: la cuestión de clase. El trabajador alemán preocupado por su salario y el inmigrante que teme perder su empleo pueden poseer objetivamente intereses comunes y, sin embargo, terminar percibiéndose como adversarios. Cuando un conflicto relacionado con la distribución de la riqueza, la vivienda, los salarios, las condiciones laborales o los servicios públicos se transforma principalmente en una confrontación entre nacionalidades, religiones o identidades, la disputa deja de desarrollarse entre quienes concentran poder económico y quienes dependen de su trabajo, y comienza a desarrollarse dentro de los propios sectores populares.

Ese desplazamiento no es nuevo. Lo nuevo es la capacidad tecnológica para reproducirlo millones de veces al día, adaptarlo a diferentes públicos y convertir cada teléfono en un pequeño espacio permanente de agitación política. El antiguo “divide y vencerás” posee ahora algoritmos capaces de identificar nuestras preferencias, medir nuestras reacciones y mostrarnos precisamente aquellos contenidos que tienen mayores probabilidades de mantenernos emocionalmente comprometidos.

Alemania constituye un caso particularmente importante porque demuestra que la memoria histórica, aun siendo indispensable, no vacuna automáticamente a una sociedad contra fenómenos semejantes. Con frecuencia imaginamos el regreso del autoritarismo como una repetición exacta de las imágenes del pasado: uniformes, marchas, banderas y discursos pronunciados ante multitudes perfectamente organizadas. Pero las formas políticas cambian con las sociedades. Una ideología excluyente del siglo XXI no necesita presentarse con la estética de 1933 para producir consecuencias semejantes en determinados ámbitos de la convivencia.

La erosión democrática puede comenzar de manera mucho menos espectacular. Puede iniciarse cuando una parte creciente de la sociedad deja de considerar legítima cualquier información que contradiga sus convicciones; cuando todos los periodistas son presentados como mentirosos, toda institución independiente como parte de una conspiración y cualquier adversario como enemigo de la nación. Puede avanzar cuando determinados grupos dejan de ser vistos como ciudadanos con los mismos derechos para transformarse en una presencia sospechosa cuya pertenencia al país debe justificarse continuamente. Y puede consolidarse cuando la deshumanización del otro empieza a percibirse como una forma aceptable de hablar en público.

Sin embargo, defender la democracia tampoco puede significar construir una sociedad donde determinadas preguntas queden prohibidas. La inmigración debe poder discutirse, así como la seguridad, la integración, la identidad nacional, la política energética, las relaciones internacionales, la guerra, las sanciones económicas o el funcionamiento de la Unión Europea. Ninguno de esos temas debería convertirse en monopolio de la extrema derecha simplemente porque otras fuerzas políticas teman abordarlos. La democracia se debilita cuando responde al malestar con censura moral en lugar de hacerlo con argumentos, políticas eficaces y capacidad para escuchar.

Existe, no obstante, una frontera que conviene preservar. No es lo mismo discutir cuántos inmigrantes puede integrar adecuadamente un país que atribuir al extranjero una peligrosidad inherente; tampoco es equivalente defender determinadas tradiciones culturales que establecer categorías de ciudadanía según el origen, ni criticar una religión que convertir a todos sus creyentes en sospechosos colectivos. Una sociedad democrática puede debatir prácticamente cualquier política sin necesidad de convertir a seres humanos concretos en enemigos.

Por eso la respuesta al ascenso de la derecha radical no puede descansar únicamente en cordones sanitarios, campañas institucionales contra el extremismo o constantes recordatorios del pasado. Todo eso puede ser necesario, pero será insuficiente si la democracia no demuestra al mismo tiempo que posee capacidad para resolver problemas reales. Salarios que permitan vivir dignamente, viviendas accesibles, escuelas capaces de integrar, servicios públicos eficientes, políticas migratorias ordenadas, seguridad sin xenofobia y perspectivas razonables para quienes trabajan no son asuntos separados de la defensa democrática. Constituyen parte de ella.

Cuando una persona comprueba durante años que las instituciones hablan de democracia mientras su existencia cotidiana se vuelve más precaria, resulta cada vez más difícil convencerla de que debe confiar en esas mismas instituciones. Y cuando la política tradicional abandona determinados problemas, siempre aparece alguien dispuesto a ocupar ese espacio ofreciendo explicaciones simples y culpables claramente identificables. La extrema derecha ha aprendido particularmente bien a convertir ese vacío en capital político.

Quizás por eso necesitamos ampliar nuestra propia definición de democracia. Una elección no comienza la mañana en que abre el colegio electoral. Comienza mucho antes, en la información que recibimos, en las imágenes que repetimos, en los temas que los algoritmos colocan delante de nosotros y en las palabras con las que aprendemos a nombrar a nuestro vecino. Comienza cuando decidimos qué merece nuestra indignación, qué tememos y a quién responsabilizamos de aquello que nos ocurre.

