Venezuela, ¿con V de Vichy?

Las comparaciones históricas son siempre peligrosas, pero también pueden ser necesarias. Son peligrosas cuando se utilizan para sustituir el análisis por una etiqueta, cuando se pretende que dos épocas diferentes sean idénticas o cuando se toma una tragedia del pasado para descalificar apresuradamente a los protagonistas del presente. Sin embargo, resultan necesarias cuando ciertos mecanismos del poder vuelven a aparecer bajo otros nombres y circunstancias. Por eso, al observar lo que sucede hoy en Venezuela después de la intervención militar estadounidense, la captura y traslado de Nicolás Maduro y el ascenso de Delcy Rodríguez a la presidencia interina, una pregunta incómoda comienza a imponerse: ¿estamos ante una reorganización defensiva de la Revolución Bolivariana o ante el comienzo de su petainización?

La referencia conduce inevitablemente a la Francia de 1940. Después de la derrota militar frente a la Alemania nazi, el mariscal Philippe Pétain asumió la dirección de un Estado que conservaba nombre, bandera, funcionarios, policías, tribunales y una aparente autoridad nacional. Francia no desapareció formalmente, pero una parte considerable de su soberanía quedó sometida a la potencia vencedora. Vichy administró esa subordinación desde instituciones francesas y la presentó como un ejercicio de realismo: colaborar para evitar males mayores, preservar lo que todavía podía salvarse y proteger a la población de una ocupación más brutal. Bajo esa justificación fue naciendo algo mucho más profundo que una concesión temporal: un régimen que utilizó la derrota para desmontar la República, perseguir a sus adversarios y acomodar el país al nuevo orden impuesto por Alemania.

La vichización no consiste, por tanto, únicamente en la presencia de tropas extranjeras ni en la firma de acuerdos con una potencia hostil. Es un proceso mediante el cual una dirigencia nacional, surgida muchas veces del propio sistema anterior, conserva las formas exteriores del Estado mientras comienza a transformar su contenido para hacerlo compatible con los intereses del vencedor. La potencia dominante descubre que no necesita gobernar directamente cada ministerio, empresa o institución. Puede resultar más eficaz que sean los propios funcionarios nacionales quienes administren las concesiones, disciplinen a la población y presenten la subordinación como soberanía responsable.

Esta es la dimensión que vuelve pertinente la comparación venezolana. Estados Unidos no colocó en Miraflores a una figura tradicional de la oposición ni entregó inmediatamente el gobierno a María Corina Machado o a otro representante declarado del antichavismo. Después de la captura de Maduro permanecieron en sus cargos importantes dirigentes e instituciones del orden bolivariano, y Delcy Rodríguez, una de sus figuras centrales, asumió la presidencia interina. Desde el punto de vista de Washington, esa continuidad podía ofrecer algo que la oposición tradicional difícilmente garantizaba: control del aparato estatal, autoridad sobre las Fuerzas Armadas y PDVSA, conocimiento de la administración pública y cierta legitimidad dentro de una parte de la base chavista.

Aquí aparece el primer paralelismo inquietante. Pétain no era un desconocido impuesto desde Berlín, sino un héroe nacional francés cuya autoridad ayudó a presentar la colaboración como protección de la patria. Delcy Rodríguez tampoco procede de las filas históricas del antichavismo. Su trayectoria está estrechamente vinculada al gobierno bolivariano, a Nicolás Maduro y a la defensa pública de la soberanía venezolana. Precisamente por eso puede resultar más útil para conducir transformaciones que encontrarían una resistencia inmediata si fueran ejecutadas por quienes durante años solicitaron sanciones, intervención extranjera y entrega de los recursos nacionales.

La cuestión no puede reducirse, sin embargo, al origen político de una persona. Lo decisivo son las medidas adoptadas y los intereses que terminan beneficiándose de ellas. La reforma petrolera promovida por el nuevo gobierno abrió espacios mucho mayores a la inversión privada y extranjera, redujo el papel exclusivo de PDVSA y modificó principios centrales del modelo construido durante el chavismo. A ello se suma el acuerdo energético de veinticinco años presentado como una vía para recuperar la producción, atraer tecnología y obtener ingresos con los cuales reconstruir el país.

Por sí misma, la inversión extranjera no demuestra la existencia de una traición. La Revolución Bolivariana ya había utilizado empresas mixtas y acuerdos con capitales internacionales. Un país cuya infraestructura petrolera se encuentra deteriorada y cuya economía ha sido castigada durante años por sanciones necesita financiamiento, mercados y tecnología. El problema aparece cuando la apertura deja de ser un instrumento controlado por el Estado y se convierte en una transferencia del poder de decisión sobre los recursos estratégicos.

Delcy Rodríguez sostiene que Venezuela conserva la propiedad y la soberanía sobre su petróleo. Donald Trump, por su parte, habla abiertamente de control estadounidense sobre proyectos que abarcan decenas de miles de millones de barriles, de participación mayoritaria y de petróleo adquirido a precio de coste para abastecer las reservas estratégicas de Estados Unidos. Entre ambos discursos existe una contradicción que no puede resolverse con consignas. Si Venezuela mantiene verdaderamente el control, deberán conocerse los contratos, las condiciones fiscales, la distribución de los beneficios, las facultades otorgadas a las empresas extranjeras y los mecanismos mediante los cuales el pueblo venezolano podrá fiscalizar un acuerdo que compromete recursos nacionales durante un cuarto de siglo.

