D. Un organismo gubernamental, la Oficina de Transmisiones a
Cuba, contrató deliberadamente y pagó de manera secreta a propagandistas
comprometidos a influir sobre el jurado para que condenase al
Peticionante
62. Me concentraré en un solo organismo
gubernamental y en sus prácticas de contratación de personal y
periodísticas, para demostrar quienes eran los empleadores de los
propagandistas. En ninguna parte de los informes de la GAO que hemos
revisado, ni en ningún testimonio ante el Congreso se menciona el pago a
periodistas independientes por el Gobierno en Miami durante el período
comprendido entre 1996 y el 2001 para hacer propaganda sobre el juicio
en los medios de difusión nacionales. El Peticionante no puede
permanecer en prisión porque no sabía nada en absoluto sobre los hechos
de una astuta y bien disimulada práctica ilegal ocultada al Congreso y
al Departamento de Justicia.
63. A principios de 1996, Radio
Martí se trasladó de Washington D.C. a Miami. Aunque las transmisiones
del Gobierno estaban ostensiblemente dirigidas a Cuba, la principal
zona de interés era Miami. Toda la red clandestina de periodistas, los
contratados con anterioridad y los recién contratados, fueron
instruidos para violar la ley que impide al Gobierno realizar propaganda
dirigida a sus ciudadanos en Miami. Creo que Radio/TV Martí es la
única estación de propaganda gubernamental que no radica en la
capital. Después del traslado, Radio/TV Martí contrató nuevo personal y
casi todos los nuevos contratados eran exiliados cubanos comprometidos
con la causa de condenar al Peticionante y, durante los cinco años
siguientes gastaron vastas sumas en Miami, centro de las acciones contra
el Peticionante y otros. En este caso, los periodistas pagados eran
parte de esa acción.
64. El traslado a Miami, en la época
en que se produjo el derribo de los aviones, facilitó la creación de una
red clandestina que podía violar de forma secreta la ley. Como
señalara Alvin Snyder en El Miami Herald el 29 de abril de 199638
, el traslado a Miami perseguía eliminar o minimizar los efectivos
controles que ejercían Washington D.C. y la Voz de las Américas sobre
Radio/TV Martí. Snyder fue Asistente Adjunto de dos presidentes de los
Estados Unidos, empleado de la USIA, miembro de la junta directiva del
Programa Annenberg Washington en los Estudios sobre Políticas en materia
de Información en la Universidad del Noroeste y en la Universidad de
California del Sur, y autor de un importante libro sobre propaganda.
El traslado, nos dice Snyder, multiplicó los recursos del exilio
cubano en Miami. Lo que empezó en 1960, con el uso ilegal de
“periodistas” y fondos del gobierno en los medios de difusión de Miami,
alcanzó su clímax en 1996. La efectiva dirección de Radio/TV Martí
cambió en 1996 y, como se indica en los informes de la GAO y en los
testimonies ante el Congreso, muchos en Washington D.C. se alegraron de
poder estar menos involucrados en lo que se estaba convirtiendo en una
operación deshonesta.
65. El Gobierno conocía la relación
entre el derribo, Hermanos al Rescate, el juicio, José Basulto y
Radio/TV Martí. Como señala Alvin Snyder, el Gobierno, a través de la
junta directiva de Radio Martí, el personal, los freelance y
contratados, fue un “incitador” en el derribo. Radio/TV Martí ha sido
la voz de Hermanos al Rescate, la voz de José Basulto, quien se
encontraba en la avioneta que se libró de ser derribada. José Basulto
tenía un interés “personal” en la condena del Peticionante. El 29 de
abril de 1996, Alvin Snyder escribe sobre su investigación:
“Varias
semanas antes de que los aviones caza de Fidel Castro derribasen las
avionetas de Hermanos al Rescate, Radio/TV Martí alardeaba sobre el
hecho de que una pequeña avioneta había sobrevolado a baja altura La
Habana y lanzado volantes con propagada anticastrista. Se burlaron de
Castro por no haber tomado represalias y un cubano americano fue citado
diciendo que tales vuelos a La Habana se harían de forma regular.
