El artículo de Iramis Rosique Cárdenas publicado por Cubainformación plantea una preocupación necesaria: la relación entre determinadas corrientes evangélicas, las agendas conservadoras y el uso político de la religión. Su advertencia merece atención, aunque algunas afirmaciones requieren mayor documentación y una identificación precisa de sus protagonistas. Una crítica gana fuerza cuando permite comprender los mecanismos que denuncia y distingue entre iglesias, dirigencias, comunidades y creyentes.
Para quienes nos reconocemos cristianos, esta discusión exige examinar qué hacemos con el nombre de Jesús. Invocarlo no garantiza que nuestras prácticas respondan a su mensaje. Una declaración de fe tampoco convierte una ambición política en mandato divino. Quien reclama una nación para Cristo debe explicar qué lugar tendrán en ella quienes profesan otra religión, quienes no creen y quienes entienden el cristianismo de manera diferente.
Nuestra lectura del Evangelio encuentra en el Sermón del Monte una orientación hacia la misericordia, la paz y el hambre y la sed de justicia. Desde ese horizonte podemos preguntar si una comunidad ayuda a vivir con dignidad, comparte el pan y acompaña al que sufre; si reconoce la libertad del prójimo o utiliza su necesidad para obtener obediencia. Son preguntas que también debemos dirigirnos a nosotros mismos.
El Reino de Dios no puede identificarse sin más con una iglesia, una nación o un sistema político. Ninguna institución queda dispensada del examen de sus actos por llevar una cruz, una bandera o una consigna emancipadora. La justicia que reclamamos a nuestros adversarios debe servir para juzgar nuestras propias conductas. Cuando hacemos del Reino una propiedad de nuestro grupo, ponemos a Dios al servicio de aquello que debería ser examinado a la luz de su mensaje.
Esto no exige retirar a los creyentes de la vida pública. Tienen derecho a expresar sus ideas, organizarse y discutir las leyes. Su fe puede inspirar compromisos de solidaridad y transformación social. Pero ejercer ese derecho implica reconocer la igualdad de quienes no comparten sus convicciones. Una doctrina puede orientar la vida de una comunidad; convertirla en obligación para toda la ciudadanía necesita razones que puedan discutirse más allá de su autoridad religiosa.
La declaración de la Iglesia Metodista en Cuba de enero de 2019 permite observar esa tensión. Aunque presenta su posición como bíblico-pastoral, interviene en el debate constitucional, rechaza el matrimonio igualitario y cuestiona los programas educativos relacionados con el género. Se trata de una actuación institucional con consecuencias políticas. Reconocerlo permite discutir sus argumentos, sin atribuir automáticamente esas posiciones a cada metodista.
Ahora bien, exigir pruebas no significa que solo podamos reconocer una influencia cuando aparece una orden escrita o una factura. La repetición de argumentos, consignas y enemigos puede mostrar una sintonía ideológica. Los vínculos de formación, intercambio y apoyo material permiten investigar cómo se transmite y fortalece esa orientación. Una coordinación directa constituye una afirmación más específica, que requiere pruebas propias. No demostrarla no hace desaparecer las afinidades ni las dependencias observables.
Entre la espontaneidad absoluta y la obediencia a una orden existe un amplio terreno de relaciones, incentivos y aprendizajes. Una formación teológica puede establecer de antemano qué asuntos merecen atención, qué lecturas se consideran legítimas y qué actores representan una amenaza. Quienes reciben esa formación pueden asumir sinceramente sus conclusiones, sin percibir cuánto deben a un marco elaborado fuera de su experiencia inmediata. La convicción personal y la influencia exterior pueden coexistir.
Los recursos también intervienen en ese proceso. Una iglesia con posibilidades de formar dirigentes, sostener actividades y difundir materiales dispone de medios que otra comunidad quizá no tenga. Si los apoyos favorecen persistentemente una orientación, contribuyen a ampliar su presencia. No es necesario dictar cada sermón para influir en qué liderazgos prosperan y qué mensajes consiguen mayor difusión.
La observación de un cambio en el metodismo cubano desde 1991, asociado a la llegada de recursos y a nuevas orientaciones religiosas, merece investigarse en esos términos. Habría que reconstruir la procedencia de los apoyos, sus destinatarios, las redes de formación y su relación con las transformaciones del mensaje y la organización. Comparar ese proceso con comunidades de orientación más autónoma permitiría evaluar si existieron oportunidades desiguales de expansión. El rigor consiste en documentar esas relaciones, sin reducir la investigación a buscar una instrucción explícita.
También necesitamos distinguir entre una preocupación legítima y su incorporación a una campaña. El debate sobre género y educación ofrece un ejemplo. Defender a toda persona frente a la discriminación no obliga a aceptar sin examen cualquier enfoque teórico o programa educativo. Es legítimo discutir qué contenidos corresponden a cada edad, cómo se enseñan y qué participación tienen las familias. La protección de la infancia y el respeto a la dignidad humana requieren una pedagogía cuidadosa.
Hablar de inclusión no demuestra que cualquier método sea acertado. Tampoco basta afirmar que un contenido confunde a los niños para dar por probado ese efecto. Debemos examinar los materiales, el lenguaje, las edades y los resultados. Enseñar a respetar a quien vive de otra manera no resuelve por sí solo todas las preguntas sobre cómo abordar la sexualidad, los roles sociales o la identidad.
