Por: Prensa Latina
El Gobierno de Estados Unidos utilizó a su agencia de propaganda
contra Cuba Radio/TV Martí como punta de lanza de la manipulación en el
proceso contra cinco antiterroristas cubanos sentenciados en ese país,
reveló hoy la defensa.
Según Martin Garbus, abogado de Gerardo Hernández, uno de los Cinco,
Radio/TV Martí invirtió una vasta suma de dinero hasta convertirse en
centro de acción contra el antiterrorista y sus compañeros.
En conferencia de prensa telefónica, la defensa denunció la
contratación de periodistas que recibieron pagos para sembrar con sus
artículos y transmisiones radiales y televisivas un clima hostil
encaminado a lograr la condena.
Gerardo fue sentenciado a dos cadenas perpetuas más 15 años -la más
severa de las penas- junto a René González, Ramón Labañino, Antonio
Guerrero y Fernando González, todos detenidos en 1998 por su seguimiento
a grupos violentos que desde Miami organizan y ejecutan acciones contra
Cuba.
De acuerdo con el abogado, Radio/TV Martí formó parte del aparato
clandestino montado por Washington para interferir en el proceso contra
los antiterroristas, postura calificada en el documento de violación de
la Constitución que hizo imposible un juicio justo.
También señaló a la agencia gubernamental fundada en 1983 (la parte
radial, la televisión se incorporó en 1990) para la subversión y
propaganda anticubana como una entidad vinculada a grupos conocidos por
su agresividad contra la Revolución , interesados por demás en el
castigo a los Cinco.
Pese al admitido fracaso en su intención de llegar a la isla con su
señal, Garbus recordó que Washington ha destinado al menos 600 millones
de dólares a Radio/TV Martí, dato sustentado en reportes de la Oficina
General de Contaduría (GAO por sus siglas en inglés).
Durante el juicio contra los antiterroristas, Radio/TV Martí
redirigió su foco de Cuba a Miami, en aras de satisfacer al “poderoso
exilio cubano” interesado en la condena, indicó.
La declaración busca la libertad de Gerardo bajo el argumento de que
la conducta del Gobierno con su pago secreto a periodistas contaminó al
jurado y a la opinión pública, alejando el proceso de los estándares
previstos en la Constitución.
En ese sentido, la defensa solicitó al Departamento de Justicia
enviar detalles de lo ocurrido en el proceso al Presidente y al
Congreso, en aras de “mantener la esperanza de que esto nunca vuelva a
suceder en Estados Unidos”.
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