La propaganda, los derechos humanos y la fabricación del consenso
Reflexiones en voz alta
Aquellas estructuras no han desaparecido. Lo que ha sucedido es que a ellas se ha incorporado una inmensa red de empresas de comunicación, industrias culturales, plataformas digitales, fundaciones, centros de investigación, organizaciones sociales y determinadas instituciones religiosas que participan en la producción y circulación de discursos políticos.
El fenómeno no consiste simplemente en la multiplicación de los emisores. Lo verdaderamente significativo es que determinados intereses políticos y económicos pueden expresarse ahora mediante intermediarios cuya apariencia de independencia les confiere una credibilidad que difícilmente alcanzarían presentándose directamente como portavoces de esos intereses.
Podríamos denominarlo blanqueamiento de la propaganda. Un proceso mediante el cual discursos vinculados a relaciones de poder adquieren legitimidad bajo la apariencia de información neutral, investigación científica, compromiso humanitario o expresión espontánea de la sociedad civil.
Pero limitarse a denunciar una supuesta manipulación organizada desde las alturas sería insuficiente. La realidad es bastante más compleja. No siempre existen órdenes directas ni conspiraciones centralizadas. Muchas veces bastan intereses convergentes, dependencias económicas, afinidades culturales y mecanismos institucionales que determinan cuáles problemas merecen atención, cuáles voces son reconocidas y qué soluciones se consideran aceptables.
Y precisamente ahí encontramos una de las claves de la propaganda contemporánea: el poder puede ejercer influencia sin necesidad de aparecer como protagonista del discurso.
La construcción de una hegemonía cultural
El fenómeno tiene raíces históricas profundas. Walter Lippmann, en su obra Public Opinion, publicada en 1922, examinó cómo las personas construyen su percepción del mundo a partir de representaciones de acontecimientos que no conocen por experiencia directa.
Edward Bernays, uno de los pioneros de las relaciones públicas modernas, defendió posteriormente la utilización sistemática de técnicas de persuasión capaces de orientar opiniones y comportamientos colectivos.
Antonio Gramsci aportó una dimensión todavía más profunda mediante su concepto de hegemonía. Comprendió que el poder no se sostiene exclusivamente por la coerción, sino también mediante la construcción de consentimiento. La escuela, los medios, las asociaciones, las iglesias y los intelectuales intervienen en la formación de aquello que una sociedad considera natural, legítimo o inevitable.
Más tarde, Edward S. Herman y Noam Chomsky, en Manufacturing Consent, analizaron cómo la estructura económica de los grandes medios puede condicionar la selección, presentación y difusión de las noticias sin necesidad de una censura gubernamental directa.
Estas aportaciones permiten comprender que la propaganda más eficaz no necesita recurrir sistemáticamente a la mentira. Puede operar con hechos verdaderos, seleccionando unos, amplificando otros y excluyendo del debate acontecimientos igualmente relevantes.
La fabricación del consenso consiste, en buena medida, en determinar qué debe preocuparnos, por quién debemos sentir indignación y cuáles soluciones terminamos considerando razonables.
Del cine a los algoritmos: aprender a mirar el mundo
La industria cinematográfica ha desempeñado un papel extraordinario en la formación de imaginarios colectivos. Sus relatos construyen héroes, enemigos, amenazas y aspiraciones. Mediante historias aparentemente alejadas de la política, pueden contribuir a naturalizar determinadas concepciones del poder, de la libertad y del progreso.
La prolongada colaboración entre el Departamento de Defensa estadounidense y productoras de Hollywood demuestra que estas relaciones no son solamente una interpretación teórica. Existen mecanismos institucionales de asesoramiento y cooperación que pueden influir en las representaciones audiovisuales de las fuerzas armadas.
Naturalmente, la industria cinematográfica también produce obras críticas. Lo importante es reconocer que constituye un terreno de disputa cultural, en el que intervienen intereses comerciales, estatales e ideológicos.