“El
derribo en aguas internacionales de dos aviones de pasajeros desarmados
por parte de Castro es censurable. Sin embargo, resulta difícil
comprender por qué se le permitió a una estación de radio financiada por
el gobierno estadounidense difundir las amenazas de líderes del exilio
cubano que estaban provocando a Castro y por qué los periodistas de
Radio/TV Martí que estaban realizando las entrevistas no cuestionaron
tales declaraciones.
“la sede de las transmisiones de Radio/TV
Martí se encuentra actualmente en Washington, de modo que sus programas
pueden ser supervisados por la Voz de las Américas de la Agencia de
Informaciones de los Estados Unidos. El traslado de la sede de
transmisiones a Miami autorizado por el Congreso, colocará a Radio/TV
Martí fuera de toda supervisión efectiva por parte de la VOA.
• • •
“De
acuerdo con un vocero del Senador Phil Gramm, Republicano por Texas,
que patrocinó el traslado, “trasladar la sede de las transmisiones a
Cuba cerca del corazón de la comunidad cubano-americana resulta
totalmente lógico”. Siendo ese el caso, también ha llegado la hora de
que los cubano-americanos de Miami pasen oficialmente a dirigir Radio
Martí y a administrarla como si fuera de ellos, sin que Washington
trate de vigilarlos.
• • •
“Al asumir el
control total, los cubano-americanos de Miami también deberían asumir el
costo de las transmisiones a Cuba”. (Snyder pág. 1)
66.
El Gobierno alega que no hemos cumplido con la presentación mínima
requerida para solicitar reparación o habeas corpus de acción
exhibitoria porque no hemos sido precisos en nuestras solicitudes. Pero
sí puedo ser preciso en cuanto a la acción exhibitoria que solicitamos
respecto de los organismos gubernamentales involucrados con los
propagandistas en Miami. Mediante acción exhibitoria, demostraremos que
en el mismo momento en que ocurrieron los hechos relacionados con este
juicio, Radio/TV Martí dejó de centrar su atención y recursos en Cuba
para centrarlos en Miami, a fin de satisfacer los intereses del poderoso
movimiento interno de exiliados cubanos. El traslado de la sede a
Miami costó nueve millones de dólares. Esa cifra, en 1996, representó
una suma adicional al presupuesto anual de 30 millones de dólares de
Radio/TV Martí, del cual, una gran parte se trasladó a Miami 39. Alvin Snyder nos ofrece la razón evidente del trasladado a Miami:
“Recientemente,
un funcionario del Departamento de Estado ofreció a un grupo de
diplomáticos, un panorama de las relaciones exteriores de los Estados
Unidos, sin mencionar a Cuba ni una sola vez. Al preguntársele por qué
se había omitido a Cuba, el funcionario respondió que ‘Cuba ha dejado de
ser una cuestión de relaciones exteriores; es un problema de política
interna’”40 . (Snyder pág. 1)
67. Después del
traslado a Miami, el Gobierno tuvo un presupuesto anual promedio de más
de 30 millones de dólares en el período comprendido entre el derribo y
la condena. Tenían más de 100 empleados y más de la mitad de ese
presupuesto y la mayor parte de los empleados eran administrados desde
Miami. Una parte sustancial de esos recursos estaban destinados a
lograr la condena del Peticionante.
68. Informes recientes
de la GAO calculan que la cifra gastada por Radio/TV Martí en lo que
lleva de establecida es igual o superior a los 600 millones de dólares41
. Solo podremos tener una idea del impacto de las operaciones de
propaganda cuando sumemos todo el dinero gastado por este organismo
gubernamental en el Peticionante, a los montos gastados por otros
organismos gubernamentales.
69. Después del traslado a
Miami, Radio/TV Martí --y el movimiento del exilio cubano--, que ahora
rebosaba en fondos gubernamentales, quedó libre de cualquier control
significativo durante el período comprendido entre 1996 y 2001. Las
prácticas antes prohibidas ahora florecían. Esa fue la razón del
traslado. La estación de radio y televisión del Gobierno se convirtió
en lo que los exiliados cubanos quería que fuese, un medio de distorsión
dedicado a lograr la condena del Peticionante.
70. La
Respuesta del Gobierno malinterpreta el argumento del Peticionante.
