LA HIPOCRESÍA DE MISTER WALTZ

 Quien tiene tejado de vidrio no debería arrojar piedras al tejado del vecino.

Hay un antiguo refrán que advierte sobre los peligros de condenar en otros aquello que no somos capaces de reconocer en nosotros mismos. Una sabiduría popular que, de haberla tenido presente el embajador estadounidense ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, quizás le habría ahorrado uno de los espectáculos más reveladores de la hipocresía política contemporánea.

Durante el debate sobre el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a Cuba, celebrado en octubre de 2026, el señor Waltz decidió mostrar una fotografía de Fidel Castro en la que aparecía con dos relojes Rolex en la misma muñeca. Según sus cálculos, aquellos relojes tendrían actualmente un valor de 40.000 dólares, equivalentes a 55 años del salario promedio de un trabajador cubano.

La intención era evidente: presentar a Fidel como ejemplo de una dirigencia que disfruta de privilegios mientras su pueblo atraviesa dificultades económicas. Una imagen, una cifra escandalosa y una conclusión previamente elaborada. Todo convenientemente preparado para producir indignación.

Pero resulta que la historia suele ser bastante más compleja que una fotografía acompañada de una frase efectista.

Existen fotografías anteriores al triunfo revolucionario en las que Fidel ya llevaba dos relojes en la misma muñeca. Los especialistas han identificado distintos modelos de Rolex entre los que utilizó, aunque no todos los relojes visibles en aquellas primeras imágenes han podido ser identificados con certeza. Tampoco se ha demostrado cuándo, cómo o con qué recursos fueron adquiridos.

El valor que actualmente puedan alcanzar determinados modelos antiguos de Rolex en el mercado de coleccionistas no corresponde necesariamente a su precio original. Mucho menos demuestra que fueran adquiridos con recursos del Estado cubano.

¿Significa eso que los dirigentes revolucionarios deban estar exentos de cualquier cuestionamiento sobre sus condiciones de vida? De ninguna manera. La austeridad, la transparencia y la coherencia entre el discurso político y la conducta personal son exigencias legítimas para cualquier servidor público, especialmente para quienes dicen representar los intereses de los trabajadores.

Pero una cosa es investigar posibles privilegios y otra muy distinta utilizar una fotografía como si constituyera, por sí misma, una prueba de enriquecimiento indebido.

Y es precisamente aquí donde comienza el problema del señor Waltz.

Porque mientras el embajador estadounidense se indigna por dos relojes que Fidel llevaba hace más de sesenta años, representa a una administración cuyo presidente y entorno familiar mantienen negocios multimillonarios estrechamente relacionados con sectores económicos sobre los que el propio gobierno adopta decisiones.

No estamos hablando únicamente de rumores.

El 30 de junio de 2026, la agencia Reuters informó que las declaraciones financieras de Donald Trump correspondientes a 2025 registraban más de 1.400 millones de dólares en ingresos procedentes de negocios familiares relacionados con las criptomonedas. La misma agencia había estimado que la familia presidencial obtuvo al menos 2.300 millones de dólares en ganancias de sus principales proyectos de ese sector desde el regreso de Trump a la Casa Blanca.

Estos ingresos no constituyen por sí solos una demostración de ilegalidad. Pero plantean una pregunta inevitable: ¿hasta dónde puede llegar la separación entre los intereses públicos de un presidente y los intereses privados de sus empresas cuando ambos se encuentran en sectores directamente afectados por las decisiones de su administración?

La Casa Blanca niega que existan conflictos de intereses. Sin embargo, la existencia de esos negocios y la magnitud de sus ingresos están documentadas.

Hay otro asunto todavía más inquietante.

El 9 de abril de 2025, Donald Trump publicó en su red social Truth Social un mensaje indicando que era un excelente momento para comprar acciones. Menos de cuatro horas después anunció una suspensión temporal de determinados aranceles que provocó una fuerte recuperación de los mercados bursátiles.

Aquella coincidencia dio lugar a acusaciones y peticiones de investigación sobre una posible manipulación del mercado. No se ha demostrado que Trump o sus familiares realizaran operaciones bursátiles ilícitas aprovechando información privilegiada. Sería irresponsable afirmarlo sin pruebas.

Pero las preguntas siguen siendo legítimas: ¿quién conocía anticipadamente aquella decisión?, ¿quiénes compraron acciones antes del anuncio?, ¿quiénes obtuvieron las mayores ganancias?

Y, sobre todo, ¿qué mecanismos garantizan que las decisiones presidenciales no se conviertan en instrumentos de beneficio particular?

Como si todo esto no fuera suficiente, una investigación de Reuters publicada a finales de octubre de 2026 reveló que Truth Social ofrece a empresas financieras un servicio de acceso acelerado a las publicaciones presidenciales, por el cual algunos clientes pagan entre 60.000 y 100.000 dólares mensuales.

El servicio permite recibir los mensajes aproximadamente 50 milisegundos antes que los usuarios ordinarios. Puede parecer una diferencia insignificante, pero en el mundo de las operaciones bursátiles automatizadas esos milisegundos pueden representar ventajas económicas considerables.

La investigación identificó entre los clientes a Bloomberg y a las firmas financieras Susquehanna y Jump Trading. Trump Media cuestionó aspectos del reportaje y defendió el servicio como un producto tecnológico convencional. Entretanto, el fideicomiso familiar de Trump posee aproximadamente el 41 % de la empresa, de la que el presidente es beneficiario.

Insisto: estos hechos no demuestran una conspiración financiera. Pero revelan algo suficientemente importante como para merecer un examen público riguroso: una empresa económicamente vinculada al presidente comercializa el acceso anticipado a declaraciones presidenciales capaces de influir en los mercados financieros.

¿No encuentra usted, mister Waltz, ninguna contradicción entre esta situación y la indignación que le producen dos antiguos relojes?

Y mientras semejantes fortunas y negocios ocupan titulares, millones de estadounidenses continúan enfrentándose a dificultades para satisfacer necesidades fundamentales.

Según los datos de la propia Oficina del Censo de Estados Unidos, 34,5 millones de personas vivían en situación de pobreza en 2025 y 26,7 millones carecieron de seguro médico durante todo ese año. Es cierto que la tasa oficial de pobreza descendió respecto a 2024 y que aumentó el ingreso mediano de los hogares. Reconocer esos avances no elimina la magnitud de las carencias que persisten en la sociedad estadounidense.

Hablamos de la nación más poderosa del planeta, de una economía capaz de producir una riqueza extraordinaria y de un país donde millones de personas continúan padeciendo inseguridad económica.

¿No merece esa realidad una preocupación semejante a la que usted manifiesta por las dificultades materiales de los cubanos?

Naturalmente, los problemas estadounidenses no justifican los errores de la dirigencia cubana, como tampoco las deficiencias del sistema cubano justifican las medidas de presión económica de Washington. La crítica a los privilegios debe ser universal o corre el riesgo de convertirse en simple propaganda.

El problema no está en denunciar la riqueza o los privilegios de un gobernante, sino en utilizar selectivamente esas denuncias según quién sea el gobernante y cuáles sean los intereses políticos del denunciante.

Y todavía falta la cuestión más importante.

Cuba: ¿un país pobre o un país empobrecido?

Mister Waltz presenta las dificultades económicas de los cubanos como si fueran exclusivamente el resultado de las decisiones de su gobierno. Pero al hacerlo omite un elemento fundamental de la historia contemporánea de la isla: más de seis décadas de una política estadounidense concebida para ejercer presión económica sobre Cuba.

Porque hay una diferencia esencial entre ser pobre y haber sido empobrecido.

Cuba no es un país desprovisto de riquezas, capacidades o posibilidades de desarrollo. Posee recursos naturales, tierras cultivables, patrimonio cultural, potencial turístico y una población con importantes niveles de formación profesional y científica. Su situación económica actual no puede explicarse simplemente por una supuesta incapacidad natural para generar bienestar.

Cuba ha sufrido un prolongado proceso de restricciones externas que ha condicionado profundamente sus posibilidades de desarrollo.

No sostengo que todos los problemas económicos cubanos sean consecuencia del bloqueo. Sería desconocer los errores cometidos en la planificación, la administración, las políticas productivas y la organización de la economía, así como las limitaciones internas que también han contribuido a las dificultades actuales.

Pero tampoco puede ignorarse que, desde 1960, Estados Unidos comenzó a aplicar sanciones económicas contra Cuba, ampliadas en 1962 mediante un embargo comercial casi total y reforzadas posteriormente con nuevas leyes y regulaciones.

Y no estamos hablando solamente de la imposibilidad de comprar o vender productos en el mercado estadounidense.

Las restricciones financieras, las sanciones aplicables a determinadas operaciones con terceros países, las dificultades para acceder a créditos, los obstáculos bancarios y las limitaciones al transporte y a otros servicios internacionales han añadido costes a la actividad económica cubana.

Cuba puede comerciar con otros países, y existen excepciones que permiten determinadas ventas estadounidenses de alimentos, medicinas y otros productos. Sin embargo, esas posibilidades no eliminan el conjunto de restricciones que condiciona sus transacciones internacionales.

Las leyes Torricelli de 1992 y Helms-Burton de 1996 ampliaron el alcance de esa presión, afectando también a empresas y operaciones fuera de Estados Unidos.

Por tanto, hablar de una política de asfixia económica no es simplemente una expresión emocional. Es una caracterización política de un sistema de medidas cuyo propósito declarado incluye restringir las capacidades económicas del Estado cubano para provocar cambios políticos.

Y esa política tiene consecuencias materiales.

Cuando una economía encuentra mayores dificultades para comprar combustible, adquirir repuestos, acceder a financiamiento o realizar pagos internacionales, no solamente se perjudican los balances del Estado. Se afecta el funcionamiento de las fábricas, el transporte, la agricultura, los hospitales, la generación eléctrica y, finalmente, la vida cotidiana de sus habitantes.

En febrero de 2026, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su preocupación por el agravamiento de la crisis socioeconómica cubana, en el contexto de décadas de embargo comercial y financiero y de las nuevas medidas estadounidenses que restringían los suministros petroleros.

El organismo advirtió sobre las consecuencias para hospitales, servicios de emergencia, conservación de medicamentos, abastecimiento de agua y programas de protección social.

Y es aquí donde la discusión deja de ser una confrontación entre gobiernos para convertirse en una cuestión de derechos humanos.

Porque las medidas económicas no afectan solamente a quienes toman las decisiones políticas. Sus consecuencias alcanzan a los trabajadores, las personas enfermas, los niños, los ancianos y las familias que deben enfrentar la escasez cotidiana.