Es precisamente en esa contradicción donde podría comenzar la vichización: un gobierno nacional continúa pronunciando las palabras de la soberanía mientras la potencia que lo condiciona proclama públicamente que ha obtenido el control. Las antiguas consignas permanecen en los discursos, los símbolos bolivarianos siguen en los edificios y los dirigentes históricos conservan sus cargos, pero debajo de esa continuidad formal puede estarse modificando la naturaleza del Estado y su relación con los recursos fundamentales del país.

La comparación no significa que Delcy Rodríguez sea automáticamente la Pétain venezolana. Francia había sido ocupada por la Alemania nazi, un régimen expansionista y genocida, y Vichy participó directamente en la persecución de judíos, comunistas, resistentes y otros sectores de la sociedad. Transportar mecánicamente esa realidad a Venezuela sería históricamente irresponsable y terminaría banalizando los crímenes del fascismo. Tampoco conocemos todavía la totalidad de las presiones recibidas por el gobierno venezolano, su margen efectivo de maniobra ni los compromisos secretos que pudieron acompañar la transición.

Un dirigente sometido a una fuerza militar muy superior puede verse obligado a negociar. Lenin firmó la paz de Brest-Litovsk aceptando pérdidas enormes para preservar la Revolución rusa; otros procesos revolucionarios han realizado retiradas, concesiones económicas y acuerdos temporales para sobrevivir. No toda negociación es capitulación, no toda inversión extranjera es colonialismo y no toda concesión constituye colaboración. La diferencia está en el propósito, los límites y la dirección del proceso: una retirada táctica busca conservar fuerzas para recuperar después la iniciativa; una capitulación estratégica transforma la necesidad inmediata en un nuevo modelo permanente de dependencia.

Para distinguir una cosa de la otra debemos preguntarnos si las medidas adoptadas son temporales y reversibles o si comprometen durante décadas los recursos del país; si permiten reconstruir la capacidad productiva nacional o consolidan el control extranjero; si los ingresos se destinan a recuperar salarios, salud, educación e infraestructura o alimentan nuevos grupos privilegiados; si las decisiones son debatidas públicamente o aprobadas con urgencia y opacidad; si las organizaciones populares conservan capacidad de participación o son convocadas solamente para aplaudir lo ya decidido. También debemos observar si el gobierno mantiene relaciones soberanas con diferentes países o acepta que Washington determine quiénes pueden ser los aliados de Venezuela.

La vichización tampoco depende exclusivamente de la voluntad de una persona. Vichy fue posible porque junto a Pétain existieron ministros, empresarios, policías, jueces, periodistas y funcionarios dispuestos a normalizar la colaboración. De manera semejante, el desmontaje de la Revolución Bolivariana no sería obra exclusiva de Delcy Rodríguez. Necesitaría una burocracia interesada en conservar sus posiciones, una nueva burguesía dispuesta a enriquecerse con la privatización, dirigentes capaces de presentar cada retroceso como una victoria y sectores fatigados que acepten la pérdida de soberanía a cambio de cierta estabilidad económica.

Por eso quizá resulte más importante hablar de petainización que llamar simplemente Pétain a una persona. La acusación individual puede convertirse en insulto y cerrar el debate; el concepto, en cambio, permite examinar una estructura política. Nos obliga a observar cómo una potencia extranjera puede servirse de una parte de la dirigencia del país agredido para alcanzar objetivos que no consiguió plenamente mediante sanciones, aislamiento y amenazas. También nos permite comprender que la soberanía no desaparece siempre mediante la sustitución visible de una bandera por otra. Puede vaciarse desde dentro, conservando himnos, uniformes, retratos y discursos revolucionarios.

El peligro mayor sería que los símbolos de Chávez fueran utilizados para legitimar el desmantelamiento de su proyecto. Una Revolución no se conserva porque el retrato de su fundador permanezca en las paredes, sino porque sobreviven sus principios esenciales: independencia nacional, soberanía sobre los recursos, protagonismo popular, justicia social y unidad latinoamericana. Cuando esas bases retroceden mientras se mantiene la liturgia exterior, la memoria revolucionaria corre el riesgo de convertirse en decoración de un orden contrario a aquello que dice representar.

Todavía es pronto para dictar una sentencia histórica definitiva. Delcy Rodríguez puede estar intentando ganar tiempo, evitar una agresión mayor y rescatar una economía exhausta por sus problemas internos y por el prolongado cerco estadounidense. Pero también puede estar administrando, consciente o forzadamente, una transición desde el Estado bolivariano hacia un modelo subordinado a los intereses estratégicos de Washington. Lo que determine el juicio no serán sus declaraciones, sino la dirección acumulada de sus decisiones.

La pregunta «Venezuela, ¿con V de Vichy?» no pretende afirmar que Caracas se haya convertido ya en la Francia colaboracionista de 1940. Es una alarma histórica. Nos recuerda que una derrota no siempre se consuma el día de la invasión ni con la captura de un presidente. Puede completarse después, cuando las autoridades nacionales comienzan a gestionar como pragmatismo lo que la potencia agresora concibió como conquista, y cuando un pueblo, agotado por la escasez y la incertidumbre, es invitado a llamar recuperación a su propia dependencia.

La historia de Vichy enseña que entre resistir y colaborar existe una extensa zona de concesiones, silencios, justificaciones y acomodos. Por eso no basta con preguntar quién gobierna formalmente Venezuela. Hay que preguntar para quién gobierna, quién controla sus recursos, quién fija las condiciones de su recuperación y qué proyecto social emerge de las decisiones adoptadas. Si el Estado conserva la voz de Chávez, pero entrega progresivamente aquello que daba contenido material a su proyecto, entonces la V de Venezuela podría comenzar a confundirse, dolorosamente, con la V de Vichy.