Dentro de las normas federales, la estación de radio del Gobierno tiene
derecho a contratar a quien decida, pero una estación gubernamental con
fines propagandísticos no puede contratar personas a tal fin, que
expresen o escriban en los medios de difusión internos, cosas que serían
totalmente adecuadas de escribirse o expresarse para ser escuchadas en
Cuba. Los periodistas pagados no “establecieron diferencia” entre lo
que decían en Radio/TV Martí y lo que decían en la propaganda dirigida a
Miami. Por el contrario, ellos mismos han descrito como utilizaban
las mismas palabras y las mismas imágenes. La junta de Radio/TV Martí,
integrada en su mayoría por partidarios de los exiliados y de los
integrantes de Hermanos al Rescate en la disputa con Cuba, puede
contratar o pagar como empleados y contratados a quien desee, pero lo
que no puede hacer es ubicar propagandistas clandestinos en los
principales medios de difusión de Miami y permitir que tales empleados,
contratados o freelance, utilicen fondos del Gobierno para tratar de
garantizar secretamente la condena del Peticionante.
71.
Geoffrey Cowan, Decano de Periodismo en la Universidad de California
del Sur, presidente de la Fundación Fiduciaria Annenberg en Sunnylands y
director del Centro sobre políticas y dirección en materia de
información de la Facultad Annenberg, era el Director de la Voz de las
Américas en 1994, cargo que mantuvo hasta 1996, cuando lo dejó para
volver al medio académico. Cowan conocía muy bien Radio/TV Martí. Al
parecer, fue colega de Alvin Snyder y probablemente coincida con las
opiniones de éste. Según parece, aún estaba en la Voz de las Américas
cuando se discutió y realizó el traslado de Radio/TV Martí. Contacté
al Sr. Cowan, quien se negó a responder cualquier pregunta a menos que
fuese citado a comparecer.
72. El líder de facto del
movimiento del exilio cubano Jorge Mas Canosa, era el impulsor de
Radio/TV Martí y de su traslado a Miami. Mas Canosa fue quien dirigió
la presión para trasladar Radio/TV Martí a Miami porque él y sus colegas
la querían liberar de las restricciones impuestas por el Gobierno para
utilizarla en su ataque al enemigo y porque él quería fuese una pieza
clave independiente para el dominio que quería ejercer en la política de
Miami. Otro líder no oficial era Basulto, considerado como un
incitador en el derribo de las avionetas. Jorge Mas Canosa, al igual
que Basulto, participó en Bahía de Cochinos y tenía conexiones con la
CIA. Como Alvin Snyder descubriría, Basulto tenía un gran interés,
tanto personal como político, en garantizar las condenas, pues había
sido criticado por realizar acciones que condujeron a la muerte de sus
cuatro colegas42 .
73. En la página 221 et seq de
su libro “Warriors of Disinformation” (“Guerreros de la
desinformación”), Alvin Snyder describe el diseño de planes específicos
para Radio Martí por parte de Mas Canosa, quien quería ser una figura
dominante en la política de Miami. Mas Canosa quería utilizar los
fondos y el personal de Radio/TV Martí para influir sobre los
miamenses. Mas Canosa creó Radio Martí y utilizó sus fondos con fines
propagandísticos en Miami. Mas Canosa y la administración de Radio
Martí contrataron periodistas de todos los medios de difusión en Miami
para hacer de forma ilegal y encubierta lo que legalmente no podían
hacer43 . La ilegalidad continuó después de su muerte. Los
periodistas pagados de Radio Martí se centraron en aspectos específicos
del juicio. Cuando la defensa enviaba citaciones a ciertos testigos,
los empleados a sueldo del Gobierno, contando con la información y la
convicción, transmitían que tales testigos debían ignorar la citación o
acogerse a la Quinta Enmienda cuando fuesen llamados a declarar, a fin
de evitar las preguntas o no dar respuestas. Muchos de los testigos lo
hicieron. En otra ocasión, los medios dieron a conocer evidencias que
habían sido excluidas esa misma tarde en el juicio. Con lo que sabemos
hoy sobre lo que sucedía en Miami en el periodo que nos ocupa, no es de
extrañar que esta entidad recibiese pagos del gobierno. Los agentes
fomentaban y exacerbaban la opinión pública para que los abogados de la
defensa (e incluso Oscar Corral, el autor de la revelación en el Miami
Herald ) temiesen dormir en sus casas. Al menos en una ocasión, un
temeroso abogado de la defensa durmió en un hotel. La vida de estos
abogados defensores se vio amenazada por agentes a sueldo.
