Los periodistas y trabajadores del periódico español El País
realizaron una asamblea en la cual votaron a favor de la renuncia de su
actual director, Javier Moreno, al que además acusaron de ejercer una
presión intolerable contra los periodistas para frenar la huelga de
firmas, por lo que presentarán una querella en su contra por acoso
laboral.
La guerra en el Grupo Prisa
y en su buque insignia, el diario de mayor circulación de España, entró
en una fase irreversible, con la mayoría de los trabajadores y
periodistas indignados por la forma en que se está intentando despedir a
más de la tercera parte de la plantilla.
Por primera vez, los trabajadores de El País realizaron una votación
general con un tema como único orden del día: la reprobación de su
director. Con 311 votos emitidos, 235 votaron a favor de su dimisión
inmediata, mientras 46 lo hicieron en contra y 29 más votaron en blanco.
La declaración que se aprobó en la asamblea sostenía que “los
periodistas de El País consideramos que las presiones y amenazas
realizadas por Javier Moreno, siguiendo instrucciones de Juan Luis
Cebrián, le inhabilitan para seguir ocupando el cargo. En defensa de la
calidad democrática y del estatuto de redacción, pedimos a Javier Moreno
que abandone la dirección del diario”.
Según denunciaron los periodistas del rotativo, Moreno les habría
hecho saber que si se negaban a firmar sus informaciones -como hizo la
mayoría de la plantilla, salvo los corresponsales y colaboradores en el
exterior, así como algunos enviados especiales- podría ser la última vez
que firmaran algo en el periódico.
Consideraron inadmisible la amenaza y decidieron llevar a cabo esta
inédita asamblea, en la que se vuelve a señalar al presidente del Grupo
Prisa, Juan Luis Cebrián, como el principal responsable de la situación
en la que se encuentra el antes poderoso emporio mediático, que ahora, a
sólo cinco años de la muerte de su fundador, Jesús de Polanco, está
arruinado, según la versión del propio director del diario.
Los trabajadores del periódico siguen a la espera de ver cómo
evolucionan las negociaciones con la dirección, que se muestra
inflexible en el tema de reducir una tercera parte de la plantilla -128
despidos y 21 prejubilaciones-, así como en la rebaja salarial masiva de
15 por ciento y la eliminación de publicaciones históricas y de
carácter regional.
Los empleados del diario anunciaron que estudian la posibilidad de
presentar una querella contra Cebrián por administración desleal y
fraude al accionista, al considerar que su gestión ha estado marcada por
errores graves que han llevado al emporio mediático a una crisis con
una deuda de más de 4 mil millones de dólares y el desembarco para tomar
el control del grupo de los bancos acreedores y multinacionales
poderosas, como Telefónica, banco Santander, HSBC y el fondo de
inversiones Liberty.
El Comité de Empresa considera que “la actitud de la empresa hoy,
personificada en su director, pone de manifiesto la pérdida acelerada de
valores democráticos de esta dirección y el nulo interés negociador.
Por eso el comité en ningún momento ha aceptado la explicación de Javier
Moreno de que los bonos responden a un algoritmo de criterios
productivos pactado. El ‘algoritmo’ que se ha utilizado en el pago de
bonos a determinados subdirectores, redactores jefes y jefes de sección
es el criterio de Javier Moreno”.
Los periodistas amenazados de El País recibieron el apoyo de la
Asociación de la Prensa de Madrid (APM), la cual mediante un comunicado
señaló que “la retirada de la firma no supone un desacato a los
editores, sino que es el ejercicio legítimo de un derecho. La APM confía
en que la dirección de El País respete este derecho de los
periodistas”.
Mientras, los Colegios de Periodistas de Cataluña, Galicia y
Andalucía emitieron un comunicado conjunto en el que señalaron que son
“absolutamente condenables las presiones para que los redactores de El
País cedan en su postura de no firmar las informaciones como protesta
por el despido de 149 compañeros”. Consideran que la actitud del
presidente de Prisa, amenazando con acusar de sabotaje a los redactores
que retiren la firma de sus informaciones, como la del director,
presionando para que la mantengan, son una clara y grave injerencia en
uno de los principales derechos y deberes de un periodista: el de
hacerse responsable de lo que escribe si lo hace libremente y sin
presiones de ningún tipo”.
(Tomado de Aporrea)
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