La urna puede permanecer perfectamente limpia y el recuento ser absolutamente correcto, mientras el espacio previo donde se construyó la decisión electoral ha estado sometido durante meses a campañas interesadas, desinformación, contenidos artificialmente amplificados y mensajes diseñados para explotar nuestras emociones. Eso no convierte automáticamente al ciudadano en una víctima pasiva ni invalida su voto, pero nos obliga a comprender que la defensa de la democracia en el siglo XXI no puede limitarse a garantizar la transparencia del día de las elecciones.

Ayer había que comprar votos, esconder urnas, prohibir candidatos o dar un golpe de Estado. Hoy, en determinadas circunstancias, puede resultar más eficaz intervenir pacientemente en el modo en que millones de personas interpretan su realidad hasta conseguir que ellas mismas, mediante un voto formalmente libre, respalden opciones que prometen protección frente a enemigos previamente construidos.

La cuestión, por tanto, no consiste en desconfiar del pueblo, sino exactamente en lo contrario: ofrecerle mejores condiciones para ejercer su soberanía. Una ciudadanía democrática necesita poder saber quién produce la información que consume, quién financia determinadas campañas, cuándo está interactuando con una persona real y cuándo con un sistema automatizado, por qué un algoritmo le muestra insistentemente determinado contenido y qué intereses se benefician de convertir sus temores en hostilidad contra otros.

Quizás las cadenas de nuestro tiempo ya no tengan siempre la apariencia del hierro. Algunas pueden estar construidas con datos, emociones, algoritmos y resentimientos cuidadosamente dirigidos. Precisamente porque resultan menos visibles, reconocerlas se ha convertido en una de las grandes tareas políticas de nuestra época. Defender la democracia significa proteger las urnas, desde luego, pero también algo mucho más difícil: proteger la capacidad de los ciudadanos para pensar, contrastar, disentir y decidir sin que alguien haya convertido previamente sus miedos en el instrumento de su propia subordinación.

Cuando el sol obliga a cambiar el reloj: agricultura nocturna frente al cambio climático en Cuba

En España vi algo que me hizo pensar. Ya entrada la noche, a las once e incluso más tarde, las maquinarias agrícolas seguían trabajando en los campos. Bajo la oscuridad, tractores y otros equipos avanzaban iluminados por potentes luces, como si el campo, lejos de dormir, hubiera decidido cambiar de horario.

No se trataba de una imagen vista en televisión ni de una escena contada por otros. Lo vi directamente, y precisamente por eso la impresión fue más fuerte. Detrás de aquella actividad nocturna había una razón muy clara: durante el día, sobre todo en verano, el calor podía volverse insoportable para determinadas labores. Cuando descendía la temperatura y desaparecía la radiación solar directa, el trabajo resultaba más llevadero y, en muchos casos, también más seguro.

Aquella experiencia me llevó enseguida a pensar en Cuba. Cuando hablamos de cambio climático solemos concentrarnos en los grandes temas: la sequía, el ascenso del nivel del mar, la necesidad de energías renovables, la protección de las costas o la búsqueda de cultivos más resistentes. Todo eso es importante, sin duda, pero a veces olvidamos que adaptarse también puede significar revisar hábitos muy concretos, casi cotidianos. Uno de ellos es, sencillamente, preguntarnos a qué hora conviene trabajar la tierra.

Cuba siempre ha sido un país caluroso, pero una cosa es el calor habitual del trópico y otra el aumento sostenido de las temperaturas, la frecuencia de los episodios extremos y la sensación de asfixia que en ciertos meses acompaña las horas centrales del día. En ese contexto, seguir organizando toda la actividad agrícola como si nada estuviera cambiando sería, en cierto modo, negar la realidad. Si el clima cambia, también tendrán que cambiar algunas de nuestras costumbres productivas.

La idea de trasladar determinadas labores al amanecer, al atardecer o incluso a las primeras horas de la noche no debe verse como una extravagancia. Tampoco como una copia mecánica de lo que ya se hace en otros países. Habría que entenderla más bien como una propuesta de adaptación razonable. Allí donde el calor se convierte en un obstáculo serio para el trabajo humano, resulta lógico preguntarse si no sería mejor reorganizar los horarios en lugar de seguir forzando al trabajador a soportar condiciones cada vez más duras.

Conviene aclarar algo desde el inicio: no se trata de trabajar más, sino de trabajar de otra manera. La agricultura nocturna, o mejor dicho, la reorganización climática de la jornada agrícola, no tendría sentido si acaba convirtiéndose en una simple prolongación del tiempo de trabajo. La lógica tendría que ser justamente la contraria. Se trataría de desplazar ciertas tareas hacia las horas más benignas, reservando el mediodía y la tarde más dura para el descanso o para actividades que puedan hacerse bajo techo, como la clasificación de productos, el mantenimiento de equipos, la preparación de insumos o labores administrativas.