¿Puede usted, mister Waltz, hablar de los bajos salarios cubanos sin mencionar la política que su propio gobierno mantiene y que contribuye a restringir las posibilidades de crecimiento económico de la isla?

¿Puede lamentar las dificultades materiales del pueblo cubano mientras defiende medidas que contribuyen a encarecer sus importaciones, limitar sus ingresos y dificultar su acceso a recursos esenciales?

No se trata de afirmar que, sin el bloqueo, Cuba sería automáticamente una sociedad próspera, sin desigualdades ni problemas económicos. Ninguna investigación rigurosa puede garantizar semejante conclusión.

Se trata de reconocer que no es posible evaluar con justicia el desempeño económico de una nación ignorando las restricciones externas que ha soportado durante más de sesenta años.

Resulta imposible determinar con exactitud cuánto mayor sería hoy la riqueza nacional cubana si esas restricciones no hubieran existido. Pero esa incertidumbre no autoriza a borrar sus efectos ni a presentar la situación económica de la isla como si se hubiera desarrollado en condiciones normales de intercambio internacional.

Y ahí radica una de las principales contradicciones de su discurso: utilizar el empobrecimiento de una población como argumento contra sus gobernantes mientras se defiende una política que también contribuye a ese empobrecimiento.

La responsabilidad de un gobierno con su pueblo no desaparece porque existan agresiones o presiones externas. Pero la responsabilidad de quien ejerce esas presiones tampoco desaparece porque el gobierno afectado cometa errores.

Ambas responsabilidades deben examinarse.

Lo que no resulta aceptable es exigir cuentas por las consecuencias de una crisis y omitir deliberadamente la participación propia en las causas que la alimentan.

La moral de los relojes y la responsabilidad de los gobiernos

El 28 de octubre de 2026, la Asamblea General de las Naciones Unidas volvió a reclamar el levantamiento del embargo estadounidense mediante una resolución aprobada por 130 países, con 17 votos contrarios y 25 abstenciones.

Washington consiguió reducir considerablemente el respaldo internacional a la resolución respecto al año anterior. Es un hecho que debe reconocerse. Pero también lo es que una mayoría de los países que votaron continuó rechazando aquella política.

Incluso la Unión Europea, que reiteró sus preocupaciones sobre los derechos humanos y la responsabilidad de las autoridades cubanas en materia económica, reconoció expresamente los efectos económicos y humanitarios adversos del embargo y señaló que levantarlo facilitaría la aplicación de reformas y una mayor apertura económica.

Y aquí surge una contradicción moral que ninguna fotografía de Fidel puede resolver.

Si el pueblo cubano vive dificultades económicas, ¿por qué mantener medidas que contribuyen a agravarlas? Si la preocupación estadounidense es realmente el bienestar de las familias cubanas, ¿por qué no favorecer condiciones que permitan mejorar sus posibilidades de producción, comercio y desarrollo?

Puede usted cuestionar a Fidel Castro, a sus sucesores, al sistema económico y político de Cuba. Puede denunciar privilegios reales, exigir transparencia y criticar decisiones gubernamentales. Todo ello forma parte del debate legítimo.

Pero ninguna de esas críticas responde a la pregunta sobre la responsabilidad de Estados Unidos por las consecuencias de su propia política.

Y ningún reloj, por costoso que sea, puede utilizarse como justificación moral para imponer sufrimientos a una población.

Hay una vieja enseñanza que encuentra aquí una aplicación particularmente oportuna. Jesús preguntaba por qué nos preocupamos de la paja en el ojo ajeno mientras ignoramos la viga que llevamos en el nuestro. No era una invitación a renunciar a la crítica, sino a ejercerla desde la coherencia y la capacidad de examinarnos a nosotros mismos.

Porque denunciar la injusticia es necesario. Pero convertir la justicia en un arma que solamente apunta hacia nuestros adversarios termina por vaciarla de contenido.

Mister Waltz, antes de levantar ante el mundo la fotografía de los relojes de Fidel, quizás habría sido conveniente examinar las declaraciones financieras del presidente al que representa, los negocios de su entorno familiar y las condiciones materiales en las que viven millones de compatriotas suyos.

No para establecer una competencia sobre quién posee más riquezas o quién administra mejor sus contradicciones, sino para comprender que los principios éticos no pueden depender de la nacionalidad ni de la orientación política de quien los invoca.

Los derechos humanos no son patrimonio de Washington, La Habana ni de ninguna otra capital. La justicia social tampoco puede convertirse en un argumento que utilizamos contra nuestros adversarios y olvidamos cuando compromete nuestros propios intereses.

La pobreza de un pueblo no debe servir como escenografía para el discurso político de quienes dicen defenderlo, mientras mantienen políticas que pueden contribuir a prolongar su sufrimiento.

Al final, la cuestión nunca fue cuánto cuestan los Rolex de Fidel.

La verdadera cuestión es cuánto vale la coherencia de quienes pretenden impartir lecciones de moral al resto del mundo.

Y, por supuesto, cuánto cuesta a los pueblos la hipocresía de sus gobernantes.

Porque, como dice el viejo refrán, quien tiene tejado de vidrio no debería arrojar piedras al tejado del vecino.

Y mucho menos pretender que nadie observe las grietas del suyo.

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Fuentes documentales

• Archivo de Seguridad Nacional — Historia de las sanciones estadounidenses contra Cuba.

• Departamento de Estado de EE. UU. — Ley de Democracia Cubana de 1992.

• Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos — Impactos de la crisis cubana, febrero de 2026.

• Unión Europea — Declaración ante la ONU sobre el embargo, 28 de octubre de 2026.

• Reuters — Ingresos declarados por Trump provenientes de criptomonedas, junio de 2026.

• Reuters — Acceso acelerado a las publicaciones de Trump para operadores de Wall Street, octubre de 2026.

UNA HISTORIA COGIDA POR LOS PELOS

Cuando el humo se convierte en prueba: los supuestos nazis de Fidel Castro y la construcción política de una historia

Hay una diferencia fundamental entre investigar el pasado para descubrir la verdad y utilizar fragmentos del pasado para confirmar una convicción política. La primera exige pruebas, contrastación y disposición a rectificar; la segunda puede conformarse con indicios, insinuaciones y una buena dosis de imaginación.

El 25 de octubre de 2026, el medio digital 14ymedio publicó un artículo de Rolando Gallardo titulado Fidel Castro y los fantasmas nazis de la Revolución, en el que se afirma que, durante la Crisis de los Misiles de octubre de 1962, el Gobierno revolucionario cubano contrató a cuatro antiguos miembros de las Waffen-SS para entrenar a sus fuerzas armadas. La acusación se apoya en documentos del Servicio Federal de Inteligencia de Alemania Occidental, el BND, publicados en 2012 y disponibles para su consulta.

A primera vista, la historia parece reunir todos los ingredientes de una revelación histórica: documentos desclasificados, fechas precisas, servicios secretos, traficantes internacionales de armas, antiguos nazis y, como protagonista político, Fidel Castro. La combinación resulta suficientemente atractiva como para despertar curiosidad y, sobre todo, provocar indignación. Pero cuando examinamos detenidamente las fuentes y distinguimos lo que efectivamente dicen de lo que el autor les hace decir, descubrimos que estamos ante una historia que, como diríamos en Cuba, está bastante cogida por los pelos.

No porque el documento sea falso. Tampoco porque debamos considerar imposible que la Revolución cubana utilizara los servicios de antiguos militares alemanes. Lo verdaderamente cuestionable es el procedimiento mediante el cual una información de inteligencia, sin corroboración suficiente en la documentación presentada, termina convertida en un acontecimiento histórico indiscutible y, a partir de él, en una condena moral de todo un proceso revolucionario.

Del informe a la certeza: el primer salto

Comencemos por lo que realmente sabemos. El 26 de octubre de 1962, en plena confrontación entre Estados Unidos y la Unión Soviética, el BND elaboró un informe identificado como 0/317/62. En él se recogía información proporcionada por una fuente infiltrada en un círculo de comerciantes de armas relacionado con los alemanes Otto Ernst Remer y Ernst-Wilhelm Springer.

Según esa fuente, existía un proyecto para introducir clandestinamente en Alemania Occidental unos cuatro mil subfusiles belgas que, después de pasar por intermediarios vinculados al Frente de Liberación Nacional argelino, serían enviados a Cuba. El mismo informante comunicó que se estaban buscando antiguos oficiales paracaidistas, miembros de las Waffen-SS y especialistas de unidades técnicas para trabajar como instructores en la isla. Afirmaba, además, que cuatro antiguos integrantes de las Waffen-SS habían sido reclutados y recibieron instrucciones para su traslado a Cuba el 25 de octubre.

Esto es lo que consta en el documento. Y merece investigarse.

Pero conviene formular una pregunta elemental: ¿qué es exactamente lo que demuestra?

Demuestra que el BND recibió y registró aquella información. Demuestra que el servicio consideró suficientemente importante la noticia como para incluirla en sus informes. Demuestra que existían individuos relacionados con el comercio internacional de armas cuyas actividades despertaban el interés de la inteligencia alemana.

Lo que no demuestra, por sí mismo, es que el Gobierno cubano contratara efectivamente a esos hombres, que estos viajaran a la isla, que recibieran un salario de las autoridades revolucionarias o que llegaran a entrenar soldados cubanos.

La diferencia no es un detalle menor. Constituye la frontera entre el documento como testimonio histórico y el documento como prueba concluyente de los acontecimientos que relata.

Un servicio de inteligencia recoge noticias de distinta procedencia, algunas obtenidas mediante observación directa y otras mediante informantes, intermediarios o terceros. Algunas resultan verdaderas; otras, incompletas, exageradas, equivocadas o deliberadamente falsas. Precisamente por eso existen los procedimientos de evaluación y contrastación de fuentes.

El carácter secreto de un informe no garantiza su veracidad. Una clasificación de seguridad sirve para proteger información y procedimientos, no para certificar la exactitud de cada noticia que contiene.

Y aquí aparece la primera operación narrativa del artículo: transformar lo que una fuente dijo al BND en algo que el BND habría demostrado y, posteriormente, en un hecho que la historia debería aceptar.

Cuatro hombres sin nombres y una operación sin desenlace

Resulta particularmente llamativa la ausencia de elementos esenciales para reconstruir los acontecimientos.

¿Quiénes eran aquellos cuatro antiguos militares? ¿A qué unidades habían pertenecido durante la Segunda Guerra Mundial? ¿Quién los contrató? ¿Qué autoridad cubana autorizó la operación? ¿Cuándo salieron de Alemania? ¿En qué barco o avión viajaron? ¿En qué lugar de Cuba estuvieron destinados? ¿Cuánto tiempo permanecieron allí? ¿Qué militares cubanos recibieron su instrucción?