Los medios informativos tradicionales, por su parte, no solamente comunican acontecimientos. También establecen jerarquías de importancia, seleccionan interlocutores autorizados y construyen marcos interpretativos.
Con las redes sociales hemos entrado en una etapa todavía más sofisticada. Millones de personas pueden producir contenidos, pero unas pocas corporaciones controlan buena parte de la infraestructura que determina su circulación.
La libertad de publicar no garantiza igualdad de visibilidad.
Además, las plataformas pueden convertir a los propios ciudadanos en reproductores de mensajes que perciben como expresiones de su independencia personal. La propaganda ya no necesita presentarse como la voz de la autoridad. Puede presentarse como la voz de la rebeldía.
Y aquí encontramos una paradoja inquietante: determinadas personas pueden sentirse profundamente contestatarias mientras reproducen discursos funcionales a los intereses de sectores dominantes.
La sociedad civil y la legitimidad prestada
Pero existe otro conjunto de actores cuya influencia resulta especialmente interesante porque procede de una autoridad distinta de la económica o la política: la autoridad moral.
Determinadas iglesias, fundaciones, centros de investigación y organizaciones no gubernamentales disfrutan de la confianza que sus actividades educativas, humanitarias, científicas o religiosas generan entre amplios sectores sociales.
Esa confianza puede ser perfectamente merecida. Muchas de estas instituciones realizan trabajos imprescindibles y constituyen espacios reales de resistencia frente al poder.
Sin embargo, su prestigio también puede ser utilizado para conferir legitimidad a discursos cuyos vínculos políticos y económicos no resultan suficientemente visibles.
Una iglesia puede convertir determinadas preferencias políticas en aparentes obligaciones religiosas. Una fundación puede presentar como conclusión científica lo que constituye una interpretación condicionada por determinados supuestos ideológicos. Una organización civil puede ser elevada a la categoría de representante de una sociedad sin que exista evidencia de que realmente la represente.
En estos casos se produce una transferencia de legitimidad: la confianza obtenida en un ámbito se traslada hacia otro en el que no necesariamente está justificada.
El fenómeno adquiere una especial gravedad cuando esa legitimidad moral es utilizada para justificar sanciones económicas, intervenciones extranjeras o acciones militares.
Los derechos humanos: entre la emancipación y el poder
La Declaración Universal de los Derechos Humanos representó un avance histórico extraordinario. Su reconocimiento de la dignidad inherente a todas las personas constituye una conquista que debemos preservar y desarrollar.
Pero una cosa son los derechos humanos como principios universales y otra las instituciones que han asumido la tarea de interpretarlos, defenderlos y promoverlos.
Estas instituciones no existen fuera de la historia. Se desarrollan dentro de relaciones culturales, económicas y geopolíticas concretas.
El jurista keniano Makau Mutua, en su ensayo Savages, Victims, and Saviors, publicado en 2001, formuló una crítica particularmente relevante al discurso internacional de los derechos humanos.
Según Mutua, una parte de ese discurso reproduce una estructura narrativa en la que aparecen tres personajes: los salvajes, responsables de la opresión; las víctimas, generalmente representadas como seres indefensos; y los salvadores, frecuentemente identificados con instituciones y valores occidentales.
El problema no consiste en que no existan víctimas ni violaciones reales. Consiste en que esa representación puede reproducir una relación de superioridad cultural en la que determinadas sociedades son presentadas como incapaces de resolver sus contradicciones sin la intervención tutelar de actores externos.
Desde esa perspectiva, los derechos humanos pueden convertirse en una nueva forma de legitimar relaciones de subordinación.
El investigador Stephen Hopgood, en The Endtimes of Human Rights, también ha examinado la dependencia histórica del movimiento internacional de derechos humanos respecto del orden político y cultural occidental. Su análisis cuestiona la identificación automática entre la expansión de determinadas instituciones internacionales y la realización efectiva de una justicia universal.
Por su parte, David Kennedy, en The Dark Sides of Virtue, advirtió sobre los efectos indeseados que pueden producir las intervenciones humanitarias cuando sus promotores no examinan críticamente las relaciones de poder y las consecuencias políticas de sus propias acciones.