74.
Las prácticas de contratación, dirección, financiamiento y
periodísticas incentivadas y permitidas en Radio/TV Martí no parecen
permitirse en ninguna otra entidad de la Voz de las Américas. Si no
todos, muchos de los artículos y conversatorios sobre los Peticionantes y
otros asuntos, violaban las normas periodísticas, lo cual se agudizó
después del traslado a Miami. Radio Martí era el regalo que seguía
generando para todos aquellos que estuviesen de acuerdo con ella.
75.
Las conexiones entre las investigaciones realizadas en 1996 y las
reveladas diez años después, en el 2006, en el New York Times, Miami
Herald, y Associated Press, son evidentes. Los artículos de 2006
muestran como el Gobierno utilizó la libertad que buscaba al trasladar
la sede de Radio/TV Martí en 1996.
76. El 24 de mayo de 2000,
en un artículo para el Diario de las Américas (el periódico cuyo
director recibió dinero del Gobierno), Basulto entreteje el caso de
Elián, el caso del Peticionante y Fidel Castro, con la crítica al
Presidente William Clinton 44.
77. Otros
empleados a sueldo del Gobierno se unieron a la arremetida de Basulto
contra el Tribunal de primera instancia. Él y otros propagandistas
describieron las acciones del Peticionante como la primera fase de un
plan de Castro para invadir los Estados Unidos. Según Basulto, el
Peticionante y sus codemandados eran la avanzada y el juicio contra
ellos era la primera de las batallas por librar contra el invasor
extranjero. Ernesto Betancourt, un colega de José Basulto y ex
funcionario del gobierno y director de la estación radial y televisiva
gubernamental, que desempeñó un importante papel en el proceso de
contratación inicial de la estación, al parecer también recibió, junto
con Basulto, fondos del Gobierno. El 2 de marzo de 2001, en un artículo
publicado en El Nuevo Herald titulado “Carta abierta a John Ashcroft”,
dijo:
“El juicio seguido a los espías de Castro se ha
vuelto una verdadera farsa. Por más de dos años, desde el 16 de
septiembre de 1998, el FBI y la fiscalía federal llevaron a juicio a 10
agentes de Castro dedicados a actividades de espionaje en bases
militares stadounidenses de la Florida y, en menor grado, a
infiltrar las organizaciones del exilio cubano. La primera actividad
era la más peligrosa para los Estados Unidos, dado el hecho de que era
parte de los preparativos de Castro para atacar a los Estados Unidos
durante la etapa final de su gobierno. Uno de las acusaciones que
condujo a su arresto, de acuerdo con una declaración jurada presentada
entonces por el Agente del FBI Mark de Almeyda, era que los espías
habían recibido órdenes de ‘sabotear aviones y hangares en alguna parte
de la Florida’”.
“En relación con Hermanos al Rescate, el
Tribunal de Apelaciones revocó la decisión de la Jueza Lenard en su
intento por censurar a José Basulto, al prohibirle participar en
cualquier actividad de conmemoración relacionada con el derribo de la
avioneta el 24 de febrero, bajo el pretexto de que la conmemoración del
evento podría enardecer a un jurado en el que ella había aceptado la
exclusión de cualquier cubano-americano. Tales acciones nos llevan a
la triste conclusión de que la Jueza Lenard está evidentemente
prejuiciada en contra de la comunidad cubano-americana y debería ser
recusada”.
“Que todo esto viniese a suceder durante la
administración Clinton-Reno era inevitable, dado el poco sentido ético
que prevalece en esa administración. Es por eso que votamos en su
contra. Pero el Sr. Ashcroft, la decisiva contribución de nuestra
comunidad a la reñida elección del Presidente Bush, debe servir de
algo. El caso de los espías debe revisarse para incluir a Castro y a
otras personas en el juicio. Lo que haya habido detrás de la maniobra
que incriminó a Mariano Faget, debe ser revelado. Debe ordenársele al
FBI que deje de tratar a los cubano-americanos como al enemigo y a la
red de inteligencia de Castro como al aliado. ¿O será que nos están
tomando el pelo una vez más? Esperamos su respuesta.