No tenemos respuestas documentadas a esas preguntas en las fuentes publicadas que sustentan la acusación.

El estudio histórico del BND menciona un segundo indicio según el cual dos de aquellos hombres habrían llegado a Cuba. Pero tampoco proporciona sus nombres, registros migratorios, contratos o testimonios personales que permitan confirmar independientemente esa llegada.

Naturalmente, la falta de esos datos en una publicación no demuestra que jamás existieran. Los archivos de inteligencia pueden permanecer incompletos o contener información todavía clasificada. Sin embargo, después de más de seis décadas, y tras la publicación de los documentos en 2012, seguimos sin disponer en las fuentes citadas de una reconstrucción verificable de las vidas y actividades de esos supuestos instructores en Cuba.

Lo curioso es que esa precariedad documental no conduce al articulista a expresar prudencia. Ocurre exactamente lo contrario: cuanto menos conocemos sobre los protagonistas, más categóricas parecen volverse las conclusiones.

Incluso la supuesta corroboración que aparece en el informe original resulta insuficiente. El BND relacionó la noticia de los instructores con una información radiofónica sobre la posible creación de una brigada internacional de voluntarios para defender Cuba, integrada por personas de diferentes nacionalidades, entre ellas alemanes occidentales.

Pero una brigada de voluntarios extranjeros no confirma que sus miembros fueran antiguos oficiales nazis. Dos noticias pueden parecer relacionadas sin demostrar el mismo acontecimiento.

Estamos ante una cuestión clásica de la crítica de fuentes: una información no se convierte en verdadera simplemente porque otra información, igualmente general, resulte compatible con ella.

La Guerra Fría: un escenario donde la información también era un arma

Sería un error examinar este asunto sin considerar el contexto en que se produjo.

Estamos en octubre de 1962. Cuba acaba de atravesar una invasión organizada desde el exterior, enfrenta operaciones encubiertas contra su Gobierno y se encuentra en el centro de una confrontación nuclear entre las dos mayores potencias militares de la época.

La Guerra Fría no se libraba solamente mediante ejércitos, bases militares, alianzas diplomáticas y sanciones económicas. También se desarrollaba en el terreno de la información, el espionaje, la propaganda y las operaciones psicológicas.

Las agencias de inteligencia no eran instituciones académicas dedicadas a reconstruir desapasionadamente la historia. Eran instrumentos de Estados enfrentados, encargados de producir información útil para sus respectivos intereses estratégicos.

El propio BND estaba dirigido por Reinhard Gehlen, antiguo responsable de inteligencia militar de Hitler en el frente oriental. Los trabajos históricos de la agencia reconocen que Gehlen había defendido la posibilidad de una intervención militar preventiva estadounidense contra Cuba.

¿Significa esto que debemos considerar falsos todos sus informes? En absoluto. Sería tan absurdo aceptar una noticia por proceder de un servicio occidental como rechazarla automáticamente por esa misma razón.

Significa, sencillamente, que sus documentos deben ser sometidos a crítica histórica, examinando el origen de la información, los posibles intereses de quienes la suministraron, las condiciones de su producción y la existencia de corroboraciones independientes.

En este caso, tampoco podemos afirmar que la noticia de los cuatro antiguos SS fuera una operación deliberada de desinformación. No tenemos pruebas de ello. Pudo corresponder a un plan real, a un negocio que nunca se concretó, a un rumor exagerado o a una noticia intencionalmente manipulada.

Todas esas posibilidades exigen investigación.

Pero hay una diferencia entre el informe confidencial de 1962 y su reutilización periodística posterior. El primero recogía información para un servicio de inteligencia. El artículo de 2026, publicado expresamente como opinión, utiliza esa información para sostener una interpretación política del carácter de la Revolución cubana.

El problema no reside en que exista una interpretación política. Toda reflexión histórica puede tener consecuencias políticas. El problema comienza cuando la interpretación pretende ocupar el lugar de la comprobación.

Armas legales, intermediarios y negocios que no aparecen

Hay otra cuestión que merece atención.

El artículo presenta como un descubrimiento especialmente revelador que la Revolución cubana hubiera intentado adquirir armamento mediante redes internacionales donde participaban antiguos nazis.

Sin embargo, sabemos que Cuba había comprado legalmente armamento en Europa occidental desde los primeros meses de 1959. Un informe de la propia CIA documenta un importante contrato con la empresa belga Fabrique Nationale, así como adquisiciones militares realizadas en Italia. El cargamento transportado por el vapor francés La Coubre, cuya explosión en el puerto de La Habana el 4 de marzo de 1960 provocó una tragedia, formaba parte de aquel contexto de adquisiciones militares europeas.

También sabemos que las circunstancias cambiaron. Las restricciones estadounidenses, las presiones diplomáticas y la creciente confrontación pudieron dificultar posteriores compras. Por tanto, no sería imposible que Cuba buscara intermediarios alternativos, incluidos operadores que actuaran al margen de determinadas leyes comerciales europeas.

Pero nuevamente debemos preguntarnos: ¿dónde está la operación cubana que se pretende demostrar?

El informe alemán habla de un cargamento cuyo transporte estaba previsto para los días posteriores a su redacción. No aporta una orden de compra firmada por autoridades cubanas, un pago realizado, una autorización de exportación ni una constancia de entrega en La Habana.

El cargamento todavía no había llegado a Alemania cuando el documento describía la operación proyectada. Y las informaciones publicadas no establecen que terminara llegando a Cuba.

Incluso la calificación de comercio ilegal requiere precisión. El informe se refiere expresamente a la introducción clandestina de armas en Alemania Occidental. Eso no demuestra automáticamente que una eventual adquisición por Cuba fuera ilegal conforme a la legislación cubana o al derecho internacional.

El documento resulta valioso para investigar una posible red comercial. Pero no autoriza a presentar como hecho consumado una transacción cuya ejecución no está demostrada.

Los nazis que sí estaban contratados

Y aquí surge una contradicción histórica que el artículo apenas aborda.

Mientras el BND investigaba el posible reclutamiento de cuatro antiguos miembros de las Waffen-SS para Cuba, el propio servicio alemán mantenía relaciones profesionales con personal procedente del aparato represivo nazi.

El caso de Walther Rauff resulta especialmente significativo. Vinculado al desarrollo y utilización de los camiones de gas empleados en los asesinatos masivos del régimen hitleriano, Rauff trabajó como colaborador de inteligencia del BND entre octubre de 1958 y octubre de 1962.

No se trata de una sospecha ni de una información anónima. La colaboración fue confirmada oficialmente por el Gobierno alemán en una respuesta parlamentaria de octubre de 2011. El propio Gobierno reconoció que el BND conocía sus antecedentes nazis desde el inicio de esa relación.

La diferencia documental resulta extraordinaria: para los cuatro supuestos instructores de Cuba tenemos informes sin identificación personal pública suficiente; para Rauff contamos con nombre, fechas precisas, vínculos institucionales y reconocimiento oficial.

No se trata de justificar una eventual contratación cubana recurriendo a los antecedentes de Alemania Occidental. Si Cuba hubiera empleado conscientemente a criminales de guerra, correspondería investigar y juzgar históricamente esa decisión.

Pero tampoco puede ignorarse que, durante la Guerra Fría, diferentes Estados incorporaron a sus programas científicos, militares y de inteligencia a antiguos especialistas del Tercer Reich. Estados Unidos desarrolló la conocida Operación Paperclip; la Unión Soviética trasladó técnicos alemanes a sus instalaciones; ambas Alemanias utilizaron personal con trayectorias anteriores en las instituciones militares del Reich.

La historia de esa época está llena de contradicciones entre los principios proclamados y los intereses estratégicos.

Exigir coherencia ética a la Revolución cubana es legítimo. Presentar una posible colaboración con antiguos militares alemanes como una singularidad inconcebible, ignorando las prácticas documentadas de otras potencias, empobrece el análisis.

Hay, además, una precisión jurídica indispensable. El Tribunal de Núremberg declaró criminal a la organización SS, incluidas las Waffen-SS, pero estableció condiciones para determinar la responsabilidad penal de sus integrantes, atendiendo al conocimiento de las actividades criminales, la participación personal y las circunstancias de incorporación.

Pertenecer a las Waffen-SS no permite atribuir automáticamente a una persona todos los crímenes cometidos por aquella organización. Tampoco permite absolverla de responsabilidades sin examinar sus antecedentes. Y precisamente esos antecedentes individuales son los que desconocemos en el caso investigado.

Cuando la conclusión está escrita antes de terminar la investigación

Quizás el aspecto más revelador del artículo no sea lo que dice sobre 1962, sino la forma en que utiliza aquella historia para llegar a una conclusión política predeterminada.

Después de presentar los supuestos reclutamientos, el autor introduce una sucesión de episodios históricos de diferentes décadas: relaciones diplomáticas, conflictos internacionales, decisiones del Gobierno cubano y controversias políticas que no guardan relación probatoria directa con la contratación de aquellos cuatro hombres.

El efecto narrativo es evidente. Los episodios se acumulan para construir una imagen general, de manera que cada nueva referencia parece confirmar la anterior. Pero ninguna de esas referencias demuestra que los supuestos instructores existieran como empleados del Gobierno cubano.

Es una técnica argumentativa reconocible: la acumulación de hechos, interpretaciones y acusaciones heterogéneas produce una impresión de solidez que puede ocultar la debilidad de la premisa inicial.

Más significativo todavía es el paso de la posibilidad a la responsabilidad personal. El autor razona que Fidel Castro no podía desconocer una operación militar de ese tipo y, por tanto, habría que atribuirle conocimiento y responsabilidad.

Pero la presunción de que alguien debía conocer un acontecimiento no demuestra que ese acontecimiento se produjera, ni que esa persona lo conociera efectivamente.

Para establecer la responsabilidad personal de Castro sería necesario demostrar primero que existió una contratación real y después reconstruir quién la autorizó, quién la ejecutó y qué información llegó al dirigente cubano.

Sin esos pasos, la conclusión descansa sobre una cadena de suposiciones.

El resultado aparece claramente en la frase final del artículo, donde se caracteriza al proceso revolucionario como «una revolución que nunca tuvo principios, sino socios».

Esta afirmación deja al descubierto la amplitud de la conclusión que se pretende extraer. Un informe de inteligencia sobre un posible reclutamiento termina convertido en una sentencia moral sobre más de seis décadas de historia política cubana.

La desproporción entre las pruebas ofrecidas y el alcance de la condena es precisamente lo que merece ser cuestionado.