En ese punto la tecnología desempeña un papel importante. Durante mucho tiempo, trabajar de noche en el campo resultaba costoso y poco práctico, porque la iluminación exigía altos consumos y montajes complejos. Hoy la expansión de la tecnología LED ha cambiado bastante ese panorama. Las luminarias son más eficientes, consumen menos energía y pueden instalarse en tractores, cosechadoras, sistemas móviles o torres de apoyo. Esto abre la posibilidad de iluminar con precisión el área de trabajo sin necesidad de convertir el campo en un espacio artificialmente inundado de luz.

Para Cuba, donde la cuestión energética no puede pasarse por alto, esta posibilidad tendría que pensarse con mucha racionalidad. No se trataría de promover grandes despliegues eléctricos ni de sumar nuevas cargas inútiles al sistema, sino de estudiar soluciones puntuales, eficientes y bien planificadas. Precisamente ahí aparece una idea interesante: aprovechar la energía solar producida durante el día, con apoyo de baterías u otros sistemas de acumulación, para facilitar determinadas labores nocturnas. Dicho de manera simple, usar el sol para defenderse del sol.

No todas las tareas agrícolas, por supuesto, son aptas para realizarse de noche. La propuesta solo tendría sentido si se aplica con criterio. Algunas labores mecanizadas, la preparación de suelos, determinadas cosechas, el transporte interno o ciertos trabajos de mantenimiento pueden ser buenas candidatas. El riego, en particular, merece una atención especial, porque en condiciones de altas temperaturas y fuerte radiación muchas veces parte del agua se pierde por evaporación antes de ser bien aprovechada por el suelo o por la planta.

Regar durante la noche o en las primeras horas del amanecer puede mejorar la eficiencia en determinados casos, aunque no conviene convertir esa observación en una consigna absoluta. No siempre regar de noche será la mejor solución. Dependerá del sistema empleado, del cultivo, de la humedad ambiental y de otros factores. En algunos casos, mantener el follaje húmedo durante demasiado tiempo puede favorecer enfermedades. Por eso la ventaja no está en una fórmula mágica, sino en combinar horarios mejor pensados con tecnologías apropiadas, como el riego por goteo, los sensores de humedad y los sistemas automatizados.

También hay beneficios posibles después de la cosecha. Muchos productos agrícolas, sobre todo frutas y hortalizas, llegan al almacenamiento o al transporte con una carga térmica mayor cuando han sido recolectados bajo un sol fuerte. Cosechar en horas más frescas puede ayudar a conservar mejor el producto y a reducir, aunque sea parcialmente, la necesidad posterior de enfriamiento. En un país donde cada ahorro cuenta, no es una ventaja menor. A veces producir mejor no significa solamente sembrar más, sino perder menos de lo que ya se produce.

Sin embargo, sería ingenuo presentar la agricultura nocturna como una solución simple y sin costos. La noche también tiene sus peligros. La visibilidad cambia, y con ella aumentan ciertos riesgos. Zanjas, desniveles, herramientas, animales, sistemas de riego o maquinaria en movimiento pueden convertirse en focos de accidente si la iluminación es insuficiente o está mal orientada. Trabajar de noche exige protocolos específicos de seguridad, medios de comunicación, señalización adecuada y una cultura preventiva que no siempre existe.

Hay además otro aspecto que no puede ignorarse: la fatiga. El cuerpo humano no funciona igual de día que de noche, y alterar continuamente los ritmos de sueño puede generar agotamiento, desorientación y pérdida de concentración. Por eso cualquier reorganización horaria debería partir del respeto al trabajador. No basta con mover el reloj; hay que diseñar turnos razonables, descansos reales y mecanismos que impidan que una medida de adaptación climática termine agravando otros problemas laborales.

Tampoco habría que olvidar la dimensión ambiental. La oscuridad forma parte del equilibrio natural, y una iluminación nocturna excesiva puede afectar insectos, aves, murciélagos y otros organismos. La luz artificial, por tanto, debería usarse solo donde sea necesaria, durante el tiempo imprescindible y con la orientación adecuada. En esto coinciden la lógica ecológica y la económica: iluminar mejor no significa iluminar más.

Por todo ello, Cuba no tendría que comenzar con grandes programas ni con decisiones generalizadas. Bastaría, por ahora, con estudiar seriamente la posibilidad y ensayarla en experiencias piloto. Algunas cooperativas, fincas o empresas estatales de distintas provincias podrían convertirse en espacios de experimentación, comparando resultados durante uno o dos ciclos productivos. Sería útil medir el impacto sobre el bienestar de los trabajadores, la productividad, el consumo de agua, el gasto energético, la calidad de la cosecha y las pérdidas posteriores. Solo así se sabría, con datos cubanos, en qué cultivos y en qué condiciones esta alternativa merece desarrollarse.

Incluso podría ser una oportunidad para la innovación nacional. No todo tendría que depender de costosas importaciones. Universidades, centros de investigación, pequeñas industrias y talleres podrían participar en el diseño o adaptación de sistemas de iluminación móvil, controladores, soportes, sensores y soluciones de automatización. Una propuesta así, bien llevada, no solo introduciría otra manera de organizar el trabajo agrícola, sino que también estimularía la creatividad técnica y el vínculo entre ciencia, producción y territorio.

