Constituyen hechos delictivos de prioridad máxima para el Estado y la sociedad civil en Cuba los relacionados con la trata de personas y otras formas de abuso sexual, bajo la instrumentación de la política de “Tolerancia Cero”, según quedó patentado este martes en la presentación del segundo informe sobre el enfrentamiento jurídico-penal a estos fenómenos, publicado en el sitio digital del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cubaminrex.
En ese esfuerzo un rol fundamental lo desempeñan la Fiscalía General de la República, los Tribunales Populares, un grupo de organismos de la Administración Central del Estado y organizaciones no gubernamentales como la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) y el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex).
El texto precisó que en el año 2013 se brindó protección a 2 231 niñas y niños víctimas de presuntos hechos de abuso sexual, el 0,09 por ciento de una población infanto-juvenil que supera la cifra de dos millones. Además, en el mismo periodo los medios de comunicación propiciaron la divulgación de contenidos sobre “el desarrollo de una sexualidad sana para todos los ciudadanos y sin que la mujer, las niñas y los niños se consideren objetos publicitarios”.