Estas críticas nos obligan a formular una pregunta incómoda: ¿hasta qué punto determinadas organizaciones internacionales reconocen verdaderamente la diversidad de las experiencias históricas y culturales, y hasta qué punto interpretan las realidades ajenas mediante categorías construidas desde sus propias sociedades?
El universalismo de los derechos humanos no debería significar la universalización de una única experiencia cultural.
Y mucho menos debería convertir a Occidente en juez permanente de los demás pueblos, mientras sus propias estructuras de dominación económica, política y militar quedan relativamente al margen del examen.
Antes de las bombas: la construcción de la urgencia moral
Llegamos así a uno de los aspectos centrales de nuestra reflexión.
Cuando una guerra comienza, suele existir ya una narrativa que ha preparado a una parte de la opinión pública para aceptarla. Determinados gobiernos son presentados como amenazas intolerables; ciertas atrocidades adquieren enorme visibilidad; las víctimas se convierten en símbolos de una emergencia y la intervención extranjera aparece progresivamente como una respuesta necesaria.
Las organizaciones de derechos humanos pueden intervenir en esa construcción mediante sus investigaciones, campañas, pronunciamientos y relaciones con instituciones políticas.
Sería incorrecto afirmar que toda denuncia de una violación de derechos humanos constituye propaganda. Pero tampoco podemos suponer que los discursos humanitarios permanecen necesariamente ajenos a las estrategias políticas de quienes los promueven o utilizan.
La pregunta no es solamente si las denuncias son verdaderas. También debemos investigar cómo fueron verificadas, qué contexto se proporcionó, cuáles alternativas se consideraron y qué papel desempeñaron en la legitimación de decisiones posteriores.
Un episodio particularmente revelador ocurrió antes de la guerra del Golfo de 1991.
En octubre de 1990, una joven kuwaití conocida públicamente como Nayirah relató ante un grupo de congresistas estadounidenses que soldados iraquíes habían sacado a bebés de sus incubadoras, dejándolos morir. El testimonio alcanzó una enorme repercusión y fue utilizado por partidarios de la intervención militar.
Posteriormente se conoció que la joven era hija del embajador kuwaití en Washington y que su testimonio había sido presentado en el contexto de una campaña de relaciones públicas vinculada a la firma Hill & Knowlton.
Amnistía Internacional había contribuido inicialmente a dar credibilidad a denuncias semejantes. Sin embargo, las investigaciones posteriores no encontraron pruebas fiables de que las atrocidades de las incubadoras hubieran ocurrido como se había afirmado, y la organización rectificó su posición.
Middle East Watch, por el contrario, había cuestionado tempranamente esas acusaciones.
Este episodio demuestra algo fundamental: la credibilidad de una organización humanitaria puede contribuir a convertir una acusación no verificada en una poderosa justificación moral de una guerra.
La rectificación posterior resulta necesaria, pero no puede deshacer automáticamente los efectos que el relato produjo cuando todavía era políticamente decisivo.
No se trata de negar las violaciones reales cometidas durante la ocupación iraquí de Kuwait. Se trata de comprender cómo una atrocidad falsa pudo incorporarse a la narrativa de una guerra en medio de atrocidades verdaderas.
Libia: de proteger a los civiles a transformar el régimen
En 2011, durante la crisis libia, las denuncias de represión gubernamental y el peligro que afrontaban determinadas poblaciones civiles adquirieron una enorme relevancia internacional.
Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch reclamaron acciones urgentes para impedir nuevas violaciones.
El 17 de marzo de aquel año, Human Rights Watch advirtió del grave peligro que afrontaban los habitantes de Bengasi. Después de que el Consejo de Seguridad aprobara la Resolución 1973, su entonces director ejecutivo, Kenneth Roth, celebró que el organismo hubiera dejado abiertas todas las opciones para impedir atrocidades.
Amnistía Internacional también reclamó medidas urgentes y valoró positivamente que la resolución situara la protección de los civiles en primer plano, aunque insistió en la necesidad de respetar las leyes de la guerra.