En el fondo, la cuestión es más profunda de lo que parece. El cambio climático no solo modifica la temperatura del aire o el comportamiento de las lluvias; también obliga a repensar la manera en que vivimos y producimos. Adaptarse no significa resignarse, sino aprender a reorganizar inteligentemente la vida frente a nuevas condiciones. En ese sentido, cambiar el horario de algunas labores agrícolas puede ser tan importante como introducir una nueva semilla o instalar un nuevo sistema de riego.

Lo que vi en España no debe entenderse como un modelo que Cuba tenga que copiar al pie de la letra. Las condiciones económicas, energéticas y sociales son distintas, y cualquier decisión tendría que ajustarse a nuestra realidad. Pero sí puede servir como señal de algo más amplio: en un mundo cada vez más caliente, el reloj agrícola tradicional quizá empiece a quedarse atrás.

Tal vez el futuro de parte de la agricultura cubana no consista solamente en nuevas máquinas, mejores variedades o más tecnología, sino también en algo tan elemental como aprender a usar de otro modo las horas del día. Si el sol se vuelve cada vez más duro, quizás la respuesta no esté solo en resistirlo, sino en saber apartarse de él cuando convenga.

Porque también eso es adaptación.

Más allá del dólar: ¿cómo puede un país bloqueado reducir su vulnerabilidad financiera?

Cuando se habla de bloqueo económico o de sanciones financieras contra un país, muchas veces imaginamos barcos que no pueden entrar a un puerto, mercancías prohibidas o empresas impedidas de comerciar. Sin embargo, una parte menos visible y quizás más eficaz de las sanciones contemporáneas funciona en otro terreno: el sistema financiero internacional. Un país puede encontrar quién le venda un medicamento, una máquina o un alimento y disponer incluso del dinero necesario para comprarlo, pero descubrir después que ningún banco quiere procesar el pago. En ese momento el problema deja de ser estrictamente comercial. Se puede tener dinero y, paradójicamente, no disponer plenamente de él.

Esta situación está relacionada con la extraordinaria centralidad alcanzada por el dólar y por el sistema financiero estadounidense en la economía mundial. No significa que todas las operaciones internacionales en dólares sean controladas directamente por Washington, pero muchas transacciones terminan pasando por bancos corresponsales, cámaras de compensación o instituciones sujetas a jurisdicción estadounidense. Esto proporciona a Estados Unidos un instrumento de política exterior de enorme alcance. El FMI reconoce que la posibilidad de sanciones financieras está influyendo ya en las decisiones de algunos bancos centrales sobre la composición de sus reservas, aunque el dólar continúa siendo, con diferencia, la principal moneda internacional.

Cuba constituye un ejemplo particularmente ilustrativo. Sería impreciso afirmar que absolutamente toda utilización internacional del dólar por Cuba está prohibida, pues existen operaciones específicamente autorizadas y desde mayo de 2024 Estados Unidos volvió a permitir determinadas transacciones conocidas como U-turn, en las cuales fondos relacionados con Cuba pueden transitar por el sistema financiero estadounidense cuando tanto el ordenante como el beneficiario están fuera de Estados Unidos y se cumplen las restantes condiciones regulatorias. Sin embargo, las sanciones continúan generando un riesgo considerable para las instituciones financieras extranjeras, riesgo que se amplió nuevamente durante 2026 respecto de determinadas entidades y sectores cubanos. El resultado práctico es conocido: además de las prohibiciones jurídicas aparece el fenómeno de la sobrerreacción bancaria, donde instituciones que quizá podrían realizar legalmente una operación prefieren no asumir el costo de verificarla ni el riesgo de equivocarse.

El problema, por tanto, no consiste únicamente en conseguir divisas. Consiste también en conseguir divisas utilizables.

Esta distinción resulta fundamental al pensar posibles alternativas para Cuba, pero también para cualquier país sometido a fuertes sanciones financieras. Una economía puede recibir millones de dólares mediante turismo, remesas o exportaciones y descubrir después que esos dólares son difíciles de depositar, transferir o utilizar para pagar determinadas importaciones. En esas condiciones, acumular dólares puede convertirse parcialmente en una contradicción: se recibe precisamente la moneda cuya circulación internacional está más expuesta a las decisiones del país que impone las sanciones.

Desdolarizar no significa prohibir el dólar

Una primera respuesta podría ser abandonar completamente el dólar y sustituirlo por otra moneda, quizá el yuan chino. Sin embargo, esta solución aparentemente sencilla reproduce parte del mismo problema: sustituye una dependencia por otra.

Una estrategia más racional sería distinguir entre moneda nacional, moneda de ahorro, moneda de comercio y moneda de liquidación internacional. No existe ninguna necesidad económica de que las cuatro sean necesariamente la misma.