El archivo no sustituye a la investigación histórica

Existe una tendencia contemporánea a tratar cualquier documento desclasificado como si su contenido constituyera una verdad revelada.

El razonamiento parece sencillo: si un servicio secreto lo escribió, si permaneció oculto durante décadas y si finalmente fue publicado, entonces debe ser cierto.

Pero los archivos contienen documentos verdaderos que pueden registrar noticias falsas. Contienen errores de evaluación, sospechas descartadas, operaciones frustradas, testimonios contradictorios y rumores cuya procedencia jamás fue aclarada.

La autenticidad de un documento y la veracidad de todas sus afirmaciones son cuestiones diferentes.

Un archivo auténtico puede demostrar que alguien dijo algo sin demostrar que aquello ocurrió.

Por eso, una investigación histórica rigurosa necesita establecer la procedencia de la información, contrastarla con otras fuentes y reconstruir, hasta donde sea posible, la secuencia de acontecimientos.

En el asunto que nos ocupa, la pregunta continúa abierta desde 1962: ¿quiénes eran aquellos cuatro hombres y qué ocurrió finalmente con ellos?

Mientras no dispongamos de elementos suficientes para responderla, lo intelectualmente responsable es reconocer la incertidumbre.

También corresponde preguntarse por qué, después de catorce años de circulación pública de estos documentos, el relato reaparece sin aportar una corroboración sustancial de sus afirmaciones más graves.

Que una historia haya sido publicada en Alemania en 2012, reproducida después por otros medios y retomada nuevamente en 2026 no significa que existan tres investigaciones independientes. Puede significar, simplemente, que una misma información ha circulado durante catorce años sin que sus aspectos esenciales hayan podido verificarse.

Y aquí surge otra confusión frecuente: la repetición no constituye corroboración.

Mil personas pueden repetir una noticia cuyo origen sigue siendo un único informante anónimo. Esa multiplicación de voces no transforma necesariamente el rumor original en conocimiento histórico.

La crítica no necesita inventar certezas

Nada de lo anterior significa que debamos construir una historia de la Revolución cubana libre de errores, contradicciones o decisiones cuestionables.

No sería historia, sino una forma de veneración.

Todo proceso revolucionario, por profundas que hayan sido sus aspiraciones transformadoras, debe ser examinado críticamente. Sus actuaciones merecen el mismo rigor que exigimos cuando se investigan las prácticas de los gobiernos que lo combatieron.

Pero la crítica seria no gana fuerza presentando sospechas como certezas. La pierde.

Si algún día aparecen documentos que demuestren que Cuba contrató a antiguos militares de las Waffen-SS, habrá que reconocerlo, estudiar las circunstancias y determinar las responsabilidades correspondientes. Si aparecen pruebas de que aquellos hombres nunca llegaron a Cuba, también habrá que incorporarlas al conocimiento histórico.

Y si permanecemos sin pruebas suficientes para decidir entre ambas posibilidades, debemos tener la honestidad de decirlo.

Lo que no resulta aceptable es convertir la ausencia de respuestas en una licencia para inventar conclusiones.

En realidad, el artículo de 14ymedio permite observar un mecanismo más amplio de construcción del relato político: se parte de un elemento auténtico, se seleccionan sus aspectos más llamativos, se reducen las incertidumbres, se encadenan inferencias y finalmente se presenta como evidencia histórica una conclusión que el documento original no puede sostener.

No necesitamos demostrar que el autor falsificó deliberadamente información para cuestionar ese procedimiento. Basta con comparar sus afirmaciones categóricas con el contenido y los límites de las fuentes que utiliza.

La distancia entre ambos es suficientemente reveladora.

Cuando el humo termina pareciendo una montaña

Esta historia es interesante no solamente por lo que pudiera revelar sobre la Cuba de 1962, sino por lo que revela acerca de nuestra relación contemporánea con el pasado.

En una sociedad profundamente polarizada, los acontecimientos históricos corren el riesgo de convertirse en municiones destinadas a los adversarios. Se buscan documentos que confirmen nuestras convicciones y se concede menos importancia a los que las contradicen. Se magnifican las sombras del otro mientras se relativizan las propias.

El pasado deja entonces de ser un territorio de investigación para convertirse en un almacén de argumentos.

Frente a esa tendencia, la crítica histórica debería mantener una disciplina elemental: no afirmar más de lo que las pruebas permiten, no confundir posibilidades con hechos y no convertir nuestras preferencias políticas en criterios de verdad.

El caso de los supuestos instructores nazis muestra hasta qué punto una historia puede adquirir apariencia de solidez mediante la acumulación de detalles verdaderos que no demuestran la acusación central.

Existió el BND. Existió el informe. Existieron Remer y Springer. Existió una red de comerciantes internacionales de armas. Existió la HIAG. Existió la confrontación militar de octubre de 1962. También existieron las relaciones entre Cuba y Argelia.

Todos esos elementos son históricamente relevantes.

Pero su existencia no demuestra automáticamente que cuatro antiguos oficiales de las Waffen-SS fueran contratados por Fidel Castro, viajaran a Cuba y entrenaran a sus soldados.

Entre una cosa y otra hay una distancia que solamente puede recorrerse con pruebas.

El problema no es que falten acontecimientos reales en el relato. Es que los acontecimientos reales son utilizados para conferir apariencia de certeza a aquello que continúa sin demostrarse.

Quizás esa sea la enseñanza más importante de todo este episodio: una historia puede estar construida con piezas auténticas y, sin embargo, ofrecer una conclusión que no se desprende de ellas.

Y cuando esa conclusión sirve para confirmar una posición política previa, el peligro de confundir interpretación con demostración se multiplica.

Por eso, antes de aceptar una revelación histórica que parece demasiado adecuada para desacreditar a quienes consideramos adversarios, convendría formular tres preguntas sencillas: ¿qué sabemos realmente?, ¿cómo lo sabemos? y ¿qué parte de la historia estamos completando con nuestras propias convicciones?

No se trata de defender a Fidel Castro de una acusación, ni de absolver anticipadamente a la Revolución cubana de decisiones que pudieran resultar incómodas. Se trata de defender algo anterior y más necesario: el derecho de la historia a no ser sustituida por la propaganda.

Porque un informe no es una sentencia, una sospecha no es una prueba y la repetición de una acusación no la convierte en verdad.

El humo puede indicar que existe un fuego. Pero también puede proceder de una máquina de humo. La tarea de quien investiga no consiste en describir las llamas antes de encontrarlas, sino en averiguar qué está produciendo realmente ese humo.

Y en este caso, sesenta y cuatro años después, seguimos teniendo más humo que fuego.

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Fuentes documentales principales

Rolando Gallardo, «Fidel Castro y los fantasmas nazis de la Revolución», 14ymedio, 25 de octubre de 2026. Consultar el artículo.

Bodo Hechelhammer (ed.), Der Bundesnachrichtendienst und die Kuba-Krise, BND, publicado originalmente en 2012. Especialmente el documento 30, informe 0/317/62, fechado el 26 de octubre de 1962, archivo BND 14578. Consultar la edición oficial ampliada en alemán.

Deutscher Bundestag, Drucksache 17/7451: Aufklärung über die Zusammenarbeit des BND mit NS-Tätern, 24 de octubre de 2011. Respuesta gubernamental sobre la colaboración de Walther Rauff con el BND. Consultar el documento.

Tribunal Militar Internacional de Núremberg, sentencia sobre las organizaciones acusadas, 1946, apartado correspondiente a las SS. Consultar el texto jurídico.

Central Intelligence Agency, documentación sobre adquisiciones militares cubanas en Bélgica e Italia, contratos de 1959. Consultar el documento desclasificado.

Departamento de Estado de Estados Unidos, Foreign Relations of the United States, 1961–1963, volumen X, documento 181, 26 de abril de 1961. Informe sobre suministros militares del bloque socialista a Cuba y compras previas de armamento en Europa occidental. Consultar el archivo histórico.

Cuando el poder se vuelve invisible

 La propaganda, los derechos humanos y la fabricación del consenso

Reflexiones en voz alta

Hubo un tiempo en que resultaba relativamente fácil identificar la procedencia de buena parte de la propaganda política. Los gobiernos, las instituciones estatales y los partidos políticos, tanto desde el poder como desde la oposición, disponían de departamentos especializados en divulgar sus ideas, defender sus proyectos y disputar la opinión pública. Los mensajes llevaban generalmente una identificación institucional o partidista que permitía reconocer quién hablaba y desde qué posición política lo hacía.

Aquellas estructuras no han desaparecido. Lo que ha sucedido es que a ellas se ha incorporado una inmensa red de empresas de comunicación, industrias culturales, plataformas digitales, fundaciones, centros de investigación, organizaciones sociales y determinadas instituciones religiosas que participan en la producción y circulación de discursos políticos.

El fenómeno no consiste simplemente en la multiplicación de los emisores. Lo verdaderamente significativo es que determinados intereses políticos y económicos pueden expresarse ahora mediante intermediarios cuya apariencia de independencia les confiere una credibilidad que difícilmente alcanzarían presentándose directamente como portavoces de esos intereses.

Podríamos denominarlo blanqueamiento de la propaganda. Un proceso mediante el cual discursos vinculados a relaciones de poder adquieren legitimidad bajo la apariencia de información neutral, investigación científica, compromiso humanitario o expresión espontánea de la sociedad civil.

Pero limitarse a denunciar una supuesta manipulación organizada desde las alturas sería insuficiente. La realidad es bastante más compleja. No siempre existen órdenes directas ni conspiraciones centralizadas. Muchas veces bastan intereses convergentes, dependencias económicas, afinidades culturales y mecanismos institucionales que determinan cuáles problemas merecen atención, cuáles voces son reconocidas y qué soluciones se consideran aceptables.

Y precisamente ahí encontramos una de las claves de la propaganda contemporánea: el poder puede ejercer influencia sin necesidad de aparecer como protagonista del discurso.

La construcción de una hegemonía cultural

El fenómeno tiene raíces históricas profundas. Walter Lippmann, en su obra Public Opinion, publicada en 1922, examinó cómo las personas construyen su percepción del mundo a partir de representaciones de acontecimientos que no conocen por experiencia directa.

Edward Bernays, uno de los pioneros de las relaciones públicas modernas, defendió posteriormente la utilización sistemática de técnicas de persuasión capaces de orientar opiniones y comportamientos colectivos.

Antonio Gramsci aportó una dimensión todavía más profunda mediante su concepto de hegemonía. Comprendió que el poder no se sostiene exclusivamente por la coerción, sino también mediante la construcción de consentimiento. La escuela, los medios, las asociaciones, las iglesias y los intelectuales intervienen en la formación de aquello que una sociedad considera natural, legítimo o inevitable.