La resolución permitió la intervención militar internacional, que terminó desarrollándose en un contexto de apoyo a las fuerzas contrarias a Gadafi y culminó con la caída de su gobierno.
El investigador Alan Kuperman ha cuestionado duramente la interpretación según la cual la campaña de la OTAN fue una operación esencialmente humanitaria. Su análisis sostiene que la intervención favoreció un cambio de régimen y agravó las consecuencias humanas del conflicto. Otros investigadores han defendido que existía una amenaza grave contra los civiles y que la operación evitó una matanza, por lo que la cuestión continúa siendo objeto de debate histórico.
Pero nuestro interés principal está en otro lugar.
¿Qué responsabilidad corresponde a quienes contribuyeron a presentar una intervención militar como respuesta humanitaria ante una emergencia?
¿Fue suficientemente examinada la probabilidad de que una operación destinada oficialmente a proteger civiles terminara transformándose en una guerra por el control político del país?
¿Se prestó la misma atención a las posibilidades de negociación, a las iniciativas diplomáticas regionales y a los riesgos de desintegración institucional?
Posteriormente, diversas organizaciones denunciaron las víctimas civiles de los bombardeos de la OTAN y los abusos cometidos por las nuevas fuerzas políticas y militares libias.
Esas denuncias son importantes. Pero no agotan la discusión sobre la responsabilidad por la legitimidad que se otorgó inicialmente a la intervención.
Una organización puede no haber deseado determinadas consecuencias y, aun así, estar obligada a examinar si sus pronunciamientos contribuyeron a hacer más aceptable una decisión cuyos riesgos fueron insuficientemente considerados.
Irán y la apropiación política del lenguaje emancipador
En el caso de Irán encontramos una contradicción particularmente compleja.
Las autoridades iraníes han cometido violaciones de derechos humanos contra sectores de su población, incluidas mujeres, manifestantes y personas perseguidas por sus opiniones. Esas violaciones merecen una condena clara.
Pero el reconocimiento de esos abusos no concede a Estados Unidos, Israel ni a ninguna otra potencia una autorización para emprender una guerra.
El problema surge cuando las reivindicaciones de sectores de la sociedad iraní son incorporadas a discursos geopolíticos que presentan la intervención extranjera como vía de emancipación.
Tras los ataques estadounidenses e israelíes iniciados en febrero de 2026, este conflicto entre el discurso de liberación y la realidad de la guerra adquirió una dimensión especialmente dramática.
Es necesario reconocer que Amnistía Internacional también denunció esos ataques como contrarios a la Carta de Naciones Unidas, reclamando simultáneamente protección frente a la represión interna.
No disponemos, por tanto, de fundamentos para afirmar que esa organización respaldara la guerra.
Pero sí existe una cuestión más amplia que merece investigarse: cómo las campañas internacionales, la selección de determinados interlocutores y la representación de las sociedades no occidentales pueden ser incorporadas a proyectos de transformación política promovidos desde el exterior.
Esto exige preguntarse si las voces disidentes reciben reconocimiento por su compromiso con los derechos de su pueblo o si, en ciertos espacios políticos y mediáticos, su visibilidad aumenta cuando coinciden con los intereses estratégicos de las potencias occidentales.
Ambas posibilidades no son equivalentes, y debemos distinguirlas mediante pruebas concretas.
Lo que resulta inadmisible es convertir una demanda legítima de derechos en un argumento automático para justificar una agresión militar.
Palestina e Israel: la prueba de la universalidad
Si queremos examinar seriamente la coherencia del discurso internacional de derechos humanos, no podemos dejar fuera la cuestión palestina.
Durante décadas, numerosas organizaciones palestinas, israelíes e internacionales han documentado la ocupación, las restricciones a la movilidad, la confiscación de tierras, los desplazamientos forzados y otras violaciones de derechos fundamentales.
En abril de 2021, Human Rights Watch concluyó que las autoridades israelíes cometían crímenes de lesa humanidad de apartheid y persecución.
