Quien tiene tejado de vidrio no debería arrojar piedras al tejado del vecino.
Durante el debate sobre el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a Cuba, celebrado en octubre de 2026, el señor Waltz decidió mostrar una fotografía de Fidel Castro en la que aparecía con dos relojes Rolex en la misma muñeca. Según sus cálculos, aquellos relojes tendrían actualmente un valor de 40.000 dólares, equivalentes a 55 años del salario promedio de un trabajador cubano.
La intención era evidente: presentar a Fidel como ejemplo de una dirigencia que disfruta de privilegios mientras su pueblo atraviesa dificultades económicas. Una imagen, una cifra escandalosa y una conclusión previamente elaborada. Todo convenientemente preparado para producir indignación.
Pero resulta que la historia suele ser bastante más compleja que una fotografía acompañada de una frase efectista.
Existen fotografías anteriores al triunfo revolucionario en las que Fidel ya llevaba dos relojes en la misma muñeca. Los especialistas han identificado distintos modelos de Rolex entre los que utilizó, aunque no todos los relojes visibles en aquellas primeras imágenes han podido ser identificados con certeza. Tampoco se ha demostrado cuándo, cómo o con qué recursos fueron adquiridos.
El valor que actualmente puedan alcanzar determinados modelos antiguos de Rolex en el mercado de coleccionistas no corresponde necesariamente a su precio original. Mucho menos demuestra que fueran adquiridos con recursos del Estado cubano.
¿Significa eso que los dirigentes revolucionarios deban estar exentos de cualquier cuestionamiento sobre sus condiciones de vida? De ninguna manera. La austeridad, la transparencia y la coherencia entre el discurso político y la conducta personal son exigencias legítimas para cualquier servidor público, especialmente para quienes dicen representar los intereses de los trabajadores.
Pero una cosa es investigar posibles privilegios y otra muy distinta utilizar una fotografía como si constituyera, por sí misma, una prueba de enriquecimiento indebido.
Y es precisamente aquí donde comienza el problema del señor Waltz.
Porque mientras el embajador estadounidense se indigna por dos relojes que Fidel llevaba hace más de sesenta años, representa a una administración cuyo presidente y entorno familiar mantienen negocios multimillonarios estrechamente relacionados con sectores económicos sobre los que el propio gobierno adopta decisiones.
No estamos hablando únicamente de rumores.
El 30 de junio de 2026, la agencia Reuters informó que las declaraciones financieras de Donald Trump correspondientes a 2025 registraban más de 1.400 millones de dólares en ingresos procedentes de negocios familiares relacionados con las criptomonedas. La misma agencia había estimado que la familia presidencial obtuvo al menos 2.300 millones de dólares en ganancias de sus principales proyectos de ese sector desde el regreso de Trump a la Casa Blanca.
Estos ingresos no constituyen por sí solos una demostración de ilegalidad. Pero plantean una pregunta inevitable: ¿hasta dónde puede llegar la separación entre los intereses públicos de un presidente y los intereses privados de sus empresas cuando ambos se encuentran en sectores directamente afectados por las decisiones de su administración?
La Casa Blanca niega que existan conflictos de intereses. Sin embargo, la existencia de esos negocios y la magnitud de sus ingresos están documentadas.
Hay otro asunto todavía más inquietante.
El 9 de abril de 2025, Donald Trump publicó en su red social Truth Social un mensaje indicando que era un excelente momento para comprar acciones. Menos de cuatro horas después anunció una suspensión temporal de determinados aranceles que provocó una fuerte recuperación de los mercados bursátiles.
Aquella coincidencia dio lugar a acusaciones y peticiones de investigación sobre una posible manipulación del mercado. No se ha demostrado que Trump o sus familiares realizaran operaciones bursátiles ilícitas aprovechando información privilegiada. Sería irresponsable afirmarlo sin pruebas.
Pero las preguntas siguen siendo legítimas: ¿quién conocía anticipadamente aquella decisión?, ¿quiénes compraron acciones antes del anuncio?, ¿quiénes obtuvieron las mayores ganancias?