Más tarde, Edward S. Herman y Noam Chomsky, en Manufacturing Consent, analizaron cómo la estructura económica de los grandes medios puede condicionar la selección, presentación y difusión de las noticias sin necesidad de una censura gubernamental directa.

Estas aportaciones permiten comprender que la propaganda más eficaz no necesita recurrir sistemáticamente a la mentira. Puede operar con hechos verdaderos, seleccionando unos, amplificando otros y excluyendo del debate acontecimientos igualmente relevantes.

La fabricación del consenso consiste, en buena medida, en determinar qué debe preocuparnos, por quién debemos sentir indignación y cuáles soluciones terminamos considerando razonables.

Del cine a los algoritmos: aprender a mirar el mundo

La industria cinematográfica ha desempeñado un papel extraordinario en la formación de imaginarios colectivos. Sus relatos construyen héroes, enemigos, amenazas y aspiraciones. Mediante historias aparentemente alejadas de la política, pueden contribuir a naturalizar determinadas concepciones del poder, de la libertad y del progreso.

La prolongada colaboración entre el Departamento de Defensa estadounidense y productoras de Hollywood demuestra que estas relaciones no son solamente una interpretación teórica. Existen mecanismos institucionales de asesoramiento y cooperación que pueden influir en las representaciones audiovisuales de las fuerzas armadas.

Naturalmente, la industria cinematográfica también produce obras críticas. Lo importante es reconocer que constituye un terreno de disputa cultural, en el que intervienen intereses comerciales, estatales e ideológicos.

Los medios informativos tradicionales, por su parte, no solamente comunican acontecimientos. También establecen jerarquías de importancia, seleccionan interlocutores autorizados y construyen marcos interpretativos.

Con las redes sociales hemos entrado en una etapa todavía más sofisticada. Millones de personas pueden producir contenidos, pero unas pocas corporaciones controlan buena parte de la infraestructura que determina su circulación.

La libertad de publicar no garantiza igualdad de visibilidad.

Además, las plataformas pueden convertir a los propios ciudadanos en reproductores de mensajes que perciben como expresiones de su independencia personal. La propaganda ya no necesita presentarse como la voz de la autoridad. Puede presentarse como la voz de la rebeldía.

Y aquí encontramos una paradoja inquietante: determinadas personas pueden sentirse profundamente contestatarias mientras reproducen discursos funcionales a los intereses de sectores dominantes.

La sociedad civil y la legitimidad prestada

Pero existe otro conjunto de actores cuya influencia resulta especialmente interesante porque procede de una autoridad distinta de la económica o la política: la autoridad moral.

Determinadas iglesias, fundaciones, centros de investigación y organizaciones no gubernamentales disfrutan de la confianza que sus actividades educativas, humanitarias, científicas o religiosas generan entre amplios sectores sociales.

Esa confianza puede ser perfectamente merecida. Muchas de estas instituciones realizan trabajos imprescindibles y constituyen espacios reales de resistencia frente al poder.

Sin embargo, su prestigio también puede ser utilizado para conferir legitimidad a discursos cuyos vínculos políticos y económicos no resultan suficientemente visibles.

Una iglesia puede convertir determinadas preferencias políticas en aparentes obligaciones religiosas. Una fundación puede presentar como conclusión científica lo que constituye una interpretación condicionada por determinados supuestos ideológicos. Una organización civil puede ser elevada a la categoría de representante de una sociedad sin que exista evidencia de que realmente la represente.

En estos casos se produce una transferencia de legitimidad: la confianza obtenida en un ámbito se traslada hacia otro en el que no necesariamente está justificada.

El fenómeno adquiere una especial gravedad cuando esa legitimidad moral es utilizada para justificar sanciones económicas, intervenciones extranjeras o acciones militares.

Los derechos humanos: entre la emancipación y el poder

La Declaración Universal de los Derechos Humanos representó un avance histórico extraordinario. Su reconocimiento de la dignidad inherente a todas las personas constituye una conquista que debemos preservar y desarrollar.

Pero una cosa son los derechos humanos como principios universales y otra las instituciones que han asumido la tarea de interpretarlos, defenderlos y promoverlos.

Estas instituciones no existen fuera de la historia. Se desarrollan dentro de relaciones culturales, económicas y geopolíticas concretas.

El jurista keniano Makau Mutua, en su ensayo Savages, Victims, and Saviors, publicado en 2001, formuló una crítica particularmente relevante al discurso internacional de los derechos humanos.

Según Mutua, una parte de ese discurso reproduce una estructura narrativa en la que aparecen tres personajes: los salvajes, responsables de la opresión; las víctimas, generalmente representadas como seres indefensos; y los salvadores, frecuentemente identificados con instituciones y valores occidentales.

El problema no consiste en que no existan víctimas ni violaciones reales. Consiste en que esa representación puede reproducir una relación de superioridad cultural en la que determinadas sociedades son presentadas como incapaces de resolver sus contradicciones sin la intervención tutelar de actores externos.

Desde esa perspectiva, los derechos humanos pueden convertirse en una nueva forma de legitimar relaciones de subordinación.

El investigador Stephen Hopgood, en The Endtimes of Human Rights, también ha examinado la dependencia histórica del movimiento internacional de derechos humanos respecto del orden político y cultural occidental. Su análisis cuestiona la identificación automática entre la expansión de determinadas instituciones internacionales y la realización efectiva de una justicia universal.

Por su parte, David Kennedy, en The Dark Sides of Virtue, advirtió sobre los efectos indeseados que pueden producir las intervenciones humanitarias cuando sus promotores no examinan críticamente las relaciones de poder y las consecuencias políticas de sus propias acciones.

Estas críticas nos obligan a formular una pregunta incómoda: ¿hasta qué punto determinadas organizaciones internacionales reconocen verdaderamente la diversidad de las experiencias históricas y culturales, y hasta qué punto interpretan las realidades ajenas mediante categorías construidas desde sus propias sociedades?

El universalismo de los derechos humanos no debería significar la universalización de una única experiencia cultural.

Y mucho menos debería convertir a Occidente en juez permanente de los demás pueblos, mientras sus propias estructuras de dominación económica, política y militar quedan relativamente al margen del examen.

Antes de las bombas: la construcción de la urgencia moral

Llegamos así a uno de los aspectos centrales de nuestra reflexión.

Cuando una guerra comienza, suele existir ya una narrativa que ha preparado a una parte de la opinión pública para aceptarla. Determinados gobiernos son presentados como amenazas intolerables; ciertas atrocidades adquieren enorme visibilidad; las víctimas se convierten en símbolos de una emergencia y la intervención extranjera aparece progresivamente como una respuesta necesaria.

Las organizaciones de derechos humanos pueden intervenir en esa construcción mediante sus investigaciones, campañas, pronunciamientos y relaciones con instituciones políticas.

Sería incorrecto afirmar que toda denuncia de una violación de derechos humanos constituye propaganda. Pero tampoco podemos suponer que los discursos humanitarios permanecen necesariamente ajenos a las estrategias políticas de quienes los promueven o utilizan.

La pregunta no es solamente si las denuncias son verdaderas. También debemos investigar cómo fueron verificadas, qué contexto se proporcionó, cuáles alternativas se consideraron y qué papel desempeñaron en la legitimación de decisiones posteriores.

Un episodio particularmente revelador ocurrió antes de la guerra del Golfo de 1991.

En octubre de 1990, una joven kuwaití conocida públicamente como Nayirah relató ante un grupo de congresistas estadounidenses que soldados iraquíes habían sacado a bebés de sus incubadoras, dejándolos morir. El testimonio alcanzó una enorme repercusión y fue utilizado por partidarios de la intervención militar.

Posteriormente se conoció que la joven era hija del embajador kuwaití en Washington y que su testimonio había sido presentado en el contexto de una campaña de relaciones públicas vinculada a la firma Hill & Knowlton.

Amnistía Internacional había contribuido inicialmente a dar credibilidad a denuncias semejantes. Sin embargo, las investigaciones posteriores no encontraron pruebas fiables de que las atrocidades de las incubadoras hubieran ocurrido como se había afirmado, y la organización rectificó su posición.

Middle East Watch, por el contrario, había cuestionado tempranamente esas acusaciones.

Este episodio demuestra algo fundamental: la credibilidad de una organización humanitaria puede contribuir a convertir una acusación no verificada en una poderosa justificación moral de una guerra.

La rectificación posterior resulta necesaria, pero no puede deshacer automáticamente los efectos que el relato produjo cuando todavía era políticamente decisivo.

No se trata de negar las violaciones reales cometidas durante la ocupación iraquí de Kuwait. Se trata de comprender cómo una atrocidad falsa pudo incorporarse a la narrativa de una guerra en medio de atrocidades verdaderas.

Libia: de proteger a los civiles a transformar el régimen

En 2011, durante la crisis libia, las denuncias de represión gubernamental y el peligro que afrontaban determinadas poblaciones civiles adquirieron una enorme relevancia internacional.

Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch reclamaron acciones urgentes para impedir nuevas violaciones.

El 17 de marzo de aquel año, Human Rights Watch advirtió del grave peligro que afrontaban los habitantes de Bengasi. Después de que el Consejo de Seguridad aprobara la Resolución 1973, su entonces director ejecutivo, Kenneth Roth, celebró que el organismo hubiera dejado abiertas todas las opciones para impedir atrocidades.

Amnistía Internacional también reclamó medidas urgentes y valoró positivamente que la resolución situara la protección de los civiles en primer plano, aunque insistió en la necesidad de respetar las leyes de la guerra.

La resolución permitió la intervención militar internacional, que terminó desarrollándose en un contexto de apoyo a las fuerzas contrarias a Gadafi y culminó con la caída de su gobierno.

El investigador Alan Kuperman ha cuestionado duramente la interpretación según la cual la campaña de la OTAN fue una operación esencialmente humanitaria. Su análisis sostiene que la intervención favoreció un cambio de régimen y agravó las consecuencias humanas del conflicto. Otros investigadores han defendido que existía una amenaza grave contra los civiles y que la operación evitó una matanza, por lo que la cuestión continúa siendo objeto de debate histórico.

Pero nuestro interés principal está en otro lugar.

¿Qué responsabilidad corresponde a quienes contribuyeron a presentar una intervención militar como respuesta humanitaria ante una emergencia?

¿Fue suficientemente examinada la probabilidad de que una operación destinada oficialmente a proteger civiles terminara transformándose en una guerra por el control político del país?