Amnistía Internacional llegó a conclusiones semejantes en febrero de 2022.
Posteriormente, durante la devastadora ofensiva israelí sobre Gaza, Amnistía publicó en diciembre de 2024 un informe en el que concluyó que Israel había cometido y continuaba cometiendo genocidio contra la población palestina. Human Rights Watch documentó actos de genocidio y el crimen de lesa humanidad de exterminio.
Por tanto, sería incorrecto afirmar que estas organizaciones guardaron silencio o se limitaron a formular críticas superficiales.
Pero la existencia de esas denuncias plantea una contradicción todavía más profunda: ¿por qué informes de semejante gravedad no han conseguido que determinadas potencias occidentales dejen de proporcionar respaldo militar, diplomático o económico a Israel?
La cuestión no es simplemente comparar la cantidad de comunicados publicados contra distintos gobiernos. Debemos examinar cómo se reciben esas denuncias, qué autoridad se les reconoce, qué decisiones producen y cómo reaccionan los Estados cuando afectan a un aliado estratégico.
Aquí aparece una asimetría fundamental del orden internacional.
Las violaciones atribuidas a determinados gobiernos pueden convertirse rápidamente en argumentos para exigir sanciones, aislamiento diplomático o transformación de sus estructuras políticas. En cambio, denuncias de enorme gravedad contra un aliado pueden encontrar resistencia institucional y consecuencias mucho más limitadas.
Es importante distinguir la responsabilidad de las organizaciones denunciantes de la responsabilidad de los gobiernos que desatienden sus informes. Pero también corresponde examinar si todas las organizaciones sostienen sus campañas con igual persistencia y qué mecanismos de presión enfrentan cuando cuestionan a actores protegidos por grandes potencias.
La tragedia palestina revela así una contradicción que afecta a la credibilidad del sistema internacional: el reconocimiento jurídico de una violación no garantiza que existan voluntad ni mecanismos políticos para detenerla.
Y eso nos obliga a preguntar si la universalidad de los derechos humanos se traduce realmente en una universalidad de responsabilidades.
Cuba: quién tiene autoridad para hablar en nombre de un pueblo
El caso cubano incorpora otra dimensión del problema: la construcción de una representatividad política mediante la selección de determinadas voces sociales.
En vísperas de la votación de octubre de 2026 contra el bloqueo estadounidense, la misión de Estados Unidos ante Naciones Unidas organizó un encuentro con opositores cubanos y antiguos presos, destinado a cuestionar el respaldo internacional a la resolución.
Conviene precisar que se trató de una iniciativa estadounidense en el ámbito de Naciones Unidas y no de una decisión adoptada por la organización internacional en su conjunto.
Pero el acontecimiento permite examinar un mecanismo recurrente: una potencia selecciona interlocutores cuyas posiciones coinciden con sus objetivos políticos y les proporciona visibilidad internacional, presentando sus testimonios como expresión de demandas de la sociedad del país al que dirige sus presiones.
Toda persona tiene derecho a expresar sus opiniones y denunciar abusos. Pero esa legitimidad individual no equivale automáticamente a representatividad colectiva.
No basta con comparecer ante un parlamento extranjero, participar en una conferencia internacional o recibir atención mediática para convertirse en portavoz de un pueblo.
La pregunta que debemos formular es cuáles voces son escuchadas y cuáles permanecen ausentes.
¿Dónde están las organizaciones que trabajan directamente con comunidades afectadas por las dificultades económicas? ¿Dónde están los ciudadanos que reclaman transformaciones internas, pero rechazan las sanciones estadounidenses? ¿Dónde están quienes defienden el proyecto socialista y al mismo tiempo critican sus errores e insuficiencias?
La sociedad cubana no es homogénea, y ninguna selección reducida de interlocutores debería ser presentada como expresión suficiente de sus aspiraciones.
Más grave todavía resulta la contradicción de invocar el bienestar del pueblo cubano para defender políticas cuyas consecuencias sobre sus condiciones materiales de vida han sido denunciadas por diversos mecanismos internacionales de derechos humanos.