Un cubano residente en Estados Unidos, por ejemplo, puede recibir su salario en dólares y enviar 100 dólares a su familia. Pero eso no significa que el sistema bancario cubano tenga obligatoriamente que recibir y acumular esos mismos 100 dólares. Una institución financiera intermediaria autorizada podría recibir el dólar del remitente, convertirlo legalmente a otra moneda y liquidar la operación hacia Cuba en euros, yuanes u otra divisa utilizable, mientras el destinatario recibe pesos cubanos o, si las regulaciones lo permiten, el equivalente en otra moneda.

La diferencia parece contable, pero económicamente es enorme. El emigrado continúa utilizando la moneda que posee, la familia recibe el valor de la remesa y el país obtiene una divisa que puede utilizar para importar bienes.

La pregunta correcta dejaría entonces de ser «¿cómo hacemos para que no entren dólares?» y pasaría a ser «¿en qué moneda queremos conservar y utilizar internacionalmente el valor que esos dólares representan?».

Las remesas podrían convertirse en capacidad de importación

Este principio tiene implicaciones particularmente interesantes para países con importantes diásporas.

Las remesas suelen analizarse exclusivamente desde el punto de vista familiar: una persona envía dinero y otra lo recibe. Pero desde la perspectiva macroeconómica constituyen también una entrada de recursos externos. Si un país consigue organizar adecuadamente su sistema financiero, esas entradas pueden contribuir simultáneamente al consumo familiar y al financiamiento de importaciones.

Imaginemos, simplemente a modo de ejemplo, que durante determinado período se envían desde Estados Unidos remesas equivalentes a cien millones de dólares. No sería indispensable que cien millones de dólares terminaran depositados en bancos del país receptor. Parte del valor podría liquidarse internacionalmente en euros para pagar importaciones procedentes de Europa y otra parte convertirse en renminbi para financiar compras en China. Dentro del país se acreditarían los correspondientes recursos a las familias.

No se trata de fabricar dinero ni de hacer desaparecer una obligación contable. El país seguiría necesitando reconocer íntegramente el valor recibido. Se trata de organizar mejor dónde queda situado el activo externo y en qué moneda se conserva.

Esto podría reducir uno de los problemas que enfrentan países sancionados: recibir una moneda que posteriormente resulta difícil colocar en el sistema bancario internacional.

El yuan ofrece una alternativa, pero no una solución milagrosa

El crecimiento económico de China proporciona hoy posibilidades que hace veinte años eran mucho menores. El renminbi se utiliza cada vez más en operaciones comerciales y financieras internacionales. El sistema chino CIPS procesó durante 2024 alrededor de 175 billones de yuanes en pagos transfronterizos, un incremento del 43 % respecto al año anterior. También está aumentando el crédito bancario internacional denominado en renminbi.

Eso abre posibilidades reales para países que comercian intensamente con China. Si Cuba compra autobuses, paneles fotovoltaicos, maquinaria, medicamentos u otros productos chinos, resulta perfectamente lógico explorar mecanismos legales mediante los cuales una mayor parte de esas operaciones se facture y liquide directamente en RMB, en vez de adquirir primero dólares para después transformarlos nuevamente en yuanes.

Pero tampoco conviene idealizar esta alternativa. El renminbi todavía no posee la liquidez, convertibilidad ni universalidad del dólar. Según datos del BIS correspondientes a abril de 2025, alrededor del 96 % de las operaciones de cambio que involucraban al renminbi todavía tenían al dólar como contraparte. Esto muestra una paradoja importante: incluso el proceso de internacionalización del yuan continúa parcialmente conectado con la arquitectura monetaria dominada por el dólar.

Por tanto, «yuanizar» completamente una economía podría reducir determinada dependencia respecto de Estados Unidos, pero aumentaría simultáneamente la dependencia financiera respecto de China. Para un país preocupado por su soberanía, cambiar Washington por Pekín como único centro monetario tampoco debería constituir el objetivo estratégico.

La alternativa más sólida sería diversificar

De ahí que resulte más interesante hablar de multipolaridad monetaria.

Un país bajo sanciones debería, siempre que sus relaciones comerciales lo permitan, intentar que las monedas utilizadas para pagar sus importaciones estén relacionadas con las monedas que obtiene mediante exportaciones, turismo, inversión y remesas. Si comercia con Europa, necesita euros; si mantiene un intercambio considerable con China, necesita renminbi; si comercia con otros espacios económicos, puede explorar mecanismos equivalentes en aquellas monedas que posean suficiente convertibilidad y liquidez.

No se trata de acumular todas las monedas imaginables. Eso también tendría costos. Se trata de evitar que una sola moneda constituya simultáneamente la puerta de entrada, el depósito de reservas y el mecanismo obligatorio de pago de toda la economía exterior.

También pueden desarrollarse acuerdos de compensación, cámaras regionales de pagos, líneas de intercambio entre bancos centrales y liquidación directa en monedas nacionales. Todas estas herramientas existen en diferentes formas dentro de la economía internacional. Su objetivo legítimo no tendría que ser ocultar operaciones prohibidas, sino permitir que transacciones legales entre dos países no necesiten obligatoriamente pasar por la moneda o infraestructura financiera de un tercero.