Una campaña puede recoger inquietudes sinceras y organizarlas alrededor de un enemigo político o cultural. Para comprenderlo conviene comparar sus fuentes, materiales y redes de difusión. Descalificar toda objeción como odio empobrece el debate y deja preocupaciones sin respuesta. Presentar toda propuesta de inclusión como amenaza alimenta el miedo y puede estigmatizar a personas concretas. Necesitamos discutir con precisión, sin negar a nadie su condición de interlocutor.
La apelación al «diseño original de Dios» tampoco resuelve por sí misma estas cuestiones. ¿Quién determina ese diseño y con qué autoridad convierte su interpretación en una norma para todos? La expresión puede presentar como evidente aquello que necesita ser argumentado: que una lectura religiosa de la creación debe fijar los derechos de toda la ciudadanía.
La discapacidad permite poner a prueba la coherencia de ese razonamiento. Si el designio divino se identifica con un modelo ideal de cuerpo, capacidades o funcionamiento, ¿qué lugar ocupan quienes nacen con una discapacidad? La pregunta no atribuye a los defensores de esa doctrina un rechazo que quizá nieguen expresamente. Les exige explicar cómo reconocen la diversidad humana y por qué una diferencia habría de convertirse en criterio para restringir derechos. La dignidad de una persona no depende de su proximidad a un ideal corporal ni de su capacidad intelectual.
Una escena de Life Feels Good, la película de Maciej Pieprzyca inspirada en hechos reales, ayuda a profundizar esta pregunta. Su protagonista tiene parálisis cerebral y es tratado como si no pudiera comprender, mientras su voz interior revela pensamientos, afectos y deseos que los demás no saben escuchar. La película muestra cuánto puede ocultar un prejuicio sobre las capacidades de otra persona.
En una escena, un sacerdote le dice que Dios lo ama. Su respuesta interior, recordada aquí de manera aproximada, es demoledora: menos mal que lo ama, porque, si lo odiara, ¿dónde estaría? La ironía enfrenta el amor anunciado con la vida que se le permite vivir. Una institución puede creer que protege a alguien y, al mismo tiempo, decidir de antemano cuáles son sus límites. Puede atender sus necesidades sin escuchar su voz.
La discapacidad no necesita presentarse como una excepción que el amor tolera. La persona merece reconocimiento pleno, con independencia de lo que pueda demostrar a los demás. Decirle «Dios te ama» compromete también a quien pronuncia esas palabras: ¿qué está haciendo para que pueda experimentar respeto, participar en las decisiones que la afectan y desarrollar sus posibilidades? El amor cristiano exige revisar incluso las relaciones de poder que construimos con buenas intenciones.
Una defensa coherente de esa dignidad también alcanza al Estado. Reconocer la intolerancia religiosa del pasado y sus rectificaciones, como hace el artículo de Rosique, obliga a sostener garantías presentes. La libertad de conciencia no puede depender de la afinidad de una iglesia con el gobierno. Un Estado laico debe proteger el derecho a creer y el derecho a vivir sin someterse a una doctrina religiosa.
Del mismo modo, nuestra crítica a la instrumentalización de la fe debe juzgar prácticas concretas. Ante una declaración que respalda el bloqueo, una intervención militar o un castigo colectivo, corresponde identificar a su responsable, documentarla y discutir su contenido. Ante un silencio, podemos preguntar por su coherencia moral sin inventarle una intención. La indignación justa necesita rigor para no terminar reproduciendo aquello que denuncia.
Defender al pueblo cubano frente a la agresión exterior tampoco obliga a justificar cualquier decisión de sus autoridades. Ponerse del lado de quienes sufren exige reclamar responsabilidades allí donde correspondan. La fe pierde su capacidad crítica cuando se vuelve indulgente con un poder porque lo considera propio, o cuando utiliza el dolor de la gente únicamente para desacreditar al que considera enemigo.
Por eso, nuestra propuesta de «Cuba para Cristo» debe explicar qué entiende por amor, justicia y servicio en la vida concreta. Queremos una Cuba donde el pan pueda compartirse, donde la necesidad no sea instrumento de dominio y donde ninguna persona tenga que agradecer su humillación. Una Cuba en la que las distintas creencias puedan convivir con iguales derechos y en la que la ayuda no tenga como precio la obediencia.
Nadie necesita adoptar nuestra fe para merecer dignidad, libertad y solidaridad. Una propuesta cristiana que solo sabe amar a quienes consigue convertir debe preguntarse por la medida de su amor. Y una iglesia que reclama libertad para sí tiene que reconocerla también cuando otros la ejercen para vivir de una manera que ella no comparte.
«Cuba para Cristo» será una expresión creíble en la medida en que quienes la pronunciamos estemos dispuestos a servir al pueblo sin apropiárnoslo, acompañar sin exigir sometimiento y defender la vida incluso cuando hacerlo incomode a nuestros aliados. Antes de reclamar Cuba para Cristo, nos corresponde examinar qué estamos poniendo nosotros al servicio de Cuba. Nuestros actos mostrarán a quién hemos decidido servir.
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