¿Quién controla la economía? Del complejo militar-industrial global a la discusión sobre GAESA en Cuba

En los debates políticos contemporáneos es frecuente encontrar la acusación de que el grupo empresarial GAESA constituye una anomalía dentro del caso cubano, en la medida en que una parte significativa de su actividad económica estaría vinculada a estructuras militares. Desde esta perspectiva, se argumenta que una economía civil no debería estar relacionada con instituciones de defensa o seguridad. Sin embargo, antes de aceptar esa afirmación como punto de partida, conviene ampliar el marco de análisis y preguntarse si realmente estamos ante una excepción o más bien ante una forma particular de un fenómeno mucho más extendido en el mundo moderno: la estrecha relación entre Estado, economía y estructuras militares.

Este tipo de vínculo tiene una base histórica y teórica reconocida en la literatura política contemporánea. El concepto de “complejo militar-industrial” adquirió notoriedad a partir del discurso de despedida del presidente estadounidense Dwight D. Eisenhower en 1961, donde advirtió sobre la creciente interdependencia entre las fuerzas armadas, la industria armamentística y el poder político en Estados Unidos (Eisenhower, Farewell Address, 1961, National Archives). Su preocupación no se centraba únicamente en la existencia de un ejército, sino en la consolidación de una estructura permanente donde el Estado financia programas de defensa, las empresas dependen de contratos militares, y los incentivos económicos pueden influir en decisiones estratégicas de política exterior.

En la práctica contemporánea, este fenómeno ha evolucionado mucho más allá del ámbito estrictamente militar. Informes del SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) y estudios sobre gasto en defensa muestran que los sistemas de seguridad nacional están hoy profundamente integrados con sectores tecnológicos, financieros y de investigación avanzada (SIPRI Military Expenditure Database, 2024). Esto incluye áreas como inteligencia artificial, satélites, telecomunicaciones y energía, donde la frontera entre uso civil y militar es cada vez más difusa.

Cuando se analiza la industria militar, suele pensarse en la producción directa de armamento, pero el sistema actual es mucho más amplio. Grandes corporaciones como Lockheed Martin, RTX Corporation o Northrop Grumman operan dentro de redes industriales y financieras complejas que incluyen contratistas, universidades, centros de investigación y fondos de inversión. De hecho, el Departamento de Defensa de Estados Unidos publica regularmente datos sobre contratos que involucran a miles de empresas privadas en la cadena de suministro militar (U.S. Department of Defense, Contract Awards and Budget Reports).

Una dimensión menos visible, pero estructural, es la financiera. En el capitalismo contemporáneo, la propiedad accionarial está altamente fragmentada y concentrada en grandes gestores de activos. Empresas como BlackRock o Vanguard Group administran billones de dólares en activos diversificados, lo que incluye participaciones en sectores estratégicos como el energético, tecnológico y de defensa (BlackRock Annual Report, 2024; Vanguard Corporate Ownership Data). Esto significa que millones de ahorradores están indirectamente expuestos a estas industrias a través de fondos de pensiones o inversión, sin necesariamente tener conocimiento directo de la composición de dichos portafolios.

A esto se suma un elemento tecnológico fundamental: buena parte de las infraestructuras digitales contemporáneas tienen origen en investigación militar o de defensa. El sistema GPS fue desarrollado inicialmente por el Departamento de Defensa de Estados Unidos como infraestructura estratégica (U.S. Space Force / DoD historical records), mientras que Internet surgió de proyectos financiados por la agencia ARPANET bajo el Departamento de Defensa (National Science Foundation & DARPA historical archives). Con el tiempo, estas tecnologías se han expandido al uso civil, integrándose en la vida cotidiana mediante teléfonos inteligentes, sistemas de navegación, plataformas digitales e inteligencia artificial, en un proceso de transferencia tecnológica constante entre lo militar y lo civil.