78. Al jurado se le dijo en repetidas ocasiones que votar por
la absolución conduciría directamente a la destrucción de los Estados
Unidos. Los intentos por proteger al jurado podían compararse al
intento de tapar con un dedo un pequeño dique desbordado por una enorme
inundación que al parecer nadie había notado45 .
79.
La mejor prueba de esto, son las cintas de grabación de Radio y TV
Martí que contienen muchos de los programas de los periodistas pagados.
Las cintas de grabación del periodo comprendido entre 1996 y 2001 no
estuvieron disponibles hasta 12 años después de haberse grabado, porque
la ley está hecha para que este tipo de propaganda no entre en los
Estados Unidos.
80. El Gobierno no está de acuerdo con la
interpretación de Alvin Snyder sobre el tratamiento dado por los medios
de difusión al derribo y los sucesos en Miami, pero Snyder es una
persona extraordinariamente capaz. Un antiguo ejecutivo de la Agencia
de Informaciones de los Estados Unidos, ya fallecido, quien no solo
había trabajado con dos presidentes, sino también en la CBS News y la TV
WCBS en New York, y había trabajado con muchos organismos
gubernamentales, incluida la USIA, hizo que sus conclusiones y análisis
fuesen confirmados por otros investigadores en 1996, así como con por
sucesos posteriores.
81. El 20 de agosto de 1996, cuatro
meses después del artículo de Alvin Snyder, el periódico Los Angeles
Times publicó un análisis similar sobre Radio/TV Martí y las diferentes
presiones que condujeron al traslado de su sede a la comunidad
cubano-americana46. El reportero de Los Angeles Times Mike
Clary, centró su artículo en el control de la estación por Mas Canosa y
en las razones de su exitosa presión para sacarla de Washington. Mike
Clary nos dice que el personal de Radio/TV Martí supuestamente era de
146 personas. TV Martí, con un presupuesto de 11.6 millones de dólares y
un personal adicional de 85 personas, según el artículo, “nunca ha sido
vista por nadie en Cuba desde su salida al aire…47 .
82.
Las sucesivas entrevistas e investigaciones realizadas por Mike Clary
confirman todo el análisis de Alvin Snyder. Por los acontecimientos
--nos dice Clary— el Gobierno dejó claro que con el nuevo personal que
entró en 1996, su intención era librarse de la supervisión y encontrar
nuevas formas de hacer propaganda en Miami. Rolando Bonachea, el
entonces director interino de Radio/TV Martí, dijo en 1996 que: en Miami
los empleados de los medios de difusión del Gobierno trabajan
“protegidos por un cortafuego que garantiza que nuestros periodistas
puedan operar libremente sin influencias externas ni presiones
internas”.
E. Permitir que la maquinaria
propagandística internacional del Gobierno se utilice para influenciar
un juicio en los Estados Unidos es un insulto tanto al propio proceso
judicial como a la integridad de la comunidad a la que el jurado
representa
83. El artículo del Miami Herald,
resultado de la investigación realizada por un equipo del periódico y
ubicado en la parte superior de la primera página con un gran titular48 , contiene la siguiente declaración:
“Jesús
Díaz, hijo, presidente de la Miami Herald Media Co. y editor de ambos
periódicos, expresó su decepción, comentando que los pagos violan la
‘confianza sagrada’ entre los periodistas y los lectores”.
84.
La presente moción tiene que ver con la “confianza sagrada” de los
ciudadanos de los Estados Unidos y de estos acusados, que el gobierno
violó. Pero el asunto va más allá de estos acusados o de este proceso
penal --o de cualquier caso o cualesquiera acusados. Se podría decir
que en este caso se ha descubierto mucho más sobre el amplio y variado
uso de “periodistas pagados” y sobre los violadores de la ley, que en
cualquier otro caso anterior en la historia de los Estados Unidos, mucho
más incluso que antes del Comité Church49 .
85. La Oficina de Rendición de Cuenta del Gobierno (GAO)50
, el Congreso y el Presidente, junto con el Miami Herald y la
comunidad periodística, reconocen que “periodistas independientes” y
“periodistas del gobierno” son dos empleos totalmente diferentes con
perfiles muy diferentes. Tienen diferentes deberes y
responsabilidades. Ninguna de las personas del gobierno que contrataron
a estos periodistas contemplaron el hecho de que no eran otra cosa que
activistas que trabajaban en la política y no en el periodismo y poco
le importaban los reportajes noticiosos libres y equilibrados.
