Mil páginas contienen una verdad más que sabida. Tras cuatro décadas de ostracismo, Washington desclasificó a inicios de esta semana documentos con detalles del plan para derrocar al gobierno socialista de Salvador Allende. Los papeles “no tan secretos” de Washington confirman una vez más la participación directa de Estados Unidos en el golpe de Estado de 1973 en Chile.
El compendio de más de 350 textos, publicado por la Oficina del Historiador del Departamento de Estado norteamericano, contiene varias de las proyecciones en política exterior del entonces presidente Richard Nixon (1969-1974), enfocada específicamente hacia el gobierno socialista en la nación sudamericana.
En los mismos se encuentran no solo transcripciones de reuniones y memorandos de la CIA, sino también diálogos entre Nixon y su asesor para asuntos de seguridad nacional, Henry Kissinger, antes y después de la llegada de Allende al Palacio de La Moneda.
Los miedos de la Casa Blanca ante la victoria de Allende en las elecciones de 1970 están registrados en otro documento del 19 de agosto de ese año, en el que Kissinger pidió al entonces director de la CIA, Richard Helms, “un plan lo más preciso posible que incluya las órdenes que se darán el 5 de septiembre, a quiénes y de qué manera”.
El diario chileno La Tercera cita el texto, el cual agrega que se “debe presentar al presidente un plan de acción para prevenir una victoria de Allende (en el Congreso) y precisa que el Presidente (Nixon) puede decidir moverse incluso si nosotros no se lo recomendamos”.
Ya con Allende en el Palacio de La Moneda, un Nixon desesperado pide “hacer gritar a la economía” para impedir a toda costa su permanencia en el poder, y exige “pegarle a Chile en el trasero” cuando conoce la noticia de la nacionalización del cobre.
Las palabras de Nixon exponen la posición norteamericana que considera “descabellado” el programa político propuesto por Allende que establecía, entre otras cuestiones, la redistribución del ingreso y la reforma a la economía, comenzando por la nacionalización de las más importantes industrias.
“No veo por qué tenemos que quedarnos acá y ver cómo un país se torna comunista por culpa de la irresponsabilidad de su propio pueblo”, consideró Kissinger en ese entonces.
A la par del apoyo a grupos políticos, estuvo el militar. Otro documento desclasificado expone el conocimiento de la CIA sobre las actividades del general Alfredo Canales para derrocar a Allende, así como su implicación.
El material concluye con la certeza de que Canales cuenta con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Un documento de septiembre de 1972 agrega que el general tuvo “un acercamiento con Estados Unidos a través de un contacto de la CIA en Santiago”.
Dentro del volumen se destaca además un memorando de la CIA fechado el 25 de septiembre de 1973, ya consumado el golpe de Estado, en el cual se cierra un programa para financiar partidos políticos y organizaciones opositoras al Gobierno de la Unidad Popular que llegó al poder en 1970 de la mano del médico chileno.
Atendiendo las órdenes de Washington, las fuerzas internas juegan su papel haciendo insostenible el Gobierno. La administración de Allende se enfrentó al paro de los principales gremios comerciales —en consonancia con la guerra económica a la que se enfrenta—, barricadas de transportistas, entre otras acciones violentas de la oposición. Presiones políticas, como las del derechista Partido Demócrata Cristiano, que acusa públicamente a varios ministros de la Unidad Popular, mella el intento de diálogo por parte del Gobierno. Un visionario Allende denuncia, una y otra vez, la tensa situación. El escenario es resultado del guion seguido al pie de la letra por la Casa Blanca: apostarle a la desestabilización interna, difamación, apoyo a sabotajes y luego la intervención militar con el anunciado cuartelazo y una figura al frente del país afín a sus intereses.
“Tal vez aún exista una posibilidad de un 10 %, pero ¡hay que salvar a Chile! No me interesan los riesgos que esto implica. Hay diez millones de dólares más disponibles”, dijo Nixon poco antes del derrocamiento de Allende en referencia al presupuesto designado por Estados Unidos para erradicar la amenaza de su ejemplo en América Latina, que se sumaba a la ola expansiva de la Revolución Cubana.
Los autores del compendio son dos exfuncionarios del Departamento de Estado, James Siekmeier y James McEvleen, quienes tardaron una década para realizarlo. Un segundo volumen está en proceso y abarca el periodo entre 1973 y 1976.
Durante los cinco capítulos en los que está dividido el material, prosiguen las pruebas de que “por valija diplomática llegan los verdes billetes que financian huelgas y sabotajes y cataratas de mentiras”, como diría el escritor uruguayo Eduardo Galeano.
A los ojos de Washington, Allende era un provocador, un marxista que cometió el pecado adicional de ser constitucionalmente electo, que zarandeaba el escenario geopolítico de su conveniencia. Para Estados Unidos, solo había una cosa peor que un marxista: uno en el poder.
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