En este contexto, el debate sobre GAESA en Cuba parte de una realidad concreta: la existencia de un conglomerado empresarial vinculado a las Fuerzas Armadas Revolucionarias, con participación en sectores clave como el turismo, la logística y los servicios. Sus críticos señalan problemas de transparencia, concentración de poder económico y la posible confusión entre funciones estatales de seguridad y gestión empresarial. Estas preocupaciones forman parte de un debate legítimo sobre modelos de gobernanza económica. Sin embargo, desde un punto de vista comparado, surge una pregunta inevitable: ¿es esta relación entre estructuras militares y economía algo excepcional en el caso cubano?

La evidencia internacional indica que no lo es. En Estados Unidos, el gasto público en defensa genera una red de contratos con empresas privadas que estructuran parte significativa de la industria tecnológica y manufacturera vinculada al sector militar (U.S. Department of Defense, Defense Budget Overview). En China, numerosas empresas estatales estratégicas operan bajo una lógica de integración entre desarrollo industrial, seguridad nacional y planificación estatal (OECD, State-Owned Enterprises in China, 2022). Rusia mantiene un amplio complejo militar-industrial heredado de la era soviética, mientras que en Europa países como Francia, Alemania o el Reino Unido cuentan con grandes corporaciones de defensa integradas en sus economías nacionales, muchas de ellas con participación estatal parcial o total (SIPRI Arms Industry Database, 2023).

Las diferencias entre estos modelos no radican tanto en la existencia del vínculo entre lo militar y lo económico, sino en su forma institucional: empresas privadas contratistas, corporaciones estatales o estructuras híbridas. En todos los casos, existe una interacción estructural entre el Estado, la industria y el sector de defensa.

Este panorama plantea una cuestión central en el debate político contemporáneo. Con frecuencia, el caso cubano se presenta como una anomalía en la que la participación de estructuras militares en la economía sería incompatible con la modernidad. Sin embargo, los datos comparados muestran que los gobiernos financian industrias de defensa, los bancos invierten en sectores estratégicos y las tecnologías civiles y militares se desarrollan de manera interconectada. Por ello, el debate no debería centrarse únicamente en la existencia de esa relación, sino en los mecanismos de control, transparencia, eficiencia y distribución de beneficios sociales que la regulan en cada contexto.

Desde una perspectiva de economía política, el problema central no es la identidad institucional de un actor económico, sino la naturaleza del poder que lo estructura: quién decide, quién supervisa, quién se beneficia y bajo qué mecanismos de control social opera. Tanto en conglomerados estatales como en grandes corporaciones privadas, la concentración de poder económico puede generar distorsiones si no existen sistemas adecuados de regulación y rendición de cuentas, algo ampliamente discutido en la literatura contemporánea sobre economía global y gobernanza corporativa (Stiglitz, The Price of Inequality, 2012; Piketty, Capital in the Twenty-First Century, 2013).

En definitiva, la relación entre defensa y economía no constituye una particularidad del caso cubano, sino una característica estructural del capitalismo y de los sistemas estatales modernos. La discusión sobre GAESA puede y debe realizarse, especialmente en lo relativo a transparencia, eficiencia y modelo de gestión. Sin embargo, para que sea intelectualmente rigurosa, debe evitar la construcción de excepciones artificiales que no resisten el contraste con la evidencia internacional.

La cuestión de fondo, entonces, no es únicamente si los actores vinculados a estructuras militares pueden participar en la economía, sino algo más profundo: cómo evitar que cualquier forma de poder —militar, financiero o corporativo— termine subordinando el interés colectivo a sus propios fines. Ese es, en última instancia, el núcleo del debate contemporáneo sobre el complejo militar-industrial en el siglo XXI.

Bibliografía mínima de referencia (orientativa)

• Eisenhower, D. D. (1961). Farewell Address. U.S. National Archives.
• SIPRI (2024). Military Expenditure Database. Stockholm International Peace Research Institute.
• U.S. Department of Defense (varios años). Budget Overview / Contract Awards.
• DARPA / NSF (historia de ARPANET e Internet).
• BlackRock (2024). Annual Report.
• OECD (2022). State-Owned Enterprises in China.
• SIPRI (2023). Arms Industry Database.
• Stiglitz, J. (2012). The Price of Inequality.
• Piketty, T. (2013). Capital in the Twenty-First Century.