Simplemente, esa no era su función. El uso de seudónimos y fuentes no
reveladas, la invención de sucesos y el reportaje de viejos sucesos como
sucesos de hechos actuales, son prácticas condenadas por los
periodistas y por los medios de difusión en los Estados Unidos. En
Miami, sin embargo, fueron el pan nuestro de cada día durante cinco
años.
86. El artículo del Miami Herald expone la confirmación
por parte del Gobierno de sus prácticas de contratación: Pedro Roig,
Director de la Oficina de Transmisiones a Cuba desde 2003, comentó que
ha tratado de mejorar la calidad de las noticias, utilizando, entre
otras cosas, más periodistas del exilio cubano como contratados.
87.
A fin de alegar, como hace el Gobierno, que los medios de difusión
indebidamente pagados no tuvieron efecto alguno, habría que pensar que
toda la información de los medios de difusión es irrelevante y no
influye sobre los miembros del jurado o los ciudadanos. Un
sorprendente argumento por parte de los representantes del Gobierno que
contradice todos los conceptos de un gobierno democrático y la letra y
espíritu de la Primera Enmienda. Si la fiscalía, en este caso, tiene la
razón, entonces no sería necesario ni tendría objeto alguno un debate
abierto y saludable, no sería necesaria ni tendría objeto alguno la
Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, ni serían
necesarias las leyes sobre la calumnia y la difamación, que se
fundamentan en la idea de que las palabras y las imágenes tienen un
significado y pueden ocasionar serios perjuicios. El Tribunal Supremo
nos dice que una sola oración puede acabar con la reputación de un
hombre. Ahora, el Gobierno nos dice que ignoremos ese concepto y también
nos dice que ignoremos la realidad de que millones de dólares y
recursos pagados y utilizados para una propaganda, repetida sin descanso
en más de mil artículos, destruyó este juicio “imparcial”.
88.
Los periodistas pagados no constituían una pequeña parte de la campaña
mediática y tuvieron un importante efecto. El Miami Herald confirma lo
que algunos de los propios periodistas pagados dijeron, que estaban
entre los más populares en el Sur de la Florida y que muchos de ellos
estaban reportando sobre temas relacionados con el juicio para sus
organizaciones de noticia. Sus reportajes eran retomados y utilizados
como fuente confiable, por periodistas ingenuos que no sabían que
estaban utilizando propaganda como parte de sus artículos.
89.
La investigación de Oscar Corral coincide con las investigaciones y
entrevistas realizadas anteriormente por Alvin Snyder y Mike Clary en
1996. El Gobierno sabía, después de contratar a Juan Manuel Cao, que
este continuaba con sus actividades como agente encubierto a sueldo. El
Miami Herald nos dice:
“El reportero del Canal 41 Juan Manuel
Cao, quien recibió este año $11,400 de TV Martí, fue noticia en julio,
cuando confrontó a Castro durante una presentación pública en Argentina,
presionando al líder cubano para que explicara por qué su gobierno no
había permitido que una reconocida doctora y disidente, Hilda Molina,
saliera de la isla para visitar a su hijo en Argentina. Durante el
intercambio, Castro le preguntó directamente a Cao si alguien le estaba
pagando para que hiciera esa pregunta. Durante mucho tiempo, el
gobierno cubano ha sostenido que algunos periodistas de habla hispana
del Sur de la Florida estaban en la nómina federal. “No hay nada
sospechoso en ello”, dijo Cao. “Lo haría gratis, pero las regulaciones
no lo permiten. Lo que cobro es simbólico, por debajo del precio del
mercado”.
90. Las palabras impresas, en las que nos
centramos aquí, y las imágenes y palabras habladas, tienen efectos
diferentes. La prensa escrita llega a un público diferente al que llega
la radio y la televisión y el Gobierno lo que quería era un público.
El Gobierno no podía tener su propio periódico en Miami, por lo que creó
una red de periodistas en una red de periódicos y de programas de radio
que se hacían pasar por independientes. Cada artículo mentía al no
revelar la fuente del artículo, mentía al no revelar que el autor no era
independiente, mentía al no revelar que el autor era pagado por el
Gobierno y mentía al tratar de hacer pasar por periodismo, una amalgama
de hechos, ficción, opinión y argumentos.