El propio FMI reconoce que la fragmentación geoeconómica está estimulando un mayor interés por otras monedas y sistemas de pagos, aunque advierte igualmente que la proliferación de plataformas paralelas puede elevar costos, reducir interoperabilidad y aumentar la volatilidad financiera.

Y aquí aparecen los contras.

Salir de una dependencia también cuesta

La hegemonía internacional del dólar no existe solamente por imposición política. Existe también porque detrás del dólar hay mercados financieros enormes, liquidez, instrumentos de cobertura, facilidad para encontrar compradores y vendedores, activos considerados seguros y una infraestructura financiera construida durante décadas.

Abandonar parcialmente ese ecosistema tiene costos.

Una empresa que cobre yuanes pero necesite pagar proveedores europeos en euros deberá convertirlos. Si el mercado entre ambas monedas es menos líquido, probablemente pagará mayores comisiones. Una reserva demasiado concentrada en una moneda menos convertible puede resultar difícil de movilizar rápidamente. Los acuerdos bilaterales dependen además de que exista cierto equilibrio comercial: si un país compra muchísimo a China pero vende muy poco allí, tarde o temprano tendrá que conseguir los yuanes necesarios mediante crédito, inversión o conversión desde una tercera moneda.

También existe el peligro de crear numerosos circuitos monetarios dentro de una misma economía. Si salarios se pagan en una moneda, determinados productos en otra, los ahorros se conservan en una tercera y el mercado informal establece sus propias cotizaciones, el resultado puede ser una extraordinaria segmentación social. Quienes reciben divisas disponen de una capacidad adquisitiva muy superior a quienes viven exclusivamente de salarios nacionales. La solución financiera al bloqueo puede terminar reproduciendo internamente desigualdades que después resulten extremadamente difíciles de corregir.

Por eso la desdolarización externa no debería convertirse en una nueva dolarización —o yuanización— interna.

El peso nacional continúa siendo el centro del problema

Para Cuba esta cuestión resulta especialmente importante. Crear mecanismos alternativos de pagos puede disminuir determinados efectos del bloqueo financiero, pero no corregirá por sí mismo la inflación, el déficit fiscal, la baja productividad, las distorsiones cambiarias ni la insuficiente generación de exportaciones.

Es necesario separar las responsabilidades.

Las sanciones pueden dificultar considerablemente transferencias, encarecer operaciones y provocar que bancos extranjeros rehúyan negocios legítimos por temor a penalizaciones. Eso constituye una restricción externa real. Pero ningún sistema alternativo de pagos puede sustituir la necesidad de producir más bienes, exportar más, atraer recursos y mantener equilibrios fiscales y monetarios razonables.

Un país puede construir veinte mecanismos alternativos para recibir yuanes y euros; si importa continuamente mucho más de lo que puede financiar mediante exportaciones, turismo, servicios, remesas e inversión, continuará teniendo escasez de divisas.

Por eso la soberanía monetaria tiene dos dimensiones inseparables: reducir la vulnerabilidad frente a decisiones externas y construir credibilidad económica internamente.

Ni aislamiento ni dependencia

Tal vez el mayor error sería responder a la utilización política del sistema financiero internacional mediante una retirada del sistema económico internacional. El aislamiento terminaría castigando al mismo país que pretende defenderse.

La respuesta debería ser exactamente la contraria: ampliar relaciones.

Más bancos corresponsales, más mercados, más socios comerciales, más monedas utilizables, más acuerdos regionales, mayores reservas diversificadas y mejores mecanismos de compensación significan más opciones. Y disponer de opciones constituye precisamente una forma de soberanía.

Pero esa diversificación debería evitar convertirse en una división del mundo en compartimentos financieros incomunicados. El FMI ha advertido que una fragmentación profunda del comercio y las finanzas podría aumentar costos, reducir inversión y elevar la vulnerabilidad ante crisis. Una arquitectura multipolar sería útil precisamente si multiplica alternativas, no si sustituye un sistema cerrado por varios bloques enfrentados.

Por eso quizá deberíamos cambiar incluso el lenguaje utilizado. No se trata necesariamente de «escapar del dólar». El dólar seguirá siendo durante mucho tiempo una moneda fundamental de la economía mundial. Se trata de escapar de la dependencia de una sola puerta.

Para un país sometido a sanciones financieras, la estrategia racional podría consistir en aceptar dólares cuando económicamente resulte conveniente, euros cuando sean útiles, yuanes cuando permitan comerciar directamente con China y otras monedas cuando exista una razón comercial para emplearlas, pero procurando que ninguna de ellas sustituya completamente a la moneda nacional.

En el caso cubano, eso significaría que un emigrado en Miami podría continuar enviando dólares, alguien en Madrid euros y otro en Canadá dólares canadienses, mientras una arquitectura financiera internacional convertiría parte de esos recursos hacia las monedas que Cuba realmente necesita para pagar sus importaciones. El objetivo no sería acumular billetes extranjeros dentro de la Isla, sino transformar las entradas externas en capacidad efectiva de compra internacional, mientras el peso cubano recupera gradualmente su función como unidad de cuenta, medio de pago y depósito razonable de valor dentro de la economía nacional.

