La estratagema de la sociedad civil

Por Saul Landau y Nelson P. Valdés

¿Puede Estados Unidos exportar la democracia a otro país? En apariencia el gobierno, de manera particular USAID, y los medios masivos así lo creen. Pero emergen algunos asuntos peliagudos ya que nosotros –EE.UU. de A.– la “ciudad en la colina”, representamos el “excepcionalismo”.

Estados Unidos, nos enseñan nuestros maestros, fue el regalo especial de Dios al mundo. Dios bendiga a Estados Unidos. Sin embargo, como la excepción, ¿intentamos irónicamente exportar las mismas cualidades que nos hacen excepcionales? ¿O quizás nuestra elite de la política quiere que otros países se comporten como socios menores de la GRAN EXCEPCIÓN?

Es más, el “excepcionalismo” norteamericano se ha desarrollado desde el siglo 17, cuando el “Pueblo escogido” desembarcó en “La Ciudad en la Colina” (Boston, Massachusetts) y otros llegaron “la tierra prometida” (Virginia) y trajeron esclavos de África para cultivar sus tierras.

El “Sueño” norteamericano también ha evolucionado para convertirse en tierra de ejecución de hipotecas y desalojos en la mejor democracia que el dinero puede comprar. Y los bancos suministran las tarjetas de crédito que han ayudado a que comprar se trastoque en nuestro valor espiritual universal.

Cuando las naciones desobedecen las reglas norteamericanas, como Cuba comenzó a hacer en enero de 1959 como consecuencia de su revolución, Washington aplica reprimendas y castigo. En octubre de 1960, el presidente Eisenhower invocó la retórica de la Guerra Fría para ocultar sus verdaderos motivos. Castigó a la desobediente Cuba al imponer un embargo.  Kennedy formalizó ese corte de las relaciones económicas con la Isla, dos años después, durante la Crisis de los Misiles.

Sin embargo, para fines de la década de 1990, la Unión Soviética y la Guerra Fría habían desaparecido y Washington encontró nuevas “razones” para mantener su hostil política hacia Cuba: una nueva versión de la contrarrevolución emergió bajo el nombre de “promoción de la democracia” o la TERCERA OLA de democratización, una grotesca inexactitud que articulan esos profesores universitarios que aspiran a cargos en el gobierno y para lo cual reciben subvenciones. Para la década de 1990, los aspirantes al poder y al status en el gobierno y los medios aprovecharon la ocasión financiada federalmente y llamada “construcción de una sociedad civil en Cuba”.

La elite de Washington y Miami no identificó organizaciones democráticas en la Isla. Así que planearon exportar el modelo de EE.UU. –“La Pequeña Habana” en la gran Cuba. Y hacerlo de la manera norteamericana, pagar a gente aquí para desarrollar una sociedad civil –“construcción de la democracia”– allá.

Miami se destacó como ejemplo de sociedad civil. El proyecto de democracia para Cuba no dice que Miami tiene 163 crímenes por milla cuadrada, una cifra que debe inspirar claramente a los cubanos de la Isla. Otros datos de Miami dignos de imitar, son: una Tasa de Crímenes violentos tres veces más altas que el promedio nacional, incluyendo un sorprendentemente elevado índice de asesinatos que ciertamente serán la envidia de los residentes de La Habana. Miami se enorgullece también de una tasa de robos tres veces mayor que el promedio nacional. De cada 1 000 residentes en Miami-Dade, 7,36 por ciento son asaltados, comparado con el promedio nacional de 2,52 por ciento. De igual manera, las tasas de robo con y sin allanamiento del sur de la Florida son excepcionalmente elevadas.

(http://www.bestplaces.net/docs/studies/crime3.aspx; http://www.neighborhoodscout.com/fl/miami/crime/)

Según el FBI, Miami también se ha convertido en el centro del fraude a Medicare y del robo de identidad. Es más, el FBI ha creado una Fuerza de Tarea de Fraude a Medicare y una de ellas se encuentra en el condado de Miami-Dade. Tal paraíso de la sociedad civil seguramente debiera tentar a 11 millones de cubanos a derrocar a su gobierno e importar la opción norteamericana. Adoramos nuestra sociedad civil. Pero las cifras anteriores arrojan una sombre sobre su civilidad.