Aquí la ética de la responsabilidad resulta ineludible: quienes promueven medidas que afectan a millones de personas deben responder también por sus consecuencias humanitarias, con independencia de cuáles sean sus justificaciones políticas.
Poncio Pilatos y la responsabilidad que nadie quiere asumir
Hay una imagen bíblica que puede ayudarnos a comprender esta contradicción: Poncio Pilatos lavándose las manos ante la condena de Jesús.
En el relato de Mateo, Pilatos pretende declararse inocente de una decisión que permite ejecutar. Pero su gesto no elimina su autoridad ni su participación.
La comparación resulta sugerente para aquellas instituciones que intervienen en la construcción de un clima político favorable a determinadas decisiones y posteriormente se declaran completamente ajenas a sus consecuencias.
Debemos ser cuidadosos: quien documenta una violación real de derechos humanos no se convierte automáticamente en responsable de la guerra que otros deciden emprender utilizando esa denuncia.
Pero tampoco podemos aceptar que una organización quede liberada de toda reflexión ética por el simple hecho de afirmar que la decisión final correspondió a un gobierno.
La responsabilidad no se agota en las intenciones declaradas. También exige considerar qué sabía cada actor, qué consecuencias eran previsibles, qué alternativas estaban disponibles y qué hizo cuando sus intervenciones comenzaron a producir efectos políticos.
David Kennedy ha insistido precisamente en la necesidad de examinar las consecuencias de las propias iniciativas humanitarias. La certeza de estar actuando por una causa moralmente justa puede dificultar el reconocimiento de daños o contradicciones derivados de la intervención.
La fragmentación de responsabilidades constituye una característica significativa de los mecanismos modernos de construcción del consenso.
Una fundación financia una campaña. Un medio difunde sus conclusiones. Una organización proporciona testimonios. Un centro de investigación formula recomendaciones. Un dirigente político convierte esas recomendaciones en decisiones.
Cuando llegan las consecuencias, cada participante puede alegar que su intervención fue limitada.
De esa manera, es posible que muchos contribuyan a legitimar una política y que ninguno se reconozca responsable del proceso en su conjunto.
Pero lavarse las manos no demuestra inocencia.
La emancipación no puede imponerse desde fuera
Hay un principio que atraviesa todas estas reflexiones.
Ninguna sociedad debería ser considerada incapaz de transformar sus propias estructuras simplemente porque sus formas de organización política, sus experiencias culturales o su trayectoria histórica no coinciden con las expectativas de determinadas potencias.
Esto tampoco significa justificar el autoritarismo, negar derechos individuales o considerar que las tradiciones culturales se encuentran por encima de la dignidad humana.
Una defensa consecuente de la autodeterminación debe reconocer igualmente la capacidad de las personas para cuestionar a sus propios gobiernos, reclamar libertades y promover transformaciones internas.
Lo que debemos rechazar es la apropiación externa de esas aspiraciones para convertirlas en instrumentos de subordinación geopolítica.
La solidaridad auténtica no sustituye la voluntad de los pueblos. La acompaña.
Los derechos humanos deberían ofrecer herramientas para ampliar la autonomía de las personas, no convertirse en un lenguaje mediante el cual determinadas potencias se atribuyan el derecho de decidir el destino de sociedades ajenas.
Y esto nos exige una autocrítica igualmente importante: la denuncia del imperialismo tampoco debe servir para minimizar las violaciones que cometen gobiernos que se presentan como antiimperialistas.
No puede haber derechos humanos universales si la pertenencia a uno u otro bloque geopolítico determina quién merece protección.
Recuperar una conciencia verdaderamente crítica
Quizás uno de los mayores éxitos de la propaganda contemporánea sea haber conseguido que muchas personas confundan la reiteración de determinados discursos con el ejercicio de su propio pensamiento crítico.