91. El artículo
del Miami Herald nos dice que en la revisión de los cientos de artículos
escritos por sus periodistas, el periódico no encontró un solo caso en
el que los reporteros o columnistas como Cao, revelasen que habían
recibido dinero. Eso es mucho más que “coincidencia” o consentimiento
del Gobierno. Ese patrón de engaño no habría sido posible sin la
participación activa y la planificación precisa del Gobierno.
92.
Contrario a lo que se dice en la Respuesta del Gobierno, muy pocos de
los propagandistas pagados o de sus artículos aparecieron en el 2006. Y
pensamos que hasta el momento, se han revelado muy pocos y muy pocos
han sido entrevistados. La historia completa está aún por conocerse.
93.
Los efectos del artículo publicado el 8 de septiembre de 2006 son
importantes. Como resultado de un ataque coordinado por el Gobierno,
miles de suscriptores del Miami Herald castigaron al periódico. Por
haber revelado los pagos ilegales realizados por el Gobierno, Oscar
Corral fue vilipendiado, atacado y llevado a temer por la seguridad suya
y de su familia por los seguidores de los periodistas pagados y
Radio/TV Martí. De acuerdo con la edición del Miami Sun Post del 26 de
julio de 2007, un año después del artículo del Miami Herald, Corral
había sido acusado de ser un agente cubano y un comunista. Corral lo
describió como “una campaña orquestada para intimidar, hostigar y
silenciar. Era un bombardeo. Algunas amenazas eran muy concretas y
mencionaban a mi familia. Llegó a un punto en el que tuve que decirle a
mi editor que estaba preocupado. Lo solucionaron muy bien. Me
trasladaron a mi familia y a mí a un lugar seguro durante unos seis
semanas, para que terminara mi reportaje”. Podemos imaginarnos entonces
las presiones sutiles y no tan sutiles a las que los miembros del jurado
se vieron sometidos diariamente por los empleados y contratados del
Gobierno.
94. El informe en Internet, al final del artículo
del Miami Herald, ofrece algunos de los argumentos de defensa dados por
los periodistas pagados a la luz de las investigaciones de Oscar
Corral:
Pablo Alfonso:
“No tengo nada que comentar. Creo que es lo mejor para el periódico y para mí”.
Olga Connor:
No se pudo contactar.
Wilfredo Cancio Isla:
Se rehusó a comentar. Su esposa Ivette Leyva: “Esto es [el resto fue suprimido]” 51
Juan Manuel Cao:
“Me siento orgulloso de haber ayudado a poner fin a la censura en Cuba”.
Ariel Remos:
“Me
gustaba ser parte de esos paneles porque podíamos decir lo que
queríamos. Por ejemplo, no teníamos que llamar a Fidel Castro el
presidente de Cuba. Podía llamarlo por lo que es, un dictador”.
Omar Claro:
“No voy a decir si acepto o no dinero, Usted publique lo que quiera”.
Helen Aguirre Ferre:
“No veo ningún conflicto de intereses”.
95.
El Gobierno advierte a este Tribunal (en la página 27 de su Respuesta)
que los medios de difusión independientes y los medios de difusión en
general pueden objetar la acción exhibitoria. No existe razón alguna
para creer que eso sea cierto. La mayoría de los periodistas están aún
disponibles para ser llamados a declarar. Dada la publicación de los
hechos por el Miami Herald y la impresión del artículo con grandes
titulares en primera página, así como la publicación del artículo por
los medios de difusión en todo el país, resulta evidente que los medios
consideran que lo que sucedió52 debe hacerse público.
96.
El Gobierno conocía los antecedentes de los empleados, freelance,
corresponsales a tiempo parcial y “periodistas independientes” que
contrató para la Oficina de Transmisiones a Cuba, para la Radio/TV Martí
y para el Miami Herald. El Gobierno no puede alegar lo contrario. Joe
O’Connell, el vocero de la Junta de Gobernadores de las Transmisiones,
que supervisa la Oficina de Transmisiones a Cuba, admitió al New York
Times que se investigaron los antecedentes de los periodistas pagados a
los que el artículo del Miami Herald hace referencia, pero que “no
tenían un código de ética para ellos” (pág. 3)53 .
97.