No sería una solución inmediata ni eliminaría el bloqueo. Tampoco resolvería por arte financiero las insuficiencias internas de la economía cubana. Pero permitiría formular el problema de otra manera.

Un bloqueo financiero obtiene parte de su fuerza cuando quien lo padece necesita inevitablemente utilizar los canales controlados por quien lo impone. Cada alternativa legal, transparente y económicamente viable reduce esa dependencia. La verdadera respuesta, entonces, no estaría en sustituir una moneda hegemónica por otra, sino en construir suficientes caminos para que ninguna potencia pueda cerrar por sí sola todas las puertas.

La soberanía monetaria del siglo XXI quizá no consista en no depender de nadie, algo prácticamente imposible en una economía mundial interdependiente, sino en no depender de uno solo.

Una mirada crítica a la lucha ideológica actual: cooptación, fragmentación y élites heredadas

Una de las cuestiones que con frecuencia se pierde de vista cuando hablamos de lucha ideológica es que la confrontación política no se desarrolla únicamente mediante el enfrentamiento abierto. Un adversario puede intentar destruir una corriente política, pero también puede tratar de penetrarla, condicionarla, fragmentarla o modificar lentamente sus referentes culturales. Cuando una fuerza social no puede ser vencida frontalmente, una estrategia posible consiste en influir sobre ella desde dentro de su propio campo simbólico, promoviendo determinadas voces, financiando espacios, otorgando prestigio, invitaciones, publicaciones, becas, reconocimientos o acceso a determinadas plataformas. La cooptación no necesita siempre del soborno burdo ni del agente consciente; puede funcionar mediante incentivos mucho más sutiles.

No estamos ante una fantasía conspirativa. La propia documentación histórica estadounidense permite conocer operaciones de este tipo durante la Guerra Fría. El Congreso por la Libertad de la Cultura, financiado encubiertamente durante años por la CIA, reunió intelectuales, promovió publicaciones y organizó actividades culturales internacionales. Documentos posteriormente desclasificados reconocen incluso que aquella experiencia ayudó a consolidar una estrategia destinada a promover una determinada “izquierda no comunista” como parte de la confrontación política e intelectual contra el movimiento comunista.

Lo interesante de aquel antecedente no es trasladarlo mecánicamente al presente ni suponer que todo intelectual crítico está comprado, sino comprender el principio que contiene: la lucha ideológica más eficaz puede desarrollarse dentro del lenguaje, los símbolos y las categorías del propio adversario. Una crítica formulada desde posiciones abiertamente reaccionarias difícilmente convencerá a un marxista; una crítica formulada desde un discurso que se presenta como marxista, socialista o revolucionario puede tener una capacidad de penetración mucho mayor. Precisamente por eso, desde una perspectiva revolucionaria, no basta con preguntarse qué dice determinada persona, sino también qué espacios comienzan a amplificarla, qué interlocutores la legitiman, qué relaciones institucionales se establecen y, sobre todo, qué efectos políticos termina produciendo su discurso.

En el caso cubano existe además un hecho verificable: sucesivas administraciones estadounidenses han destinado recursos públicos a programas dirigidos a fortalecer determinados sectores de la llamada sociedad civil independiente en Cuba. Por ejemplo, una convocatoria del Departamento de Estado publicada en marzo de 2024 establecía explícitamente financiación para organizaciones destinadas a fortalecer capacidades de grupos independientes dentro de la Isla. Esto demuestra la existencia de una política de intervención mediante actores sociales y organizaciones; sin embargo, no demuestra por sí solo que cualquier marxista crítico, intelectual inconforme o grupo de izquierda independiente forme parte de semejante estrategia. Esa diferencia es fundamental si queremos realizar un análisis serio.

De hecho, caer en el extremo contrario sería políticamente desastroso. Una revolución que comenzara a considerar sospechosa toda crítica acabaría eliminando uno de sus principales mecanismos de corrección. Marxismo sin crítica deja de ser marxismo y corre el riesgo de convertirse en catecismo. La cuestión no consiste entonces en silenciar las contradicciones, sino en aprender a distinguir entre una crítica que pretende corregir y fortalecer el proyecto socialista, otra que propone legítimamente caminos diferentes dentro de él y aquellas operaciones que utilizan deliberadamente las contradicciones existentes para fragmentarlo o desmovilizarlo.