No necesitamos aceptar acríticamente todo cuanto publican las organizaciones internacionales. Pero tampoco debemos rechazar sus denuncias simplemente porque cuestionen a gobiernos con los que simpatizamos.
Lo fundamental es recuperar la capacidad de examinar cada afirmación desde sus pruebas, su contexto y sus consecuencias.
Preguntarnos quién financia una campaña, quién selecciona las fuentes, qué intereses se benefician de sus conclusiones, qué testimonios quedan excluidos y por qué determinadas violaciones producen consecuencias políticas mientras otras parecen encontrar un muro de impunidad.
Debemos exigir transparencia a las organizaciones sociales, responsabilidad a los medios de comunicación, coherencia a las instituciones religiosas y rendición de cuentas a los gobiernos y partidos políticos.
También debemos examinar nuestras propias certezas. La defensa de una causa justa no garantiza que todos los métodos utilizados para promoverla sean igualmente justos.
Una reflexión final
La propaganda contemporánea no se limita a fabricar opiniones favorables al poder. Puede fabricar también la apariencia de independencia de sus emisores, la autoridad moral de determinados discursos y la representatividad de quienes los sostienen.
Y cuando esos discursos contribuyen a legitimar decisiones que ocasionan sufrimiento humano, la multiplicación de intermediarios puede favorecer la disolución de las responsabilidades.
Las organizaciones de derechos humanos no están fuera de este problema. Algunas de sus actuaciones merecen reconocimiento por haber denunciado atrocidades que muchos poderes pretendían ocultar. Otras deben ser sometidas a una crítica rigurosa por sus errores, sus prioridades, sus presupuestos culturales y sus posibles contribuciones a procesos de legitimación política que desembocaron en graves consecuencias humanas.
La credibilidad no debe convertirse en inmunidad frente al escrutinio.
Porque una causa justa puede ser instrumentalizada. Una denuncia verdadera puede servir para sostener una conclusión falsa. Y una institución comprometida con la dignidad humana puede contribuir, aun sin proponérselo, a procesos que terminan dañando aquello que pretende proteger.
Volvamos entonces a Poncio Pilatos.
Lavarse las manos puede ser un gesto tranquilizador para quien quiere declararse ajeno a una decisión. Pero no basta para resolver las preguntas sobre su responsabilidad.
Tal vez una de las tareas más importantes de nuestro tiempo sea reconstruir esas responsabilidades que las complejas relaciones entre poder político, intereses económicos, instituciones privadas y organizaciones internacionales han vuelto cada vez menos visibles.
Y preguntarnos, sin indulgencia hacia nadie, incluidos nosotros mismos:
Cuando nuestras palabras, nuestras denuncias o nuestros silencios contribuyen a legitimar una injusticia, ¿basta con afirmar que nuestras intenciones eran buenas?
Porque la verdadera defensa de la dignidad humana no puede terminar donde comienzan las consecuencias incómodas de nuestros propios actos.
Y una ética verdaderamente universal no se demuestra solamente denunciando los crímenes de nuestros adversarios, sino teniendo el valor de reconocer también los que cometen quienes consideramos aliados.
Referencias principales para la edición
Makau Mutua, Savages, Victims, and Saviors: The Metaphor of Human Rights (2001).
Stephen Hopgood, The Endtimes of Human Rights (2013).
David Kennedy, The Dark Sides of Virtue: Reassessing International Humanitarianism (2004).
Edward S. Herman y Noam Chomsky, Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media (1988).
John R. MacArthur, Second Front: Censorship and Propaganda in the Gulf War (1992).
Human Rights Watch, Libya: Benghazi Civilians Face Grave Risk (17 de marzo de 2011).
Alan J. Kuperman, Lessons from Libya: How Not to Intervene.
Human Rights Watch, A Threshold Crossed (2021).
Amnistía Internacional, Israel’s Apartheid against Palestinians (2022).
Amnistía Internacional, Israel’s Genocide Against Palestinians in Gaza (2024).
Amnistía Internacional, Trapped Between Unlawful Attacks by the USA/Israel and Internal Deadly Repression (2026).
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