Emigración e inmigración.

Jorge Gómez Barata

Las autoridades cubanas reconocen la necesidad de actualizar la legislación migratoria y, debido a la complejidad de los asuntos concernidos y a la necesidad de formar los debidos consensos tanto en la sociedad como en las estructuras de dirección han pedido tiempo. Hay temas que atañen a residentes en la isla, otros a los que viven en el extranjero; así como a bienes, familiares y descendientes.

La buena voluntad no podrá omitir el hecho de que existen cubanos radicados en el extranjero que han participado en acciones violentas contra el país, se han puesto al servicio de países extranjeros para realizar acciones contra la seguridad nacional y la integridad de los residentes en la isla. Tal vez algunos delitos puedan ser perdonados y probablemente haya personas que para reclamar derechos tengan que saldar deudas con la justicia. Los legisladores cubanos podrán resolver algunos de los obstáculos creados por el bloqueo norteamericano pero no todos.

Es obvio que los avances en este campo no pueden significar un estimulo a la emigración, lo cual atentaría contra el interés nacional, como tampoco  impedirla, lo que contradeciría derechos individuales. Tampoco se trata de promover el retorno de los emigrados. En un inventario mínimo, a los asuntos ya resueltos, la legislación migratoria pudiera sumar los siguientes:

Respecto a los cubanos que vivimos en la Isla:

Eliminación del “Permiso de salida” y de la “Carta de Invitación”. Anulación del concepto de “Salida definitiva”. Medidas para proteger al país del “robo de cerebros”. Derechos de los descendientes radicados en el extranjero y en la Isla. Opciones para que los cubanos residentes en el extranjero conserven la ciudadanía cubana y sus descendientes puedan optar por ella. Solucionar lo relacionado con la ciudadanía doble o múltiple.

Respecto a los cubanos emigrados, una vez eliminado el concepto de “salida definitiva”, automáticamente estarían habilitados para retornar, en cuyo caso habría que decidir en qué condiciones lo hacen y cómo se reintegran a la sociedad, lo cual implica componentes de diversa índole, incluyendo deberes y  compromisos; así como elementos económicos y materiales.

Al legislar respecto a los cubanos radicados en el extranjero habrá que considerar su participación en los procesos económicos nacionales, tanto si regresan al país como si permanecen fuera y considerar los derechos de sus descendientes radicados en Cuba. No podrá omitirse ciertos asuntos políticos como es la participación en los procesos políticos nacionales, especialmente en los electorales.

En cualquier caso debería tratarse de leyes que anulen el entramado de resoluciones, decretos, órdenes y otros autos análogos y que excluyan la posibilidad de que puedan dictarse en el futuro. También deberían revisarse los criterios de extranjería y las prácticas aduaneras y de otro tipo aplicadas a los nacionales que residen en la Isla o en el extranjero y resolver la anomalía institucional consistente en que el organismo a cargo de los asuntos migratorios que lidia con civiles y con asuntos de la misma condición sea una entidad militar no sometida la jurisdicción ordinaria.

El hecho que la prensa se mantenga al margen de estos asuntos y de que en torno a ellos impere la “secretividad” son obstáculos mayores que deben ser removidos, porque impiden la socialización del conocimiento y la elaboración de los consensos necesarios.

Ciertamente los asuntos son de gran complejidad aunque tampoco es preciso resolverlos todos de una sola vez y algunos podrán requerir de reformas mayores que aluden a la Constitución o la ley electoral. Lo importante es avanzar y avanzar. A nadie le sobra el tiempo, menos a quienes aspiran a la solución de sensibles asuntos familiares y se les acaba la vida. Allá nos vemos.

La Habana, 16 de mayo de 2012