La
gente se detiene en Victorville, California, a unos 140 kilómetros al
nordeste de Los Angeles, porque tiene que ver a alguien a una de las
distintas prisiones (federal, estatal, condal y de la ciudad) o tiene
asuntos relacionados con las prisiones o porque tiene calor y está
cansada al regreso de Las Vegas hacia Los Angeles y la idea de una
piscina y una habitación con aire acondicionado parece irresistible.
Alquilamos habitaciones de manera de llegar temprano a la prisión y
pasar un tiempo mayor con Gerardo Hernández. Conocemos el camino desde
la Carretera 15 hacia el oeste, pasando por colinas que se pierden en
el desierto, desde donde se ve una enorme estructura de concreto gris:
el complejo penitenciario federal.
Llenamos los formularios, pasamos por la máquina de rayos X, nos
registra una guardia, nos colocan en la muñeca un cuño con tinta
indeleble que se ve bajo un escáner en la habitación siguiente, y a las
8:45 estamos sentados en la sala de visitas, con esposas e hijos
negros y latinos que visitan a esposos y padres.
Gerardo emerge, nos abrazamos y comenzamos a conversar. Nos dijo que
Martin Garbus, su abogado, había presentado un nuevo recurso
(disponible en www.thecuban5.org)
que declara que el juicio de Gerardo es violatorio de la ley
fundamental y de la Constitución y debiera declararse nulo, por lo que
él y sus compañeros deben ser puestos en libertad.
Según el recurso de la defensa, hay documentos que muestran que el gobierno de EE.UU. pagó a una gran cantidad de periodistas para que publicaran artículos negativos acerca de Gerardo y sus coacusados (los Cinco de Cuba). Las noticias pagadas por el gobierno de EE.UU. aparecieron en periódicos, revistas, y emisoras de radio y TV e influyó en la opinión pública y la comunidad, incluidos miembros del jurado y sus familiares, argumenta el recurso de la defensa, y por tanto cuestiona de manera contundente si era posible celebrar un juicio justo a los cinco acusados en Miami.
El documento legal declara que la “secreta subversión por parte del
gobierno (de EE.UU.) de los medios impresos, radiales y televisivos con
el fin de obtener una condena no tiene precedentes”, y “violó la
integridad del juicio y la cláusula de Debido Proceso de la
Constitución”.
Garbus argumenta además que “El Gobierno, por medio de millones de
dólares en pagos ilegales y al menos mil artículos publicados durante
un período de seis años, se inmiscuyó en el juicio y convenció al
jurado para que declarara culpables a los acusados. La respuesta del
Gobierno a esta moción es estéril en cuanto a los hechos e incorrecta
desde el punto de vista legal. La condena debe ser anulada”.
En el largo documento, Garbus muestra cómo los periodistas
escribieron y hablaron en medios noticiosos con el único propósito de
presentar un cuadro distorsionado de lo que hacían los acusados –evitar
que en Cuba se produjeran acciones terroristas con base en Miami– y en
su lugar, como demuestra el recurso presentado por Garbus mostrarlos
como espías militares que trataban de preparar el terreno en la Florida
para una invasión militar desde Cuba.
The Miami Herald despidió a los periodistas aludiendo que
estos habían violado un código fundamental –aceptar dinero del gobierno
para difundir noticias. El documento señala que “Thomas Fiedler, el
editor ejecutivo y vicepresidente de The Miami Herald, al
hablar acerca del dinero pagado por el Gobierno a miembros de su
personal y de otros medios, dijo que era improcedente porque había sido
“para llevar a cabo la misión del gobierno de EE.UU., una misión de
propaganda. Era incorrecto incluso si no hubiera sido un secreto”. Fue
secreto porque los funcionarios gubernamentales sabían que era impropio
e ilegal.
Gerardo y sus cuatro compañeros han cumplido casi 14 años de
encarcelamiento federal por tratar de impedir que los matones
derechistas de Miami hagan estallar bombas en La Habana. En 1997, una
serie de bombas hicieron explosión en hoteles, restaurantes, bares y
clubes. Un turista murió y muchos trabajadores cubanos de estos
establecimientos fueron heridos. Los atentados con bombas fueron
orquestados por Luis Posada Carriles, actualmente residente en Miami, y
financiados con el dinero de exiliados derechistas.
Mientras estábamos sentados en la sala de visita, rodeados de gente
casi todos de color, con cuatro guardias que nos vigilaban a todos,
mordisqueábamos tentempiés salados de los comprados en la máquina
(“gourmet carcelario”) Gerardo nos contó de su estancia en el “hueco”, no por mal
comportamiento de su parte, sino para su propia “protección”. Habló de
privaciones de la monotonía rutinaria. “Miren a su alrededor”, dijo,
“no se ve a mucha gente de clase media aquí”. No había ninguna. La
mayoría de los reclusos eran negros o latinos, además de uno que
Gerardo creía que era descendiente de obreros pobres de Oklahoma. Todos
tienen en común que no poseen dinero para contratar a buenos abogados.
Me trasladaron aquí desde Lompoc en 2004 porque Lompoc iba a dejar
de ser prisión de máxima seguridad”, nos dijo Gerardo. Como si este
hombre culto y disciplinado necesitara la máxima seguridad. Nos
preguntamos cómo soportaríamos nosotros el castigo de la prisión en una
institución supuestamente correccional y de rehabilitación, donde nadie
se corrige ni rehabilita.
Salimos de la prisión para el aeropuerto de Ontario y nos
preguntamos: ¿Qué hacía en este lugar un cubano bien educado? El
gobierno de EE.UU. sabía que los agentes cubanos se habían infiltrado
en grupos de cubanos exiliados que tenían la intención de causar daño a
la economía turística de Cuba. Los cinco estaban luchando contra el
terrorismo y compartiendo información con el FBI. Nunca debieron
acusarlos y ahora, después de casi 14 años de encarcelamiento, debieran
ser libres por fin.
El presidente Obama puede y debe amnistiarlos y enviarlos a casa.
Cuba ha dado indicios de que respondería liberando a Alan Gross, quien
trabajó para una compañía contratada por la USAID con el propósito de
desestabilizar al gobierno cubano y que fue sentenciado en Cuba. Es
hora de que el presidente Obama ponga este asunto en su plan de
trabajo.
Danny Glover es un activista y actor. El filme de Saul Landau, Por favor, que el verdadero terrorista se ponga de pie, se proyectará en Portland el 12 de septiembre y en Toronto el 21 de septiembre.
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