Se
le atribuye a Nicolás Guillén —el nuestro, bueno también sin
exclusiones— la anécdota de haberse aparecido a un sitio que se presumía
de rango acompañado por una prostituta. Ante la negativa de que
entrase, por tratarse de una persona “de dudosa moral”, el poeta
respondió: “Por el contrario, señor, ¡se trata de una prostituta!”. El
lance revela, en una clave humorística aplastante, dónde se halla el
verdadero conflicto “dudoso” ante la ética y la moral social. Y he
recordado esa anécdota leyendo los descargos que Estado de SATS lanza sobre la posición de la Iglesia católica cubana luego de la visita del Papa Benedicto XVI a Cuba.
Lo
primero que se advierte es una reacción furibunda a lo que llaman
nacionalismo, en nombre de la democracia y la “creciente sociedad
civil”. Y se presenta un supuesto panorama equitativo en medio de una
“puja entre el poder totalitario y las fuerzas democratizadoras”. La
realidad es construida por la percepción del escribiente, para que así
sea retransmitida por las verdaderas fuerzas de injerencia que tras la
democratización camuflan sus acciones. Se cumple además,
disciplinadamente, el patrón de negar méritos al proceso revolucionario
cubano, desde su surgimiento hasta el momento actual, y el de proclamar
inviable la dirección de la revolución por obsoleta. Los giros
fraseológicos abundan en lugares comunes que marcan la esencia
propagandística de lo que se sostiene como verdades absolutas. Tampoco
reconocen, a partir de una “caprichosa impresión”, la legitimidad
política de un sistema de gobierno refrendado por el 97,7 de la
población en voto libre, directo y secreto. Ni le atribuyen ejercicio de
soberanía a esa masa, desde luego. Se consideran a sí mismos los únicos
soberanos del país. Se adjudican, también “caprichosamente”, las
manifestaciones críticas de la sociedad cubana, —que, agrego por mi
parte, se da sobre todo desde el arte, la literatura y ciertos foros de
debate profesional, es decir, en un legítimo ejercicio de
democratización revolucionaria—, como “espacios abiertos” que “evaden
señalar a la cúpula gobernante como los principales causantes de la
debacle nacional.”
Según Jardines y Rodiles, editorialistas de Estado de SATS,
desde los foros eclesiásticos se ha lanzado el presupuesto de que “solo
el Gobierno goza de legitimidad y poder para llevar a cabo un proceso
de transformaciones y que, por consiguiente, todos debemos entregarles
un cheque en blanco”. He ahí un foco de escozor, de intolerancia
política que, por supuesto, no va a admitir al otro desde ningún punto
de vista. Y adviértase además la expresión desiderativa subliminal de
entregar un cheque en blanco al presunto solucionador.
¿Dónde
está “la creciente sociedad civil”, de acuerdo con los editorialistas
de Estado de SATS? En quienes comparten su plattista visión acerca del
cambio que debe asimilar la sociedad cubana. Por tanto, dentro del
escuálido porciento que no refrendó la constitución. La masa de
votantes no constituye, para ellos, sociedad civil, por cuanto no cumplen con el requisito imprescindible, a saber: mantener el bloqueo;
apoyar la condena, por espías, de los cinco; y entregar el “cheque en
blanco” a un sistema de Partidos políticos que ceda la plaza al
electoralismo local, el injerencismo y la dominación económica. Para
ellos, el cese del bloqueo debe venir porque se instaura el principio de
la dominación y se hipoteca la soberanía bajo el patrón de lo que se considera, desde el pensamiento liberal, la democracia.
Ese es el futuro perfecto que un grupo de personajes, tan reducido que
ni siquiera cuenta como minoría, pretenden legitimar en carácter de
oposición.
Pero,
según Rodiles y Jardines, el derrocamiento del sistema conduciría a un
idilio de reconocimiento internacional, de inversión extranjera y
cubanoamericana, de cese de persecuciones de disidentes y, más no
faltaba, por fin al cese del bloqueo
y el advenimiento de “la verdadera reconciliación entre cubanos de
fuera y de dentro” de la Isla. Todo un programa de promesas electorales
cuyas insólitas bases fuesen risibles si no se tratara de un comendo de
infantería de un proyecto mayor imperialista que no ha dejado de erogar
millonarios presupuestos aún en medio de la mayor crisis económica de su
historia. No se considera apoyo internacional la abrumadora votación
anual de Naciones Unidas en contra del bloqueo, ni se estiman como
relaciones comerciales las de las compañías, en nada sospechosas de
propugnar el socialismo, que aun así las leyes norteamericanas someten a
millonarias multas por comerciar productos con Cuba. Desde luego que
no; pues estas se dan desde un poder al que no reconocen los activos
radicales del idilio plattista.
No
es de extrañar, por tanto, que la Iglesia católica, y sus pensadores
más activos, hayan comprendido la naturaleza de sus acciones y, sobre
todo, sus pretensiones de usar a la institución religiosa como bastión
de la injerencia política. De ahí que los haya convocado a asumir una
agenda de mayor independencia, cambios sustanciales y posturas menos
excluyentes. O sea, que la Iglesia católica no se comporta como un actor
reproductivo de la política revolucionaria, sino, en la esfera
política, como socio que reconoce la legitimidad de las fuerzas del
poder y su apoyo popular y, acaso, lo errado de su hostilidad pasada.
Tampoco es de extrañar, entonces, que la Iglesia reciba el anatema y se
le llame, por parte de estos excluyentes “actores políticos” a emprender
la retirada justo en el momento en que consigue un verdadero salto.
La
participación en el diálogo de intelectuales, empresarios y diversos
actores de la sociedad cubana de la diáspora, se debe, nada menos,
siempre según estos airados analistas, que al efecto del “hechizo” del
“elixir castrista”. Todo un despliegue de análisis, ¿verdad? O acaso, y
en rigor, un coletazo de agonía ante el hecho irreversible de que su
soledad se hace visible, pierden la buscada complicidad de actores
dispuestos a ser eje de manipulación injerencista y se revela la para
nada dudosa moral de ese plattismo, intolerable para el más simple de
los imaginarios cubanos, que proyectos como el de Estado de SATS
pretenden propugnar.
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