Sorprendentemente, ningún reportero ha preguntado a funcionarios de EE.UU. qué quieren decir cuando piden que exista una “sociedad civil en Cuba. Rastreen el término hasta la revolución francesa y a la versión de Jean Jacques Rousseau: una sociedad civil traería la paz a todos y garantizaría el derecho a la propiedad para aquellos lo suficientemente afortunados como para tener posesiones; o una ventaja para los dueños de propiedades, ya que transforma su propiedad de facto en propiedad por derecho y mantiene a los pobres desposeídos. En su contrato social, el gobierno garantiza que los pobres obtengan mucho menos del acuerdo que los ricos. Pero los ricos viven en el temor y la preocupación porque creen que los pobres se alzaran y se apoderarán de sus propiedades.

Es más, la burguesía diseñó la sociedad civil en la Francia postrevolucionaria para asegurar sus propiedades, privilegios, poder y status.

Para la elite de la política imperial norteamericana, la reintroducción de esta vieja frase ofreció sonidos reconfortantes, pero de poco significado para el pueblo.

Para llevar la sociedad civil a Cuba, la elite política ideó un plan para crear la intranquilidad social en Cuba al hacer atractiva financieramente a la “disidencia”. Pero los que reciben subvenciones promocionales de sociedad civil dentro de Cuba sirven a intermediarios mucho mejor pagados en EE.UU.: los empresarios con sede en Miami o Washington que ganan mucho dinero en el negocio de las “subvenciones de sociedad civil”.

Ellos se embolsan grandes sumas de los dólares de los contribuyentes; luego subcontratan partidas más pequeñas a los receptores dependientes en Cuba. Por su trabajo “político” en la isla, los receptores cubanos reciben DÁDIVAS del gobierno de EE.UU., como los “estafadores de la asistencia social”. Los llamados “disidentes” desfilan  por las calles de La Habana bajo el digno título de “Damas de Blanco”. 

Extrañamente, el gobierno norteamericano no promueve a los verdaderos productores independientes de la isla. Por ejemplo, a los cultivadores de tabaco o café –la mayoría de ellos agricultores familiares, independientes del estado desde el siglo 17–, la ley de EE.UU. les impide vender sus productos a los norteamericanos, a pesar del hecho de que si lo hicieran pudieran convertirse en una clase autónoma de productores. Pero la ley norteamericana permite a nuestro gobierno enviar el dinero de los contribuyentes a los cubanos en la isla que nunca desarrollan una base económica independiente, pero continúan un ciclo de dependencia de la Tesorería de EE.UU.

Los cubanos derrocaron la vieja sociedad civil anterior a enero de 1959 porque no se comportaba de manera civil. En 1952, el general Fulgencio Batista realizó un golpe de estado, recibió la bendición de EE.UU.; luego torturó y asesinó a sus opositores y se fue a la cama de los casinos con la Mafia. Pero siempre se comportó de manera obediente hacia Washington. Por esas razones, la mayoría de los cubanos que derrocaron a la sociedad civil de Batista deseaba un orden diferente, una sociedad basada en la igualdad y la justicia social, no en los derechos de propiedad. También lucharon por un viejo objetivo cubano: la soberanía e independencia de los dictados de Washington.

Las propietarios y los que aspiraban a propiedades no apreciaron el levantamiento revolucionario. Ni tampoco los poderosos en Washington. Después de medio siglo de violencia (terrorismo) y estrangulación económica como políticas para derrocar al gobierno revolucionario, los funcionarios de EE.UU. han cambiado para la creación de la “sociedad civil”.

Cada año, el Congreso asigna dinero por medio de USAID para subvertir el nuevo orden y reemplazarlo con una sociedad civil al estilo de la de EE.UU. –nuestro efervescente producto, pero sin el carbonatado de la Coca Cola. Sin embargo, la real y nueva sociedad civil cubana está en desarrollo, a instancias del gobierno cubano, y nadie en Foggy Bottom  parece saberlo ni interesarse por ella.

(*)  Uno de los barrios más antiguos de Washington, sede de embajadas, el FMI, el Banco Mundial y el Departamento de Estado.

El filme de Saul Landau, Por favor, que el verdadero terrorista se ponga de pie, se proyectará el 24 de octubre en el Festival Internacional de Cine de Vermont. Nelson Valdés es Profesor Emérito de la Universidad de Nuevo México.