Y, sobre todo, ¿qué mecanismos garantizan que las decisiones presidenciales no se conviertan en instrumentos de beneficio particular?
Como si todo esto no fuera suficiente, una investigación de Reuters publicada a finales de octubre de 2026 reveló que Truth Social ofrece a empresas financieras un servicio de acceso acelerado a las publicaciones presidenciales, por el cual algunos clientes pagan entre 60.000 y 100.000 dólares mensuales.
El servicio permite recibir los mensajes aproximadamente 50 milisegundos antes que los usuarios ordinarios. Puede parecer una diferencia insignificante, pero en el mundo de las operaciones bursátiles automatizadas esos milisegundos pueden representar ventajas económicas considerables.
La investigación identificó entre los clientes a Bloomberg y a las firmas financieras Susquehanna y Jump Trading. Trump Media cuestionó aspectos del reportaje y defendió el servicio como un producto tecnológico convencional. Entretanto, el fideicomiso familiar de Trump posee aproximadamente el 41 % de la empresa, de la que el presidente es beneficiario.
Insisto: estos hechos no demuestran una conspiración financiera. Pero revelan algo suficientemente importante como para merecer un examen público riguroso: una empresa económicamente vinculada al presidente comercializa el acceso anticipado a declaraciones presidenciales capaces de influir en los mercados financieros.
¿No encuentra usted, mister Waltz, ninguna contradicción entre esta situación y la indignación que le producen dos antiguos relojes?
Y mientras semejantes fortunas y negocios ocupan titulares, millones de estadounidenses continúan enfrentándose a dificultades para satisfacer necesidades fundamentales.
Según los datos de la propia Oficina del Censo de Estados Unidos, 34,5 millones de personas vivían en situación de pobreza en 2025 y 26,7 millones carecieron de seguro médico durante todo ese año. Es cierto que la tasa oficial de pobreza descendió respecto a 2024 y que aumentó el ingreso mediano de los hogares. Reconocer esos avances no elimina la magnitud de las carencias que persisten en la sociedad estadounidense.
Hablamos de la nación más poderosa del planeta, de una economía capaz de producir una riqueza extraordinaria y de un país donde millones de personas continúan padeciendo inseguridad económica.
¿No merece esa realidad una preocupación semejante a la que usted manifiesta por las dificultades materiales de los cubanos?
Naturalmente, los problemas estadounidenses no justifican los errores de la dirigencia cubana, como tampoco las deficiencias del sistema cubano justifican las medidas de presión económica de Washington. La crítica a los privilegios debe ser universal o corre el riesgo de convertirse en simple propaganda.
El problema no está en denunciar la riqueza o los privilegios de un gobernante, sino en utilizar selectivamente esas denuncias según quién sea el gobernante y cuáles sean los intereses políticos del denunciante.
Y todavía falta la cuestión más importante.
Cuba: ¿un país pobre o un país empobrecido?
Mister Waltz presenta las dificultades económicas de los cubanos como si fueran exclusivamente el resultado de las decisiones de su gobierno. Pero al hacerlo omite un elemento fundamental de la historia contemporánea de la isla: más de seis décadas de una política estadounidense concebida para ejercer presión económica sobre Cuba.
Porque hay una diferencia esencial entre ser pobre y haber sido empobrecido.
Cuba no es un país desprovisto de riquezas, capacidades o posibilidades de desarrollo. Posee recursos naturales, tierras cultivables, patrimonio cultural, potencial turístico y una población con importantes niveles de formación profesional y científica. Su situación económica actual no puede explicarse simplemente por una supuesta incapacidad natural para generar bienestar.
Cuba ha sufrido un prolongado proceso de restricciones externas que ha condicionado profundamente sus posibilidades de desarrollo.
No sostengo que todos los problemas económicos cubanos sean consecuencia del bloqueo. Sería desconocer los errores cometidos en la planificación, la administración, las políticas productivas y la organización de la economía, así como las limitaciones internas que también han contribuido a las dificultades actuales.