Aquí aparece un segundo problema: los juegos de representación y legitimación. En determinadas circunstancias, colocar sistemáticamente en espacios públicos a figuras procedentes del campo revolucionario que generan un profundo rechazo entre amplios sectores de la propia base puede terminar produciendo efectos políticos contrarios a los que aparentemente se persiguen. Y no siempre resulta sencillo determinar si estamos ante una operación deliberada, una mala decisión comunicacional, una lucha burocrática interna o simplemente falta de sensibilidad política. Pero desde el punto de vista de sus consecuencias, la pregunta sigue siendo válida: ¿esa presencia ayuda a cohesionar, explicar y movilizar, o multiplica el desencanto, la irritación y la sensación de que quienes hablan en nombre de la Revolución viven muy lejos de la experiencia cotidiana del pueblo?

La unidad revolucionaria no significa uniformidad ni ausencia de conflictos. Significa construir suficientes consensos fundamentales para que las diferencias no destruyan el proyecto común. Por eso resulta particularmente peligroso confundir unidad con obediencia, pero igualmente peligroso confundir pluralidad con fragmentación permanente. Hay debates necesarios que fortalecen una revolución y disputas artificialmente amplificadas que pueden consumir sus energías mientras los problemas verdaderamente decisivos permanecen intactos.

Existe, sin embargo, otro fenómeno que a mi juicio merece mucha más atención porque puede corroer un proyecto revolucionario sin necesidad alguna de intervención extranjera: la formación de una aristocracia simbólica basada en el parentesco revolucionario.

En algunos movimientos de solidaridad, instituciones y espacios políticos aparece ocasionalmente una fascinación por presentar al hijo, al nieto o al familiar de alguna personalidad histórica como si el parentesco transmitiera automáticamente autoridad política, capacidad intelectual o conocimiento especializado. Se organizan conferencias, giras o encuentros alrededor de esos apellidos mientras profesionales, investigadores, trabajadores, militantes o personas con muchos años de experiencia concreta permanecen en segundo plano.

Podríamos llamarlo irónicamente una “meritocracia sanguínea”, aunque quizás sería más exacto hablar de una aristocracia de linaje revolucionario. Porque allí ya no estamos hablando de mérito. Estamos hablando de capital simbólico heredado.

Naturalmente, ningún hijo o nieto debe ser descalificado por su apellido. Puede ser una persona extraordinariamente preparada y tener todo el derecho a participar. El problema comienza cuando el apellido se transforma, consciente o inconscientemente, en credencial política. Cuando ser descendiente de alguien parece proporcionar automáticamente mayor legitimidad que décadas de trabajo, estudio, sacrificio o compromiso de otras personas, se reproduce precisamente una de las lógicas que una revolución social pretendía superar: la transmisión hereditaria del privilegio.

Y el daño que produce puede ser profundo. El ciudadano común comienza a percibir que existen círculos a los cuales solamente se accede mediante determinadas relaciones, determinados apellidos o determinado pedigrí revolucionario. Aparece entonces la idea de la nomenclatura, no necesariamente como una estructura formal, sino como una cultura de pertenencia: los mismos nombres, las mismas familias, los mismos interlocutores, los mismos invitados hablando permanentemente en representación de una sociedad muchísimo más diversa.

Ese fenómeno puede resultar más corrosivo que muchas campañas propagandísticas externas porque introduce una contradicción directamente en la legitimidad moral del proyecto socialista. Una revolución que proclama la igualdad no puede reproducir aristocracias. Una revolución que afirma que la historia la hacen los pueblos no puede comportarse como si la historia fuera patrimonio hereditario de determinadas familias.

Aquí encontramos quizá uno de los puntos fundamentales de la lucha ideológica contemporánea: no todo lo que debilita una revolución viene del enemigo. Hay adversarios externos interesados en explotar contradicciones, promover determinados actores y fomentar fracturas; la historia demuestra que semejantes estrategias han existido. Pero también existen burocratización, oportunismo, privilegios, errores comunicacionales, reproducción de élites y alejamiento de las bases que pueden surgir del propio proceso.

Confundir ambas cosas produce dos errores igualmente graves. El primero consiste en atribuir al enemigo todas nuestras deficiencias y quedar incapacitados para corregirlas. El segundo consiste en ignorar que existen poderes externos que estudian precisamente nuestras contradicciones para utilizarlas políticamente.

La verdadera madurez revolucionaria consiste en poder mirar en ambas direcciones.

Por eso la vigilancia ideológica que necesitamos no debería ser una vigilancia policial del pensamiento, sino una capacidad colectiva de análisis crítico. Preguntarnos quién financia, quién selecciona, quién legitima y qué intereses pueden existir, pero preguntarnos también quién está quedando excluido, qué privilegios estamos reproduciendo, por qué determinados discursos encuentran eco y qué errores propios han creado las condiciones para que lo encuentren.

La unidad que merece ser defendida no es la unidad artificial del silencio. Es la que nace de la participación, la justicia, la transparencia y la certeza de que cualquier trabajador, intelectual, campesino, estudiante o militante puede ser escuchado por lo que sabe, por lo que hace y por lo que aporta, y no por el apellido que lleva ni por las relaciones que posee.

Porque quizás una de las formas más silenciosas de derrotar una revolución sea conseguir que, sin darse cuenta, comience a parecerse a aquello que nació para transformar.

(JECM)