Desde
hace 13 años por toda la isla se ven carteles reclamando la libertad de
los cinco agentes presos en EE.UU. (Foto: Raquel Pérez)
La
relatora especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados,
Gabriela Knaul, expresó oficialmente su inquietud por la falta de
trasparencia legal y de procedimientos en los juicios contra cinco
agentes cubanos detenidos en EE.UU. desde hace más de una década.
Al parecer la fiscalía y la jueza jugaron con cartas escondidas
en la manga, impidiendo que la defensa tuviera "acceso a todas las
pruebas disponibles y a los archivos documentales". Es una violación de
procedimiento tan elemental que aparece hasta en las series de TV.
Pero los desaciertos procesales no se quedan ahí, según la relatora
de la ONU los Habeas Corpus presentados por la defensa son valorados
"por la misma jueza que previamente estuvo a cargo de los casos", con lo
cual la convierten en juez y parte.
Para colmo de males se vislumbra la mano del gobierno de EE.UU.
presionando a los tribunales para conseguir las condenas más duras.
Antes y durante el juicio, varios periodistas de Miami
habrían recibido dinero para escribir artículos contra los cinco agentes
cubanos.
Realmente no parece muy legal que el Poder Ejecutivo intente influir
sobre el Poder Judicial ni tampoco resulta muy ético que un periodista
acepte recibir dinero del gobierno con el fin de escribir artículos para
influir en el resultado de un juicio en curso.
El abogado norteamericano Martin Garbus asegura que en el periodo
1998-2001 la comunidad miamense recibió a través de la prensa escrita,
radial y televisiva un arsenal de propaganda pagada por el gobierno para
interferir en el proceso y persuadir al jurado.
Según Garbus, una quincena de periodistas recibieron dinero para
escribir contra los 5 agentes. Al parecer algunos cobraban en secreto,
ni siquiera en sus medios de prensa sabían que trabajaban para otro
patrón más generoso, tanto que le pagó a uno de ellos US$ 175 mil.
La Oficina de Transmisiones a Cuba del gobierno de EE.UU. (OCB) se
vio obligada a aceptar la acusación, cuando el periodista Oscar Corral
reveló que 50 de sus colegas en Florida eran pagados por Radio Martí
para hacer materiales apoyando la postura del Departamento de Estado
contra Cuba.
El escándalo fue tal que el editor del mayor periódico de Miami,
Jesús Díaz, despidió a varios periodistas aduciendo que no se puede
"garantizar la objetividad ni integridad si alguno de nuestros
reporteros o reporteras reciben compensación monetaria de cualquier
entidad, en especial de una agencia de Gobierno".
A pesar de las duras palabras del editor, la falta ético-profesional
no parece haber sido considerada demasiado grave porque unos meses
después algunos de esos periodistas volvieron a trabajar en la redacción
como si nada hubiera pasado.
Sin duda, se han dado tantas anomalías legales y éticas que parece
lógico que la Relatora de la ONU, Gabriela Knaul, mire con recelo la
independencia de los jueces en este caso. De todas formas era de esperar
que fuera así, teniendo en cuenta donde se realizó el juicio.
Miami es una ciudad en la que los exiliados cubanos tienen un enorme
poder político, económico y mediático. Era muy improbable que obtuvieran
un trato justo estos cinco agentes confesos de vigilar e informar a
Cuba de las actividades de esa misma comunidad.
El ambiente de Miami sobrepasa incluso el odio a Fidel Castro y se
extiende a los ciudadanos que viven en la isla. En el mayor periódico de
la ciudad aparecen diatribas asegurando que cualquier acercamiento "lo
tienen que construir los cubanos sumisos del interior".
A los que describe como "los que lo han aguantado todo, los que han
colaborado en todo, los que apalean a los cubanos insumisos, los que
delatan a sus compatriotas, los que los torturan, los que los arrojan al
mar, los que llevan cincuenta años llenando la Plaza de Fidel y
aplaudiéndolo y oliéndole el culo".
Pero parece que a Washington no le bastaba el ambiente natural de la
ciudad, entonces decidieron que su aparato de información oficial
"quemara" cientos de miles de dólares para inflamarlo aún más y crear un
incendio de grandes proporciones a través de la prensa.
En medio de ese ambiente Gerardo Hernández fue condenado a dos
cadenas perpetuas, como para garantizar que seguirá tras las rejas aún
si lograse reencarnar en otra vida. Ahora su defensa reclama un juicio
justo, en una ciudad desprejuiciada, sin presiones del gobierno ni
campañas de prensa.
El tema preocupa incluso a Naciones Unidas porque como expresara el
abogado estadounidense Martin Garbus "cada dólar por cada artículo,
imagen o programa de radio o televisión que se gastó en este programa
secreto, violó la integridad del juicio".
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