Pero tampoco puede ignorarse que, desde 1960, Estados Unidos comenzó a aplicar sanciones económicas contra Cuba, ampliadas en 1962 mediante un embargo comercial casi total y reforzadas posteriormente con nuevas leyes y regulaciones.
Y no estamos hablando solamente de la imposibilidad de comprar o vender productos en el mercado estadounidense.
Las restricciones financieras, las sanciones aplicables a determinadas operaciones con terceros países, las dificultades para acceder a créditos, los obstáculos bancarios y las limitaciones al transporte y a otros servicios internacionales han añadido costes a la actividad económica cubana.
Cuba puede comerciar con otros países, y existen excepciones que permiten determinadas ventas estadounidenses de alimentos, medicinas y otros productos. Sin embargo, esas posibilidades no eliminan el conjunto de restricciones que condiciona sus transacciones internacionales.
Las leyes Torricelli de 1992 y Helms-Burton de 1996 ampliaron el alcance de esa presión, afectando también a empresas y operaciones fuera de Estados Unidos.
Por tanto, hablar de una política de asfixia económica no es simplemente una expresión emocional. Es una caracterización política de un sistema de medidas cuyo propósito declarado incluye restringir las capacidades económicas del Estado cubano para provocar cambios políticos.
Y esa política tiene consecuencias materiales.
Cuando una economía encuentra mayores dificultades para comprar combustible, adquirir repuestos, acceder a financiamiento o realizar pagos internacionales, no solamente se perjudican los balances del Estado. Se afecta el funcionamiento de las fábricas, el transporte, la agricultura, los hospitales, la generación eléctrica y, finalmente, la vida cotidiana de sus habitantes.
En febrero de 2026, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su preocupación por el agravamiento de la crisis socioeconómica cubana, en el contexto de décadas de embargo comercial y financiero y de las nuevas medidas estadounidenses que restringían los suministros petroleros.
El organismo advirtió sobre las consecuencias para hospitales, servicios de emergencia, conservación de medicamentos, abastecimiento de agua y programas de protección social.
Y es aquí donde la discusión deja de ser una confrontación entre gobiernos para convertirse en una cuestión de derechos humanos.
Porque las medidas económicas no afectan solamente a quienes toman las decisiones políticas. Sus consecuencias alcanzan a los trabajadores, las personas enfermas, los niños, los ancianos y las familias que deben enfrentar la escasez cotidiana.
¿Puede usted, mister Waltz, hablar de los bajos salarios cubanos sin mencionar la política que su propio gobierno mantiene y que contribuye a restringir las posibilidades de crecimiento económico de la isla?
¿Puede lamentar las dificultades materiales del pueblo cubano mientras defiende medidas que contribuyen a encarecer sus importaciones, limitar sus ingresos y dificultar su acceso a recursos esenciales?
No se trata de afirmar que, sin el bloqueo, Cuba sería automáticamente una sociedad próspera, sin desigualdades ni problemas económicos. Ninguna investigación rigurosa puede garantizar semejante conclusión.
Se trata de reconocer que no es posible evaluar con justicia el desempeño económico de una nación ignorando las restricciones externas que ha soportado durante más de sesenta años.
Resulta imposible determinar con exactitud cuánto mayor sería hoy la riqueza nacional cubana si esas restricciones no hubieran existido. Pero esa incertidumbre no autoriza a borrar sus efectos ni a presentar la situación económica de la isla como si se hubiera desarrollado en condiciones normales de intercambio internacional.
Y ahí radica una de las principales contradicciones de su discurso: utilizar el empobrecimiento de una población como argumento contra sus gobernantes mientras se defiende una política que también contribuye a ese empobrecimiento.
La responsabilidad de un gobierno con su pueblo no desaparece porque existan agresiones o presiones externas. Pero la responsabilidad de quien ejerce esas presiones tampoco desaparece porque el gobierno afectado cometa errores.
Ambas responsabilidades deben examinarse.
Lo que no resulta aceptable es exigir cuentas por las consecuencias de una crisis y omitir deliberadamente la participación propia en las causas que la alimentan.