La investigación y reportajes de los medios de prensa sobre los pagos
realizados por el Gobierno en Miami, hacían referencia a la opinión de
la GAO sobre el caso de Armstrong Williams54, como análogo al
pago realizado por el Gobierno a los periodistas de Miami. Nos
referiremos brevemente ahora al caso Williams.
98. En el
caso Williams, donde el Gobierno le pagó a escondidas a un presentador
para que promoviera la política de Bush de “No abandonar a un solo
niño”, el “[Gobierno] violó la ley al difundir ´propaganda encubierta’”
(pág. 3). El Gobierno planteó varios argumentos sobre la carga de la
prueba del Peticionante para demostrar que su jurado había sido
influido por la conducta del Gobierno. Pero el Gobierno no puede
subvertir el juicio y luego pedir al Peticionante que demuestre que el
jurado fue influenciado por la subversión del Gobierno. El Gobierno
tampoco puede alegar que el jurado no fue influenciado por su actividad
de subversión. Las opiniones de la GAO muestran que la opinión del
Gobierno sobre la ley está errada, aún cuando se trate de una violación
del derecho civil.
99. En primer lugar, la violación del
derecho civil por parte del Gobierno no exige prueba directa de que
alguien fue directamente influenciado por el Gobierno. Los legisladores
que aprobaron las leyes en contra de la propaganda, no colocaron la
carga de la prueba en el Peticionante para demostrar, mediante evidencia
cuantificable, el efecto de la influencia. La “influencia” se deriva
del hecho de que las palabras fueron dichas. Es concluyente.
100.
En segundo lugar, el carácter secreto de la infracción es en sí mismo
una violación. La opinión de la GAO del 30 de septiembre de 2005
establece que: “Un elemento importante de esta violación es el hecho de
esconder o no revelar el papel desempeñado por el organismo en el
patrocinio de este material”. En el caso de Miami, el Gobierno actuó
clandestinamente.
101. En tercer lugar, después de actuar
secretamente, lo escondieron y lo continúan haciendo con la respuesta
del Fiscal de los Estados Unidos a nuestra moción.
102. La
GAO, tras determinar las violaciones por distribuir propaganda
encubierta a través de Armstrong Williams, declaró que era necesario
referir la violación del caso Williams al Presidente y al Congreso, y
así lo hizo.
103. La opinión sobre el caso Williams hace referencia y reafirma una decisión de la GAO55
de 1987 relacionada con el uso de propaganda por el Departamento de
Estado en la política hacia América Central. Sobre su opinión anterior
de 1987, la opinión en el caso Williams dice:
“Que los artículos y
editoriales en el periódico (apoyando la política del Gobierno para
Centroamérica), elaborados, a solicitud del Gobierno, por consultores
pagados y publicados como trabajos de entidades no gubernamentales,
violó la prohibición en materia de publicidad o propaganda. Una vez más,
fue el carácter encubierto de las acciones del Gobierno lo que condujo a
la violación. En ese caso, el Gobierno trataba de hacer llegar un
mensaje a la opinión pública a favor de la posición del Gobierno,
engañando a la opinión pública respecto del origen del mensaje. Id en
709”.
104. La opinión en el caso Williams se basaba en el
trabajo de un solo periodista y la opinión en el caso de América
Central, en unos pocos artículos. Los pagos en Miami, involucraban a un
gran número de periodistas y a no menos de mil “publicaciones”.
105.
La opinión de la GAO de septiembre de 2005, analizó detalladamente,
paso por paso, lo que Williams y el Gobierno habían hecho. Si la acción
exhibitoria es necesaria, entonces queremos que se nos presenten en
acción exhibitoria exactamente lo mismo que la GAO obligó al gobierno a
presentar en acción exhibitoria en el caso Williams. En tanto las sumas
de dinero, publicaciones, periodistas pagados y gravedad en este caso,
excede en mucho los elementos del caso Williams, así como los del caso
de América Central en 1987, en el caso del Peticionante, el Gobierno
está obligado a continuar dando respuestas y presentar en acción
exhibitoria todos los documentos.
106. En el caso Williams,
se malversaron fondos nacionales para propaganda interna. En el caso de
América Central, se malversaron fondos para propaganda externa. En
este caso, el dinero destinado a una maquinaria de propaganda externa,
se utilizó para destruir cualquier posibilidad de imparcialidad en un
juicio penal estadounidense.
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