¿Se prestó la misma atención a las posibilidades de negociación, a las iniciativas diplomáticas regionales y a los riesgos de desintegración institucional?

Posteriormente, diversas organizaciones denunciaron las víctimas civiles de los bombardeos de la OTAN y los abusos cometidos por las nuevas fuerzas políticas y militares libias.

Esas denuncias son importantes. Pero no agotan la discusión sobre la responsabilidad por la legitimidad que se otorgó inicialmente a la intervención.

Una organización puede no haber deseado determinadas consecuencias y, aun así, estar obligada a examinar si sus pronunciamientos contribuyeron a hacer más aceptable una decisión cuyos riesgos fueron insuficientemente considerados.

Irán y la apropiación política del lenguaje emancipador

En el caso de Irán encontramos una contradicción particularmente compleja.

Las autoridades iraníes han cometido violaciones de derechos humanos contra sectores de su población, incluidas mujeres, manifestantes y personas perseguidas por sus opiniones. Esas violaciones merecen una condena clara.

Pero el reconocimiento de esos abusos no concede a Estados Unidos, Israel ni a ninguna otra potencia una autorización para emprender una guerra.

El problema surge cuando las reivindicaciones de sectores de la sociedad iraní son incorporadas a discursos geopolíticos que presentan la intervención extranjera como vía de emancipación.

Tras los ataques estadounidenses e israelíes iniciados en febrero de 2026, este conflicto entre el discurso de liberación y la realidad de la guerra adquirió una dimensión especialmente dramática.

Es necesario reconocer que Amnistía Internacional también denunció esos ataques como contrarios a la Carta de Naciones Unidas, reclamando simultáneamente protección frente a la represión interna.

No disponemos, por tanto, de fundamentos para afirmar que esa organización respaldara la guerra.

Pero sí existe una cuestión más amplia que merece investigarse: cómo las campañas internacionales, la selección de determinados interlocutores y la representación de las sociedades no occidentales pueden ser incorporadas a proyectos de transformación política promovidos desde el exterior.

Esto exige preguntarse si las voces disidentes reciben reconocimiento por su compromiso con los derechos de su pueblo o si, en ciertos espacios políticos y mediáticos, su visibilidad aumenta cuando coinciden con los intereses estratégicos de las potencias occidentales.

Ambas posibilidades no son equivalentes, y debemos distinguirlas mediante pruebas concretas.

Lo que resulta inadmisible es convertir una demanda legítima de derechos en un argumento automático para justificar una agresión militar.

Palestina e Israel: la prueba de la universalidad

Si queremos examinar seriamente la coherencia del discurso internacional de derechos humanos, no podemos dejar fuera la cuestión palestina.

Durante décadas, numerosas organizaciones palestinas, israelíes e internacionales han documentado la ocupación, las restricciones a la movilidad, la confiscación de tierras, los desplazamientos forzados y otras violaciones de derechos fundamentales.

En abril de 2021, Human Rights Watch concluyó que las autoridades israelíes cometían crímenes de lesa humanidad de apartheid y persecución.

Amnistía Internacional llegó a conclusiones semejantes en febrero de 2022.

Posteriormente, durante la devastadora ofensiva israelí sobre Gaza, Amnistía publicó en diciembre de 2024 un informe en el que concluyó que Israel había cometido y continuaba cometiendo genocidio contra la población palestina. Human Rights Watch documentó actos de genocidio y el crimen de lesa humanidad de exterminio.

Por tanto, sería incorrecto afirmar que estas organizaciones guardaron silencio o se limitaron a formular críticas superficiales.

Pero la existencia de esas denuncias plantea una contradicción todavía más profunda: ¿por qué informes de semejante gravedad no han conseguido que determinadas potencias occidentales dejen de proporcionar respaldo militar, diplomático o económico a Israel?

La cuestión no es simplemente comparar la cantidad de comunicados publicados contra distintos gobiernos. Debemos examinar cómo se reciben esas denuncias, qué autoridad se les reconoce, qué decisiones producen y cómo reaccionan los Estados cuando afectan a un aliado estratégico.

Aquí aparece una asimetría fundamental del orden internacional.

Las violaciones atribuidas a determinados gobiernos pueden convertirse rápidamente en argumentos para exigir sanciones, aislamiento diplomático o transformación de sus estructuras políticas. En cambio, denuncias de enorme gravedad contra un aliado pueden encontrar resistencia institucional y consecuencias mucho más limitadas.

Es importante distinguir la responsabilidad de las organizaciones denunciantes de la responsabilidad de los gobiernos que desatienden sus informes. Pero también corresponde examinar si todas las organizaciones sostienen sus campañas con igual persistencia y qué mecanismos de presión enfrentan cuando cuestionan a actores protegidos por grandes potencias.

La tragedia palestina revela así una contradicción que afecta a la credibilidad del sistema internacional: el reconocimiento jurídico de una violación no garantiza que existan voluntad ni mecanismos políticos para detenerla.

Y eso nos obliga a preguntar si la universalidad de los derechos humanos se traduce realmente en una universalidad de responsabilidades.

Cuba: quién tiene autoridad para hablar en nombre de un pueblo

El caso cubano incorpora otra dimensión del problema: la construcción de una representatividad política mediante la selección de determinadas voces sociales.

En vísperas de la votación de octubre de 2026 contra el bloqueo estadounidense, la misión de Estados Unidos ante Naciones Unidas organizó un encuentro con opositores cubanos y antiguos presos, destinado a cuestionar el respaldo internacional a la resolución.

Conviene precisar que se trató de una iniciativa estadounidense en el ámbito de Naciones Unidas y no de una decisión adoptada por la organización internacional en su conjunto.

Pero el acontecimiento permite examinar un mecanismo recurrente: una potencia selecciona interlocutores cuyas posiciones coinciden con sus objetivos políticos y les proporciona visibilidad internacional, presentando sus testimonios como expresión de demandas de la sociedad del país al que dirige sus presiones.

Toda persona tiene derecho a expresar sus opiniones y denunciar abusos. Pero esa legitimidad individual no equivale automáticamente a representatividad colectiva.

No basta con comparecer ante un parlamento extranjero, participar en una conferencia internacional o recibir atención mediática para convertirse en portavoz de un pueblo.

La pregunta que debemos formular es cuáles voces son escuchadas y cuáles permanecen ausentes.

¿Dónde están las organizaciones que trabajan directamente con comunidades afectadas por las dificultades económicas? ¿Dónde están los ciudadanos que reclaman transformaciones internas, pero rechazan las sanciones estadounidenses? ¿Dónde están quienes defienden el proyecto socialista y al mismo tiempo critican sus errores e insuficiencias?

La sociedad cubana no es homogénea, y ninguna selección reducida de interlocutores debería ser presentada como expresión suficiente de sus aspiraciones.

Más grave todavía resulta la contradicción de invocar el bienestar del pueblo cubano para defender políticas cuyas consecuencias sobre sus condiciones materiales de vida han sido denunciadas por diversos mecanismos internacionales de derechos humanos.

Aquí la ética de la responsabilidad resulta ineludible: quienes promueven medidas que afectan a millones de personas deben responder también por sus consecuencias humanitarias, con independencia de cuáles sean sus justificaciones políticas.

Poncio Pilatos y la responsabilidad que nadie quiere asumir

Hay una imagen bíblica que puede ayudarnos a comprender esta contradicción: Poncio Pilatos lavándose las manos ante la condena de Jesús.

En el relato de Mateo, Pilatos pretende declararse inocente de una decisión que permite ejecutar. Pero su gesto no elimina su autoridad ni su participación.

La comparación resulta sugerente para aquellas instituciones que intervienen en la construcción de un clima político favorable a determinadas decisiones y posteriormente se declaran completamente ajenas a sus consecuencias.

Debemos ser cuidadosos: quien documenta una violación real de derechos humanos no se convierte automáticamente en responsable de la guerra que otros deciden emprender utilizando esa denuncia.

Pero tampoco podemos aceptar que una organización quede liberada de toda reflexión ética por el simple hecho de afirmar que la decisión final correspondió a un gobierno.

La responsabilidad no se agota en las intenciones declaradas. También exige considerar qué sabía cada actor, qué consecuencias eran previsibles, qué alternativas estaban disponibles y qué hizo cuando sus intervenciones comenzaron a producir efectos políticos.

David Kennedy ha insistido precisamente en la necesidad de examinar las consecuencias de las propias iniciativas humanitarias. La certeza de estar actuando por una causa moralmente justa puede dificultar el reconocimiento de daños o contradicciones derivados de la intervención.

La fragmentación de responsabilidades constituye una característica significativa de los mecanismos modernos de construcción del consenso.

Una fundación financia una campaña. Un medio difunde sus conclusiones. Una organización proporciona testimonios. Un centro de investigación formula recomendaciones. Un dirigente político convierte esas recomendaciones en decisiones.

Cuando llegan las consecuencias, cada participante puede alegar que su intervención fue limitada.

De esa manera, es posible que muchos contribuyan a legitimar una política y que ninguno se reconozca responsable del proceso en su conjunto.

Pero lavarse las manos no demuestra inocencia.

La emancipación no puede imponerse desde fuera

Hay un principio que atraviesa todas estas reflexiones.

Ninguna sociedad debería ser considerada incapaz de transformar sus propias estructuras simplemente porque sus formas de organización política, sus experiencias culturales o su trayectoria histórica no coinciden con las expectativas de determinadas potencias.

Esto tampoco significa justificar el autoritarismo, negar derechos individuales o considerar que las tradiciones culturales se encuentran por encima de la dignidad humana.

Una defensa consecuente de la autodeterminación debe reconocer igualmente la capacidad de las personas para cuestionar a sus propios gobiernos, reclamar libertades y promover transformaciones internas.

Lo que debemos rechazar es la apropiación externa de esas aspiraciones para convertirlas en instrumentos de subordinación geopolítica.

La solidaridad auténtica no sustituye la voluntad de los pueblos. La acompaña.

Los derechos humanos deberían ofrecer herramientas para ampliar la autonomía de las personas, no convertirse en un lenguaje mediante el cual determinadas potencias se atribuyan el derecho de decidir el destino de sociedades ajenas.

Y esto nos exige una autocrítica igualmente importante: la denuncia del imperialismo tampoco debe servir para minimizar las violaciones que cometen gobiernos que se presentan como antiimperialistas.

No puede haber derechos humanos universales si la pertenencia a uno u otro bloque geopolítico determina quién merece protección.

Recuperar una conciencia verdaderamente crítica

Quizás uno de los mayores éxitos de la propaganda contemporánea sea haber conseguido que muchas personas confundan la reiteración de determinados discursos con el ejercicio de su propio pensamiento crítico.

