Cubanos en Costa Rica: el telón de fondo (Parte I)

Por Aymara Vigil

La situación de los cubanos que desde hace más de 15 días se encuentran en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua como tránsito hacia Estados Unidos, acapara la atención internacional. Pero, ¿qué hay realmente detrás de toda esta situación?

Emigrantes cubanos que permanecen en suelo costarricense

Para nadie es un secreto que estos cubanos salieron legalmente de Cuba hacia otros países de Latinoamérica, cumpliendo las regulaciones migratorias vigentes. Sin embargo, para Washington y los grandes medios de la prensa internacional, todo el que decide realizar su proyecto de vida fuera de la Isla no es un emigrado, sino que, por el simple hecho de vivir en un país socialista, se convierte automáticamente en un perseguido por sus ideas políticas. Mientras, parecen omitir deliberadamente que, con la promulgación de la Ley de Ajuste Cubano en otro intento por desestabilizar a nuestra nación, Estados Unidos confirió un trato privilegiado a todos los que abandonaran Cuba y pisaran suelo estadounidense.

La Ley de Ajuste Cubano estimula a abandonar el país de forma ilegal poniendo en peligro sus vidas bajo la ilusión del sueño americano.

Esta Ley de 1966, creada por el Congreso, amparaba a los supuestos refugiados cubanos que llegaban, con el propósito de facilitar la legalización de quienes decían ser perseguidos políticos. Casi 50 años después, ya derrumbado el muro de Berlín y desintegrada la URSS, nada cambió. Los cubanos pueden ingresar a Estados Unidos sin visas ni verificaciones de antecedentes penales; son el único grupo de migrantes en el mundo que al arribar a ese país son considerados refugiados políticos elegibles para asistencia social y otro tipo de ayudas; son los únicos que luego de un año y un día pueden obtener la residencia permanente y, sin comprometer su estatus migratorio, pueden regresar a Cuba antes de convertirse en ciudadanos estadounidenses.

Para colmo de males, en medio de una escalada contra Cuba, cuando el tema migratorio bilateral parecía ordenarse tras los acuerdos de 1994, apenas un año después, el Gobierno estadounidense implementó la política de “pies secos, pies mojados” que establecía que los cubanos capturados en el mar fueran devueltos a Cuba, pero quien tocara tierra sería acogido bajo la protección del status de refugiados políticos. Se trata de un estímulo a la emigración ilegal, privilegios que no disfrutaban, ni disfrutan, los emigrados de ninguna otra nacionalidad.

Una experta en temas vinculados a Cuba, Vicki Huddleston, excoordinadora de Asuntos Cubanos en el Departamento de Estado entre 1989 y 1993 durante la Administración del republicano George H. Bush y exjefa de la Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana entre 1999 y 2002, durante la Administración del demócrata William Clinton, se pronunció al respecto en The New York Times: “Bajo una política informal conocida como “pies mojados, pies secos”, los cubanos capturados en las aguas entre Cuba y los Estados Unidos son enviados a casa o a un tercer país, mientras que los cubanos que llegan a las costas de Estados Unidos se les permite quedarse. Esta política tiene que ser rescindida —una acción que puede ocurrir a través de una orden ejecutiva— para fomentar la migración segura y ordenada y para salvar vidas”.

En su reciente artículo “De ninguna manera debe favorecerse el tráfico ilegal de personas”, el intelectual cubano Rolando López del Amo, escribió una frase elocuente sobre este fenómeno: “Las contradicciones de la política de los Estados Unidos hacia Cuba hacen que un ciudadano cubano al que el gobierno de los Estados Unidos le ha negado visa de entrada por las vías normales, sea aceptado como residente en ese país si ingresa a él clandestinamente. El resto de los latinoamericanos que arriben ilegalmente, son apresados y expulsados del país. Si los Estados Unidos adoptaran una ley de ajuste latinoamericana, los territorios arrebatados a México en el siglo XIX se repoblarían de los descendientes de sus ancestros”.