La moral de los relojes y la responsabilidad de los gobiernos
El 28 de octubre de 2026, la Asamblea General de las Naciones Unidas volvió a reclamar el levantamiento del embargo estadounidense mediante una resolución aprobada por 130 países, con 17 votos contrarios y 25 abstenciones.
Washington consiguió reducir considerablemente el respaldo internacional a la resolución respecto al año anterior. Es un hecho que debe reconocerse. Pero también lo es que una mayoría de los países que votaron continuó rechazando aquella política.
Incluso la Unión Europea, que reiteró sus preocupaciones sobre los derechos humanos y la responsabilidad de las autoridades cubanas en materia económica, reconoció expresamente los efectos económicos y humanitarios adversos del embargo y señaló que levantarlo facilitaría la aplicación de reformas y una mayor apertura económica.
Y aquí surge una contradicción moral que ninguna fotografía de Fidel puede resolver.
Si el pueblo cubano vive dificultades económicas, ¿por qué mantener medidas que contribuyen a agravarlas? Si la preocupación estadounidense es realmente el bienestar de las familias cubanas, ¿por qué no favorecer condiciones que permitan mejorar sus posibilidades de producción, comercio y desarrollo?
Puede usted cuestionar a Fidel Castro, a sus sucesores, al sistema económico y político de Cuba. Puede denunciar privilegios reales, exigir transparencia y criticar decisiones gubernamentales. Todo ello forma parte del debate legítimo.
Pero ninguna de esas críticas responde a la pregunta sobre la responsabilidad de Estados Unidos por las consecuencias de su propia política.
Y ningún reloj, por costoso que sea, puede utilizarse como justificación moral para imponer sufrimientos a una población.
Hay una vieja enseñanza que encuentra aquí una aplicación particularmente oportuna. Jesús preguntaba por qué nos preocupamos de la paja en el ojo ajeno mientras ignoramos la viga que llevamos en el nuestro. No era una invitación a renunciar a la crítica, sino a ejercerla desde la coherencia y la capacidad de examinarnos a nosotros mismos.
Porque denunciar la injusticia es necesario. Pero convertir la justicia en un arma que solamente apunta hacia nuestros adversarios termina por vaciarla de contenido.
Mister Waltz, antes de levantar ante el mundo la fotografía de los relojes de Fidel, quizás habría sido conveniente examinar las declaraciones financieras del presidente al que representa, los negocios de su entorno familiar y las condiciones materiales en las que viven millones de compatriotas suyos.
No para establecer una competencia sobre quién posee más riquezas o quién administra mejor sus contradicciones, sino para comprender que los principios éticos no pueden depender de la nacionalidad ni de la orientación política de quien los invoca.
Los derechos humanos no son patrimonio de Washington, La Habana ni de ninguna otra capital. La justicia social tampoco puede convertirse en un argumento que utilizamos contra nuestros adversarios y olvidamos cuando compromete nuestros propios intereses.
La pobreza de un pueblo no debe servir como escenografía para el discurso político de quienes dicen defenderlo, mientras mantienen políticas que pueden contribuir a prolongar su sufrimiento.
Al final, la cuestión nunca fue cuánto cuestan los Rolex de Fidel.
La verdadera cuestión es cuánto vale la coherencia de quienes pretenden impartir lecciones de moral al resto del mundo.
Y, por supuesto, cuánto cuesta a los pueblos la hipocresía de sus gobernantes.
Porque, como dice el viejo refrán, quien tiene tejado de vidrio no debería arrojar piedras al tejado del vecino.
Y mucho menos pretender que nadie observe las grietas del suyo.
Fuentes documentales
Archivo de Seguridad Nacional — Historia de las sanciones estadounidenses contra Cuba.
Departamento de Estado de EE. UU. — Ley de Democracia Cubana de 1992.
Unión Europea — Declaración ante la ONU sobre el embargo, 28 de octubre de 2026.
Reuters — Ingresos declarados por Trump provenientes de criptomonedas, junio de 2026.
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