«La Revolución es el sentido del momento histórico; es cambiar todo lo que debe ser cambiado; es igualdad plena y libertad; es tratar y ser tratados como seres humanos.» Fidel
Introducción
Sin embargo, el sistema de pensiones actual —que mantiene a millones de personas mayores subsistiendo con ingresos equivalentes a sólo 4‑5 USD al mes— entra en conflicto directo con esos valores fundacionales. Mucho se ha avanzado en materia de salud y educación, pero la realidad de una población vulnerable encarando la pobreza extrema cuestiona el modelo económico.
Este artículo desarrolla primero una visión general del funcionamiento de un sistema de pensiones de trabajadores públicos, y luego se adentra en el caso cubano contemporáneo, marcado por un debate político reciente sobre el deterioro del bienestar de los jubilados y la emergencia de una pobreza silenciosa, en franca contradicción con el humanismo y la igualdad enarbolados desde la Revolución. En el caso cubano omitimos el factor externo (Bloqueo, crisis mundial, etc) variables que, sin dudas, tienen una gran parte de responsabilidad en el deterioro de las condiciones de vida de todos los cubanos. Pero como afirmábamos en el texto en que hablamos de las recomendaciones de Albert Wohlstetter en 1965, debemos buscar soluciones desde nosotros mismos aún con todas esas limitaciones en contra. Estas son mis reflexiones al respecto, inacabadas, incompletas, y quizás desacertadas, pero que pretenden aportar un granito en la búsqueda de otros caminos que nos permitan hacer realidad el ideario revolucionario de alcanzar toda la justicia posible.
Parte I – Qué es un sistema de pensiones de trabajadores públicos
Un sistema de pensiones de trabajadores del sector público (ó Estatal) es un régimen especial diseñado para proteger a quienes han servido al Estado. Sus principales características incluyen:
Régimen separado o mixto: los funcionarios cotizan a un fondo específico (administrado por el Estado) en lugar o además del sistema general de seguridad social.
Financiamiento conjunto: aportaciones de los empleados y del Estado, con frecuencia otorgando mejores beneficios que el sistema general.
Modalidad de reparto o capitalización colectiva, según el país.
Requisitos de jubilación: como edad mínima, años de servicio o combinación de ambos.
El cálculo de pensión contempla el salario final o promedio de los mejores años (últimos 3 o 5), y suele ofrecer un porcentaje elevado del salario.
Las pensiones pueden tener movilidad: ajuste automático según inflación o aumentos salariales de los activos; o ser ajustadas por políticas puntuales.
Esto plantea una cuestión clave cuando hay cambios salariales: ¿se ajustan también las pensiones existentes? Si el sistema contempla movilidad, sí ajustan; si no, los jubilados pueden quedar rezagados. Algunas políticas buscan compensar a los jubilados antiguos con aumentos progresivos o bonos.
Parte II – El caso cubano actual y el debate en la Asamblea Nacional
Contexto reciente y debate político
En julio de 2025, durante una sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular, la entonces ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó Cabrera, negó la existencia de personas en situación de mendicidad en Cuba, afirmando que quienes se ven en las calles estaban “disfrazados de mendigos” o buscaban una “vida fácil”. Este discurso provocó una ola de indignación ciudadana, y en apenas 48 horas la ministra renunció, en un hecho sin precedentes atribuible a presión popular. Ante la polémica, el presidente Díaz‑Canel y el primer ministro se distanciaron y reconocieron la existencia de vulnerabilidad entre ancianos y jubilados.
Crisis de las pensiones y vulnerabilidad
Más del 39 % de los jubilados cubanos —casi 3 millones de personas— vive con la pensión mínima: 1.528 pesos cubanos al mes, equivalentes a unos 4‑5 USD al cambio informal.
Muchas de estas personas solo pueden comprar un puñado de alimentos básicos: por ejemplo, esa pensión alcanza apenas para unos 15 huevos o varias libras de arroz.
Frente a ingresos tan bajos, miles de jubilados se han visto obligados a:
Vender en la calle café, cigarrillos, ropa u objetos de segunda mano.
Recolectar materiales reciclables o trabajar de forma informal hasta avanzada edad.
Dormir en la calle, especialmente para cobrar la pensión o por falta de efectivo en cajeros y colapsos bancarios.
La situación se agrava por factores estructurales:
Una población envejecida: más del 25 % de habitantes tiene 60 años o más, y esta proporción sigue creciendo.
La crisis económica, la inflación (alrededor del 25 %), escasez de alimentos y medicamentos.
El cierre del Instituto Nacional de Seguridad Social y transferencias de competencias a entidades provinciales, lo que ha debilitado la capacidad de coordinación y aumentó la desigualdad territorial en la atención social.
Impactos sociales observados
Un aumento visible del número de personas deambulantes, muchas de ellas ancianos que no reciben asistencia adecuada.
Presencia de jubilados durmiendo en la calle o haciendo colas desde la madrugada para cobrar su pensión.
La sociedad civil ha institucionalizado “cadenas de apoyo”: redes de solidaridad que proveen alimentos, medicinas o refugio, ante la lentitud del ente público de trazar una política más agresiva para combatir el deterioro en el sector vulnerable.
Reflexión sobre políticas de pensiones y reajustes
El sistema actual no contempla movilidad automática suficiente: las pensiones no se ajustan proporcionalmente al aumento del salario de los activos.
No hay mecanismos de reajuste retroactivo o extraordinario que compensen a jubilados anteriores a reformas salariales recientes.
La gradación regional en gestión ha introducido desigualdad entre provincias, pues en algunas zonas el apoyo social se ha erosionado más rápidamente.
Conclusiones y recomendaciones
1. La situación cubana ejemplifica un sistema donde un reajuste salarial no beneficia automáticamente a pensionados antiguos, lo que genera pobreza profunda en adultos mayores.
2. La ausencia de mecanismos de ajuste proporcional deja a muchos jubilados sin capacidad de cubrir necesidades básicas.
3. Las consecuencias sociales —ancianos deambulantes, venta informal, abandono estatal— reflejan un sistema de pensiones mal aplicado y estructuralmente débil.
4. Urge:
Implementar movilidad automática que vincule pensiones a variaciones reales del salario y la inflación.
Crear reajustes compensatorios retroactivos para jubilados anteriores a reformas.
Restablecer una institucionalidad central de la seguridad social, mejor coordinada y con presupuesto adecuado.
Complementar con políticas sociales focalizadas sobre personas vulnerables sin acceso a remesas o soporte externo.
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