Por Alipio G. Sollet
La solución de ambos casos tiene en la negociación el
callejón de salida. Es cierto que desde la llegada al poder de los
Castro, las sucesivas administraciones de Estados Unidos sólo han
entrado en negociaciones con el gobierno cubano cuando el asunto a
negociar ha sido de su más alto interés y ha comprendido que no le queda
otra salida que negociar con el régimen de La Habana.
Ahí están para testimoniarlo las negociaciones llevadas a
cabo por el gobierno del presidente demócrata John F. Kennedy con el
gobierno cubano en 1961-62, para lograr la liberación de más de mil
mercenarios que habían sido apresados por los cubanos tras la invasión
militar por Bahía de Cochinos y que se saldó con un canje de estos por
medicinas y alimentos; o las negociaciones celebradas en 1994-95 entre
el gobierno del presidente demócrata Bill Clinton y el gobierno cubano,
tras la llamada “crisis de los balseros”, que se cerraron con un
acuerdo migratorio mutuamente aceptable para ambos países.
Otra prueba de negociaciones más
difíciles y complejas que las que conllevarían los casos de Gross y los
Cinco, fueron las conversaciones cuatripartitas llevadas a cabo para
alcanzar la paz en Angola, en las que participaron de forma activa y
decisiva el gobierno del republicano Ronald Reagan y el gobierno cubano,
que concluyeron con la firma de los Acuerdos de Paz en diciembre de
1988.
Es cierto que el gobierno cubano resulta un interlocutor
incómodo para poderes hegemónicos reales o ficticios como Estados Unidos
de América o la Unión Europea, porque no acepta un trato
discriminatorio, exige que se le trate como igual y basa su política
exterior en rígidos principios éticos; pero también es cierto que ese
mismo gobierno ha demostrado en reiteradas ocasiones que sabe honrar sus
compromisos.
Para nada ayuda que el gobierno norteamericano se empeñe en
tapar el sol con un dedo o en desafiar nuestra inteligencia,
haciéndonos creer que Alan Gross es un inocente contratista –antes se
les llamaba mercenario— que fue a Cuba de manera altruista y
desinteresada a realizar “programas de desarrollo social”; máxime cuando
la familia de Gross está demandando al gobierno estadounidense y a la
empresa Development Associates International (DAI) que, a instancias de
la Agencia Federal para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos
(USAID), lo contrató para “poner en marcha algunos de sus programas
destinados a promover la democracia” y demandando $ 10 millones de
dólares de la aseguradora Federal Insurance Company, que debía cubrir
cualquier emergencia que se presentara en la “misión humanitaria” de
Gross.
A estas alturas, después del fracaso de 10 sucesivas
administraciones estadounidenses en imponerle sus dictados a Cuba, sería
un grave error de cálculo del presidente Obama el intentar presionar o
chantajear a Cuba con el caso de Alan Gross. Si el gobierno del
presidente Obama –que ha reiterado que el caso de Gross es de la más
alta prioridad para esta administración– hiciera un análisis objetivo y
desprejuiciado de los casos de Alan Gross y de los Cinco cubanos, y se
decidiera a adoptar una posición realista, comprendería que la solución
para ambos pasa por una negociación seria y constructiva donde se
consideren los intereses de las dos partes.
Tomado de havanainside
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