No necesitamos aceptar acríticamente todo cuanto publican las organizaciones internacionales. Pero tampoco debemos rechazar sus denuncias simplemente porque cuestionen a gobiernos con los que simpatizamos.

Lo fundamental es recuperar la capacidad de examinar cada afirmación desde sus pruebas, su contexto y sus consecuencias.

Preguntarnos quién financia una campaña, quién selecciona las fuentes, qué intereses se benefician de sus conclusiones, qué testimonios quedan excluidos y por qué determinadas violaciones producen consecuencias políticas mientras otras parecen encontrar un muro de impunidad.

Debemos exigir transparencia a las organizaciones sociales, responsabilidad a los medios de comunicación, coherencia a las instituciones religiosas y rendición de cuentas a los gobiernos y partidos políticos.

También debemos examinar nuestras propias certezas. La defensa de una causa justa no garantiza que todos los métodos utilizados para promoverla sean igualmente justos.

Una reflexión final

La propaganda contemporánea no se limita a fabricar opiniones favorables al poder. Puede fabricar también la apariencia de independencia de sus emisores, la autoridad moral de determinados discursos y la representatividad de quienes los sostienen.

Y cuando esos discursos contribuyen a legitimar decisiones que ocasionan sufrimiento humano, la multiplicación de intermediarios puede favorecer la disolución de las responsabilidades.

Las organizaciones de derechos humanos no están fuera de este problema. Algunas de sus actuaciones merecen reconocimiento por haber denunciado atrocidades que muchos poderes pretendían ocultar. Otras deben ser sometidas a una crítica rigurosa por sus errores, sus prioridades, sus presupuestos culturales y sus posibles contribuciones a procesos de legitimación política que desembocaron en graves consecuencias humanas.

La credibilidad no debe convertirse en inmunidad frente al escrutinio.

Porque una causa justa puede ser instrumentalizada. Una denuncia verdadera puede servir para sostener una conclusión falsa. Y una institución comprometida con la dignidad humana puede contribuir, aun sin proponérselo, a procesos que terminan dañando aquello que pretende proteger.

Volvamos entonces a Poncio Pilatos.

Lavarse las manos puede ser un gesto tranquilizador para quien quiere declararse ajeno a una decisión. Pero no basta para resolver las preguntas sobre su responsabilidad.

Tal vez una de las tareas más importantes de nuestro tiempo sea reconstruir esas responsabilidades que las complejas relaciones entre poder político, intereses económicos, instituciones privadas y organizaciones internacionales han vuelto cada vez menos visibles.

Y preguntarnos, sin indulgencia hacia nadie, incluidos nosotros mismos:

Cuando nuestras palabras, nuestras denuncias o nuestros silencios contribuyen a legitimar una injusticia, ¿basta con afirmar que nuestras intenciones eran buenas?

Porque la verdadera defensa de la dignidad humana no puede terminar donde comienzan las consecuencias incómodas de nuestros propios actos.

Y una ética verdaderamente universal no se demuestra solamente denunciando los crímenes de nuestros adversarios, sino teniendo el valor de reconocer también los que cometen quienes consideramos aliados.

Referencias principales para la edición

• Makau Mutua, Savages, Victims, and Saviors: The Metaphor of Human Rights (2001).

• Stephen Hopgood, The Endtimes of Human Rights (2013).

• David Kennedy, The Dark Sides of Virtue: Reassessing International Humanitarianism (2004).

• Edward S. Herman y Noam Chomsky, Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media (1988).

• John R. MacArthur, Second Front: Censorship and Propaganda in the Gulf War (1992).

• Human Rights Watch, Libya: Benghazi Civilians Face Grave Risk (17 de marzo de 2011).

• Alan J. Kuperman, Lessons from Libya: How Not to Intervene.

• Human Rights Watch, A Threshold Crossed (2021).

• Amnistía Internacional, Israel’s Apartheid against Palestinians (2022).

• Amnistía Internacional, Israel’s Genocide Against Palestinians in Gaza (2024).

• Amnistía Internacional, Trapped Between Unlawful Attacks by the USA/Israel and Internal Deadly Repression (2026).

La solidaridad que nos reúne

En estos tiempos difíciles para el pueblo cubano, cada iniciativa solidaria puede aliviar una necesidad y devolver algo de tranquilidad a quienes viven bajo el peso de tantas carencias. Detrás de una colecta, un envío o un proyecto hay personas que dedican tiempo, aportan recursos y buscan caminos para ayudar. Ese esfuerzo merece reconocimiento. Precisamente porque tiene valor, también merece que nos preguntemos cómo podemos organizarlo mejor, unir nuestras capacidades y conseguir que sus resultados lleguen donde más se necesitan.

Hay una frase muy cubana que dice que algunos prefieren ser cabeza de ratón antes que cola de león. Quizás podamos tomarla como una invitación a examinarnos. ¿Nos sentimos igualmente dispuestos a colaborar cuando la iniciativa la encabeza otra persona? ¿Podemos apoyar con entusiasmo un proyecto en el que nuestro nombre no tendrá especial visibilidad? Tener iniciativa y capacidad para organizar es una virtud, pero también lo es saber sumarse, compartir decisiones y reconocer que otros pueden haber encontrado un camino más eficaz que el nuestro.

A veces, sin proponérnoslo, multiplicamos proyectos que persiguen objetivos semejantes y reclaman apoyo a las mismas personas. Cada uno requiere contactos, gestiones, difusión y recursos, mientras las fuerzas disponibles se reparten y los resultados tardan más en concretarse. La diversidad puede enriquecer la solidaridad: permite atender necesidades distintas y aprovechar experiencias diferentes. Para que esa diversidad dé frutos, necesitamos conocernos mejor, compartir información y descubrir cuándo conviene trabajar juntos. Antes de abrir una nueva iniciativa, podríamos preguntarnos si ya existe otra a la que nuestro aporte ayudaría a avanzar.

También quienes acompañan estos esfuerzos desde las instituciones pueden contribuir a esa cooperación. Es comprensible que cada responsable quiera ver prosperar los proyectos de su ámbito, y que esos resultados formen parte de la valoración de su trabajo. Pero sería beneficioso reconocer igualmente su capacidad para conectar personas, facilitar recursos y apoyar iniciativas de otros territorios. Si un funcionario ayuda a que un proyecto ajeno a su jurisdicción salga adelante, está cumpliendo una función valiosa. El éxito compartido necesita encontrar también un lugar en la manera de evaluar y reconocer las responsabilidades.

Otro aspecto que merece nuestra atención es el vínculo con el lugar de donde procedemos. Queremos ayudar al pueblo donde nacimos, a la ciudad donde vive nuestra familia o a la comunidad que conserva nuestros recuerdos. Esa cercanía puede ser una fortaleza: conocemos mejor las necesidades, contamos con personas de confianza y podemos comprobar la efectividad de la ayuda. También es humano que nos alegre regresar y sentir el cariño de quienes reconocen nuestro esfuerzo. La pregunta que debemos hacernos es si estamos dispuestos a poner el mismo empeño cuando la ayuda beneficiará a personas que no conocemos y que quizás nunca sepan nuestros nombres.

Las organizaciones que llevan años trabajando en un territorio han construido relaciones y adquirido una experiencia que conviene cuidar. Esa continuidad permite sostener proyectos que necesitan acompañamiento. A la vez, podemos revisar periódicamente dónde son más urgentes las necesidades, qué comunidades reciben menos apoyo y dónde nuestro aporte tendría mayor utilidad. Las relaciones consolidadas pueden servir para abrir caminos hacia otros lugares, compartir aprendizajes y ayudar a que nuevas iniciativas encuentren interlocutores fiables. Así, el afecto por una comunidad puede ampliar nuestra solidaridad.

La visibilidad pública también influye en nuestra manera de actuar. Que se conozcan los proyectos puede generar confianza, atraer colaboradores y mostrar que la ayuda produce resultados. El reconocimiento es legítimo, pero vale la pena preguntarnos cuánto espacio ocupa en nuestras motivaciones y cómo lo distribuimos. Una iniciativa suele reunir aportes de muchas personas: quien organiza, quien dona, quien transporta, quien resuelve una gestión y quien, desde la isla, identifica la necesidad y hace posible el trabajo. Comunicar esa trama de colaboración nos ayuda a comprender mejor de dónde nace cada logro.

Los medios nacionales pueden favorecer esa mirada dando oportunidades de difusión a proyectos grandes, medianos y pequeños. El carisma de una persona, sus contactos o su facilidad para expresar el compromiso no deberían determinar por sí solos qué esfuerzos se hacen visibles. Con criterios amplios y transparentes, sería posible reconocer también iniciativas discretas y sostenidas, contar qué necesidad atendieron y escuchar a las comunidades beneficiadas. Una contribución modesta puede representar un sacrificio considerable para quienes la reunieron; conocerla puede animar a otros a participar desde sus propias posibilidades.

Mejorar el trabajo solidario requiere espacios de coordinación en los que podamos compartir necesidades, recursos y experiencias sin sentir que perdemos nuestra identidad. Requiere transparencia sobre lo recaudado, su destino y los resultados, junto con disposición para corregir lo que no funcione. Y exige escuchar a quienes viven en Cuba: sus conocimientos, prioridades y capacidades deben formar parte de las decisiones desde el comienzo. La cooperación se fortalece cuando todas las personas implicadas pueden aportar y asumir responsabilidades.

Sabemos, además, que nuestra ayuda tiene un alcance limitado. Un envío de medicamentos, alimentos o equipos, e incluso un proyecto que mejora de manera duradera las condiciones de un hospital, contribuye a paliar la situación. No puede resolver por sí solo las dificultades económicas, las restricciones externas ni los problemas internos que afectan la vida cotidiana. Reconocer ese límite permite valorar con mayor precisión cada aporte y recordar que el horizonte de nuestro compromiso va más allá de la asistencia inmediata.

Sostener un proyecto de libertad, independencia y soberanía exige el esfuerzo mancomunado de quienes viven dentro y fuera de la isla. Esa tarea necesita participación, capacidad de creación y una responsabilidad compartida por el presente y el futuro de Cuba. Podemos contribuir a ella desde nuestras diferencias, aprendiendo a escuchar, a coordinar y a sentir como propio un resultado que beneficia a otros. Quizás la pregunta más fecunda sea qué podemos hacer para que el esfuerzo de todos llegue más lejos. Decir que juntos podemos más cobra sentido cuando esa convicción se convierte en nuestra manera de trabajar.

Cuba para Cristo: ¿qué Cristo y para qué Cuba?

