Nuevas enmiendas: limitadas y de difícil concreción

Jesús Arboleya


LA HABANA. A bombo y platillo, el gobierno de Estados Unidos acaba de anunciar nuevas enmiendas a las restricciones del comercio con Cuba. Según el secretario del Tesoro, Jacob J. Lew, ellas forman parte de “los pasos necesarios para apoyar al pueblo cubano a alcanzar la libertad económica y política que se merece”.

La prensa ha comentado in extenso estas enmiendas, por lo que me limitaré a señalar las que considero más importantes: 

La posibilidad de financiamiento y facilidades de pago para la exportación y reexportación (desde terceros países) de productos norteamericanos a Cuba, salvo los relacionados con el sector agroalimentario, prohibidos por la ley Helms-Burton.

Facilidades para el otorgamiento de licencias a la exportación de productos destinados al funcionamiento de las “organizaciones de derechos humanos” en Cuba, así como para el mejoramiento de las comunicaciones, a tono con el criterio norteamericano sobre el impacto político de estas actividades en Cuba.

El otorgamiento de licencias para la exportación de productos y servicios relacionados con la aviación comercial, incluyendo la posibilidad de rentar aviones a empresas estatales cubanas, lo que complementa los acuerdos establecidos recientemente en este sentido.

La aprobación, caso a caso, de licencias para la exportación de productos a empresas estatales cubanas, destinados a satisfacer lo que se define como “necesidades del pueblo cubano”, abarcando un espectro muy amplio de posibilidades, aunque aclara que no se aprobaran las destinadas a generar ganancias, por lo que se excluye a las empresas destinadas al turismo, la exploración y producción de minerales y otras materias primas, dígase el petróleo, aspectos esenciales para el desarrollo económico cubano.

Facilidades para el intercambio informativo y cultural, incluyendo la posibilidad de producir materiales en Cuba y el pago a cubanos en estas operaciones. En realidad una interpretación más amplia de la Enmienda Berman, adoptada por senado de Estados Unidos en 1988 y su posterior especificación en la Ley para el Libre Comercio de Ideas de 1994, la cual eliminaba estos aspectos del bloqueo

Por último, incluir en las licencias generales la realización de eventos deportivos (solo amateurs o semiprofesionales) y académicos en Cuba. Lo que no hace más que retomar lo aprobado durante la administración de Bill Clinton.

Algunos comentaristas han considerado que estas medidas constituyen un paso “gigantesco” en el proceso de normalización de relaciones entre los dos países. Sin embargo, desde mi punto de vista, su alcance es limitado, son de difícil concreción y no reflejan una clara voluntad del presidente Obama de blindar con hechos su nueva política hacia Cuba.

En primer lugar, se trata de medidas centradas en aquellos aspectos políticos que Estados Unidos considera van destinados a promover un “cambio de régimen en Cuba”, por lo que de por sí es de esperar que generen reticencias por parte del gobierno cubano.

Tampoco está garantizada una interpretación muy amplia en su aplicación por la parte norteamericana, toda vez que la mayoría de ellas deben pasar por la aprobación de los departamentos del Tesoro y el Comercio, con la consiguiente dificultad e inseguridad que esto conlleva para los potenciales actores, tanto norteamericanos como cubanos.

Su impacto en la economía cubana no es tan relevante como pudiera pensarse: no están dirigidas a satisfacer los requerimientos de empresas fundamentales para el país y las posibilidades del comercio se ven restringidas en renglones decisivos, como los alimentos. A ello que suma que en ningún caso se contempla la exportación de productos cubanos a Estados Unidos, lo que limita y degenera el intercambio, haciendo pensar en la conveniencia de otros mercados para satisfacer las necesidades del país.

Por último, todas estas medidas se ven dificultadas por la prohibición de utilizar el dólar norteamericano en las transacciones –la posibilidad de cambiarlo está dentro de las facultades del presidente–, lo que encarece cualquier operación y genera temores, especialmente en el sector financiero y bancario, debido a la posibilidad de sanciones que aún pesan sobre ellos, si se considera que han violado esta disposición.

En resumen, las nuevas medidas siguen el patrón de la política norteamericana de avanzar a cuentagotas dentro de las facultades presidenciales para restringir la aplicación del bloqueo, con el fin presionar al gobierno cubano y determinar la agenda de las negociaciones y, a la vez, acompañar estas acciones de una campaña mediática, que favorece a los demócratas en el plano interno y hacia el exterior deja la sensación de que se está haciendo todo lo posible, siendo culpa del gobierno cubano no saber aprovechar las oportunidades que les brinda la parte norteamericana.

Aun así, las nuevas medidas tienen la virtud de dar continuidad al proceso de negociaciones iniciado el 17 de diciembre de 2014, generando expectativas que, a la larga, determinarán su propia dinámica, aunque quizá no podamos esperar mucho más en un año electoral, cuando la tónica es no correr riesgos y toda la política se centra en elegir al próximo presidente de Estados Unidos.

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(Tomado de Progreso Semanal)