Si estos beneficios que se confieren solo a los cubanos fueran ofrecidos a emigrantes de otras nacionalidades, el territorio norteamericano sería ocupado en cuestiones de días por una avalancha; sin embargo, aun cuando se empeñan en vender la imagen de que los de la Isla huyen despavoridos hacia suelo estadounidense, estadísticas del Centro de Investigaciones Pew, con sede en Washington, muestran que en el 2010 el mayor por ciento de emigrantes los aportaban México, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá y República Dominicana. Estos países, contradictoriamente, no cuentan con una Ley de Ajuste.

México, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá y República Dominicana son los países que aportan el mayor por ciento de emigrantes a Estados Unidos.

Datos del último censo realizado en Estados Unidos evidencian otra verdad innegable: los mayores procedentes de titulares de la green card son, en este orden: mexicanos, chinos, indios, filipinos y dominicanos.

El contraste entre las facilidades otorgadas a los cubanos se hace cada vez más evidente. En entrevista con la Agencia Cubana de Noticias, el abogado norteamericano y especialista en temas migratorios, José Pertierra, aseguró que mientras el resto de los emigrantes que llegan a Estados Unidos son perseguidos —al punto de que el Departamento de Seguridad contrata prisiones privadas para encarcelarlos, lo que incluye a mujeres y niños—, los cubanos son medidos con reglas diferentes. De ahí que se cree una notable desigualdad en el trato.

José Pertierra. Abogado y experto en inmigración. Tiene su bufete en Washington DC.

A tono con los intereses subversivos de la política norteamericana hacia Cuba, a los nacidos en la mayor de las Antillas se les concede la famosa green card; pero para el resto de los emigrantes la frontera con México constituye una barrera que cada vez se torna más infranqueable. Según declaraciones de Jeh Johnson, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, en los últimos tres años la cantidad de emigrantes capturados en el límite fronterizo de Estados Unidos, asciende a 1 224 000.

Los propios congresistas estadounidenses de origen cubano reconocen que los presupuestos fundamentales para refugiar a exiliados políticos cubanos se debilitan día tras día. Un artículo de El Nuevo Herald de Miami, el 7 de enero de 2015, recoge la opinión del senador Marcos Rubio, aspirante a la presidencia por el Partido Republicano y exponente de la ultraderecha de Miami:

Otros como Mario Díaz-Balart, reconocen que en el Congreso federal muchos se preguntan sobre el verdadero espíritu de la Ley de Ajuste Cubano, pues si en la Isla se persigue y reprime a las personas y, por tal razón, se les permite ingresar a Estados Unidos en carácter de refugiados políticos, entonces, cómo es qué regresan a Cuba varias veces al año sin que les suceda nada.

Un cable de Associated Press publicado en The Washington Post, el pasado 23 de noviembre, afirma que, irónicamente, el Gobierno cubano comparte la tesis de un creciente número de legisladores cubanoamericanos que consideran que la Ley de Ajuste Cubano, propia de la Guerra Fría, está siendo abusada por los inmigrantes económicos de Cuba, en lugar de ser concebida para los refugiados políticos como originalmente estaba prevista.

La prensa anticubana calla, con toda intención, que en las últimas décadas solo una ínfima parte de los cubanos que emigraron hacia Estados Unidos califica para la condición de refugiados políticos planteada por la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de la ONU y son, esencialmente, personas que anhelan el regreso de Cuba al capitalismo y trabajaban dentro de nuestro territorio nacional al servicio de un gobierno extranjero, en este caso del propio Estados Unidos, para el que servían como asalariados en un contexto de Guerra Fría.

El propio Departamento de Estado norteamericano y el Immigration and Naturalization Service atribuyen el asilo político cuando “haya persecución personal por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo determinado o bando político”. En caso de ser así, deben ser presentadas las pruebas que evidencien su categoría de personas perseguidas o en peligro de serlo en determinado momento por las razones anteriormente expuestas. Además, reconocen que la insatisfacción política per se, no justifica el otorgamiento de la condición de refugiado político.

Continuará…

 (tomado de  http://razonesdecuba.cubadebate.cu)