«Cuba para Cristo» puede expresar una esperanza de amor, justicia y fraternidad. También puede convertirse en una consigna para reclamar autoridad sobre todo un pueblo en nombre de Dios. Su significado depende de lo que se predique y, sobre todo, de lo que se haga. Por eso, antes de aceptarla o rechazarla, conviene preguntar: ¿qué Cristo se está anunciando y qué Cuba se quiere construir en su nombre?

El artículo de Iramis Rosique Cárdenas publicado por Cubainformación plantea una preocupación necesaria: la relación entre determinadas corrientes evangélicas, las agendas conservadoras y el uso político de la religión. Su advertencia merece atención, aunque algunas afirmaciones requieren mayor documentación y una identificación precisa de sus protagonistas. Una crítica gana fuerza cuando permite comprender los mecanismos que denuncia y distingue entre iglesias, dirigencias, comunidades y creyentes.

Para quienes nos reconocemos cristianos, esta discusión exige examinar qué hacemos con el nombre de Jesús. Invocarlo no garantiza que nuestras prácticas respondan a su mensaje. Una declaración de fe tampoco convierte una ambición política en mandato divino. Quien reclama una nación para Cristo debe explicar qué lugar tendrán en ella quienes profesan otra religión, quienes no creen y quienes entienden el cristianismo de manera diferente.

Nuestra lectura del Evangelio encuentra en el Sermón del Monte una orientación hacia la misericordia, la paz y el hambre y la sed de justicia. Desde ese horizonte podemos preguntar si una comunidad ayuda a vivir con dignidad, comparte el pan y acompaña al que sufre; si reconoce la libertad del prójimo o utiliza su necesidad para obtener obediencia. Son preguntas que también debemos dirigirnos a nosotros mismos.

El Reino de Dios no puede identificarse sin más con una iglesia, una nación o un sistema político. Ninguna institución queda dispensada del examen de sus actos por llevar una cruz, una bandera o una consigna emancipadora. La justicia que reclamamos a nuestros adversarios debe servir para juzgar nuestras propias conductas. Cuando hacemos del Reino una propiedad de nuestro grupo, ponemos a Dios al servicio de aquello que debería ser examinado a la luz de su mensaje.

Esto no exige retirar a los creyentes de la vida pública. Tienen derecho a expresar sus ideas, organizarse y discutir las leyes. Su fe puede inspirar compromisos de solidaridad y transformación social. Pero ejercer ese derecho implica reconocer la igualdad de quienes no comparten sus convicciones. Una doctrina puede orientar la vida de una comunidad; convertirla en obligación para toda la ciudadanía necesita razones que puedan discutirse más allá de su autoridad religiosa.

La declaración de la Iglesia Metodista en Cuba de enero de 2019 permite observar esa tensión. Aunque presenta su posición como bíblico-pastoral, interviene en el debate constitucional, rechaza el matrimonio igualitario y cuestiona los programas educativos relacionados con el género. Se trata de una actuación institucional con consecuencias políticas. Reconocerlo permite discutir sus argumentos, sin atribuir automáticamente esas posiciones a cada metodista.

Ahora bien, exigir pruebas no significa que solo podamos reconocer una influencia cuando aparece una orden escrita o una factura. La repetición de argumentos, consignas y enemigos puede mostrar una sintonía ideológica. Los vínculos de formación, intercambio y apoyo material permiten investigar cómo se transmite y fortalece esa orientación. Una coordinación directa constituye una afirmación más específica, que requiere pruebas propias. No demostrarla no hace desaparecer las afinidades ni las dependencias observables.

Entre la espontaneidad absoluta y la obediencia a una orden existe un amplio terreno de relaciones, incentivos y aprendizajes. Una formación teológica puede establecer de antemano qué asuntos merecen atención, qué lecturas se consideran legítimas y qué actores representan una amenaza. Quienes reciben esa formación pueden asumir sinceramente sus conclusiones, sin percibir cuánto deben a un marco elaborado fuera de su experiencia inmediata. La convicción personal y la influencia exterior pueden coexistir.

Los recursos también intervienen en ese proceso. Una iglesia con posibilidades de formar dirigentes, sostener actividades y difundir materiales dispone de medios que otra comunidad quizá no tenga. Si los apoyos favorecen persistentemente una orientación, contribuyen a ampliar su presencia. No es necesario dictar cada sermón para influir en qué liderazgos prosperan y qué mensajes consiguen mayor difusión.

La observación de un cambio en el metodismo cubano desde 1991, asociado a la llegada de recursos y a nuevas orientaciones religiosas, merece investigarse en esos términos. Habría que reconstruir la procedencia de los apoyos, sus destinatarios, las redes de formación y su relación con las transformaciones del mensaje y la organización. Comparar ese proceso con comunidades de orientación más autónoma permitiría evaluar si existieron oportunidades desiguales de expansión. El rigor consiste en documentar esas relaciones, sin reducir la investigación a buscar una instrucción explícita.

También necesitamos distinguir entre una preocupación legítima y su incorporación a una campaña. El debate sobre género y educación ofrece un ejemplo. Defender a toda persona frente a la discriminación no obliga a aceptar sin examen cualquier enfoque teórico o programa educativo. Es legítimo discutir qué contenidos corresponden a cada edad, cómo se enseñan y qué participación tienen las familias. La protección de la infancia y el respeto a la dignidad humana requieren una pedagogía cuidadosa.

Hablar de inclusión no demuestra que cualquier método sea acertado. Tampoco basta afirmar que un contenido confunde a los niños para dar por probado ese efecto. Debemos examinar los materiales, el lenguaje, las edades y los resultados. Enseñar a respetar a quien vive de otra manera no resuelve por sí solo todas las preguntas sobre cómo abordar la sexualidad, los roles sociales o la identidad.

Una campaña puede recoger inquietudes sinceras y organizarlas alrededor de un enemigo político o cultural. Para comprenderlo conviene comparar sus fuentes, materiales y redes de difusión. Descalificar toda objeción como odio empobrece el debate y deja preocupaciones sin respuesta. Presentar toda propuesta de inclusión como amenaza alimenta el miedo y puede estigmatizar a personas concretas. Necesitamos discutir con precisión, sin negar a nadie su condición de interlocutor.

La apelación al «diseño original de Dios» tampoco resuelve por sí misma estas cuestiones. ¿Quién determina ese diseño y con qué autoridad convierte su interpretación en una norma para todos? La expresión puede presentar como evidente aquello que necesita ser argumentado: que una lectura religiosa de la creación debe fijar los derechos de toda la ciudadanía.

La discapacidad permite poner a prueba la coherencia de ese razonamiento. Si el designio divino se identifica con un modelo ideal de cuerpo, capacidades o funcionamiento, ¿qué lugar ocupan quienes nacen con una discapacidad? La pregunta no atribuye a los defensores de esa doctrina un rechazo que quizá nieguen expresamente. Les exige explicar cómo reconocen la diversidad humana y por qué una diferencia habría de convertirse en criterio para restringir derechos. La dignidad de una persona no depende de su proximidad a un ideal corporal ni de su capacidad intelectual.

Una escena de Life Feels Good, la película de Maciej Pieprzyca inspirada en hechos reales, ayuda a profundizar esta pregunta. Su protagonista tiene parálisis cerebral y es tratado como si no pudiera comprender, mientras su voz interior revela pensamientos, afectos y deseos que los demás no saben escuchar. La película muestra cuánto puede ocultar un prejuicio sobre las capacidades de otra persona.

En una escena, un sacerdote le dice que Dios lo ama. Su respuesta interior, recordada aquí de manera aproximada, es demoledora: menos mal que lo ama, porque, si lo odiara, ¿dónde estaría? La ironía enfrenta el amor anunciado con la vida que se le permite vivir. Una institución puede creer que protege a alguien y, al mismo tiempo, decidir de antemano cuáles son sus límites. Puede atender sus necesidades sin escuchar su voz.

La discapacidad no necesita presentarse como una excepción que el amor tolera. La persona merece reconocimiento pleno, con independencia de lo que pueda demostrar a los demás. Decirle «Dios te ama» compromete también a quien pronuncia esas palabras: ¿qué está haciendo para que pueda experimentar respeto, participar en las decisiones que la afectan y desarrollar sus posibilidades? El amor cristiano exige revisar incluso las relaciones de poder que construimos con buenas intenciones.

Una defensa coherente de esa dignidad también alcanza al Estado. Reconocer la intolerancia religiosa del pasado y sus rectificaciones, como hace el artículo de Rosique, obliga a sostener garantías presentes. La libertad de conciencia no puede depender de la afinidad de una iglesia con el gobierno. Un Estado laico debe proteger el derecho a creer y el derecho a vivir sin someterse a una doctrina religiosa.

Del mismo modo, nuestra crítica a la instrumentalización de la fe debe juzgar prácticas concretas. Ante una declaración que respalda el bloqueo, una intervención militar o un castigo colectivo, corresponde identificar a su responsable, documentarla y discutir su contenido. Ante un silencio, podemos preguntar por su coherencia moral sin inventarle una intención. La indignación justa necesita rigor para no terminar reproduciendo aquello que denuncia.

Defender al pueblo cubano frente a la agresión exterior tampoco obliga a justificar cualquier decisión de sus autoridades. Ponerse del lado de quienes sufren exige reclamar responsabilidades allí donde correspondan. La fe pierde su capacidad crítica cuando se vuelve indulgente con un poder porque lo considera propio, o cuando utiliza el dolor de la gente únicamente para desacreditar al que considera enemigo.

Por eso, nuestra propuesta de «Cuba para Cristo» debe explicar qué entiende por amor, justicia y servicio en la vida concreta. Queremos una Cuba donde el pan pueda compartirse, donde la necesidad no sea instrumento de dominio y donde ninguna persona tenga que agradecer su humillación. Una Cuba en la que las distintas creencias puedan convivir con iguales derechos y en la que la ayuda no tenga como precio la obediencia.

Nadie necesita adoptar nuestra fe para merecer dignidad, libertad y solidaridad. Una propuesta cristiana que solo sabe amar a quienes consigue convertir debe preguntarse por la medida de su amor. Y una iglesia que reclama libertad para sí tiene que reconocerla también cuando otros la ejercen para vivir de una manera que ella no comparte.

«Cuba para Cristo» será una expresión creíble en la medida en que quienes la pronunciamos estemos dispuestos a servir al pueblo sin apropiárnoslo, acompañar sin exigir sometimiento y defender la vida incluso cuando hacerlo incomode a nuestros aliados. Antes de reclamar Cuba para Cristo, nos corresponde examinar qué estamos poniendo nosotros al servicio de Cuba. Nuestros actos mostrarán a quién hemos decidido servir.